Cementerio de cádiz y protestantes

Entre 1870 y 1871, el Ayuntamiento de Cádiz presidido por el unionista  Juan Valverde y tras su fallecimiento por el progresista José  María del Toro mostró una clara tendencia a discriminar a los protestantes en su derecho al ejercicio de la libertad religiosa que sancionaba la reciente Constitución de 1869, a pesar de que esta había sido promovida precisamente por los partidos a los que pertenecían. Esta conducta contrasta con la que tuvieron ambos alcaldes hacia el clero y culto católicos. La intolerancia municipal hacia los protestantes se hizo más evidente desde el establecimiento en Cádiz de los presbiterianos de la Iglesia Reformada de España y, sobre todo, a partir de la tentativa de estos de conseguir una zona dentro del cementerio municipal para poder efectuar en ella las inhumaciones de sus fallecidos.

EL ALCALDE JUAN VALVERDE

En Cádiz, el Municipio no había construido un cementerio para los que muriesen fuera de la religión católica, tal como se había ordenado en 1855, ya que las sucesivas corporaciones municipales debieron estimar que no era necesario, al estar ya establecido el cementerio anglicano, en el que es probable que los cónsules británicos autorizasen la inhumación de los miembros de otras confesiones protestantes residentes en Cádiz. Los Ayuntamientos posteriores a la revolución de 1868, incluyendo el republicano de Guillén, tampoco vieron necesario cumplir el decreto de Figuerola. El 15 de noviembre de 1870 los miembros de la Iglesia Reformada Española establecida en Cádiz, con Abraham Ben Ollier y Manuel Canencia al frente, solicitaron al Ayuntamiento de Valverde la concesión del uso del cementerio municipal o en su defecto la asignación de otro lugar[1]. No hubo ni siquiera una contestación negativa por parte del Municipio y cuatro meses después, en marzo de 1871, los protestantes de Cádiz seguían esperando una solución del Ayuntamiento al enterramiento de sus fallecidos.

Como ya se ha indicado, es probable que el cónsul británico no pusiera objeciones a los presbiterianos para que sus fallecidos pudiesen ser inhumados en el cementerio inglés. En cualquier caso, tampoco se puede asegurar que las autoridades inglesas no estuvieran poniendo objeciones a los presbiterianos para usar su cementerio, bien por limitaciones de espacio o por tratarse, al fin y al cabo, de una confesión distinta a la anglicana, aunque esta última razón parece menos probable que la anterior. También cabe pensar que los seguidores de Ben Ollier y Canencia pudieran no desear ser enterrados en un cementerio consagrado para los miembros de la religión anglicana, como tampoco habían solicitado ser enterrados en la parte del cementerio municipal consagrada para los católicos, sino una zona separada dentro del cementerio municipal o un cementerio nuevo sufragado con el presupuesto municipal. Podrían haber construido y consagrado a su costa un camposanto, y no deberían haber tenido ninguna dificultad en obtener los permisos correspondientes, pero deseaban que el Ayuntamiento se hiciese cargo del asunto. Si el cementerio municipal era propiedad del Municipio y allí solo se sepultaban los católicos, los protestantes debían pensar que la libertad religiosa les daba derecho a que se emplease una parte de los terrenos municipales para sus fallecidos, como se había hecho siempre con los católicos.

Como el Ayuntamiento no hizo ninguna gestión ni dio contestación, los presbiterianos buscaron el apoyo del juez del distrito de Santa Cruz (uno de los dos distritos judiciales de la ciudad, junto con el de San Antonio), el cual les fue expidiendo autorizaciones para que pudieran llevar sus fallecidos al cementerio municipal. En marzo de 1871 consiguieron enterrar allí a un correligionario. El gobernador eclesiástico, informado inmediatamente por el capellán, envió una protesta escrita al Ayuntamiento. Igualmente, el alcaide del cementerio y su segundo comunicaron al Cabildo Municipal que se había producido “un atropello” verificado por el juez de paz del distrito de Santa Cruz, que había obligado a que se efectuase la inhumación de un protestante[2]. El 2 de marzo se habían presentado en el cementerio varios individuos con un cadáver y la licencia del juez. El alcaide y el capellán les pidieron que exhibiesen también la papeleta del párroco acreditando que el cadáver pertenecía a la Iglesia católica, a lo que los acompañantes respondieron que carecían de ella por tratarse de una persona que había sido protestante. Ante la situación, el capellán y el alcaide propusieron a los acompañantes que, mientras se resolvía la cuestión ante el párroco correspondiente, dejaran el cadáver en depósito. Estos se negaron rotundamente y regresaron a Cádiz con el fallecido, acudiendo al juez y explicándole lo sucedido. Este se presentó con el cortejo y “ordenó al frente de las turbas de republicanos federales que acompañaban a su correligionario, que el encargado mandase darle sepultura inmediatamente, sin intervención alguna de la autoridad eclesiástica”, contraviniendo, en palabras del alcaide, las disposiciones del orden interior del cementerio. La queja del alcaide daba a entender que al menos una parte importante de los acompañantes del fallecido estaba formada por republicanos federales e incluso insinúa que estos eran protestantes. Pero el apoyo de los republicanos al enterramiento no debe interpretarse como producto de una identificación religiosa, sino como una forma de presionar para que el cementerio funcionase como un lugar laico en el que tuviesen acogida todos los cadáveres, independientemente de la religión a que pertenecieran.

Valverde se dirigió un día después del enterramiento, el 3 de marzo, al ministro de Gracia y Justicia, al de la Gobernación y al regente de la Audiencia del Territorio, para reclamar contra la actuación del juez. Indicaba que no era la primera vez que se enterraba a un protestante en el cementerio municipal, pues desde hacía algún tiempo el juez municipal del distrito de Santa Cruz venía cometiendo “notorias infracciones de la ley en materia de enterramientos, perturbando a las autoridades administrativas y eclesiásticas en sus atribuciones y dando ocasión a conflictos de jurisdicciones y a escándalos públicos”. El alcalde explicaba que los protestantes ya tenían su cementerio en Cádiz, lo cual no era exacto, ya que el cementerio que usaban los ingleses se había creado exclusivamente para los fieles de la Iglesia anglicana[3]. Además, Valverde explicaba que había un lugar destinado a los entierros de judíos y musulmanes situado en el glacis del castillo de Puntales, a la salida de la ciudad en dirección a San Fernando. El alcalde, como no podía ser de otra forma, reconocía la libertad de cultos, pero estimaba que, al no haber sido secularizados los cementerios, “el católico debía servir exclusivamente para los católicos, como el protestante para los protestantes y el judío para los que guardan la ley de Moisés”.

La Alcaldía ya había interpuesto con anterioridad varias reclamaciones contra las actuaciones del juez del distrito de Santa Cruz por otras “invasiones de atribución” e interpretaba que este había “creído que por medio del acto violento podía resolver las cuestiones de la jurisdicción que presumía tener sobre el cementerio”. El alcalde pedía al ministro de Gracia y Justicia que dictase una  disposición aclaratoria para que constase que los jueces no tenían en lo relativo a cementerios más atribución que la de otorgar las licencias para sepulturas según la ley y el reglamento del registro civil, sin que esta atribución sirviera para ordenar precisamente el cementerio en que se había de dar sepultura al cadáver.

Nada más haberse celebrado la inhumación, alguien informó al juez de Santa Cruz que el Ayuntamiento había ordenado exhumar el cadáver del protestante objeto de la protesta municipal, por lo que pidió explicaciones el día 3 de marzo al alcalde, el cual le contestó: “Debo informarle que ha sido sorprendida la respetable autoridad de V.S. con una falsedad, puesto que nadie ha ordenado dicha exhumación ni se ha verificado tampoco sin orden alguna, existiendo el cadáver en el mismo sitio en el que fue sepultado”[4].

El argumento municipal para impedir el entierro de protestantes en el cementerio municipal de que estos ya tenían el suyo propio dejó de tener validez pocos días después, el 14 de marzo de 1871, cuando el Ayuntamiento ordenó al cónsul británico que cerrase el cementerio anglicano, fundamentándolo en una disposición de Isabel II que prohibía que hubiese cementerios enclavados dentro de las poblaciones y en que el inglés se encontraba rodeado de edificaciones[5]. Se continuaría permitiendo su funcionamiento hasta el 1 de julio, debiendo adoptar mientras tanto las autoridades inglesas las determinaciones pertinentes para buscar otro lugar decoroso[6]. Tres días después de la orden de cierre se publicó un edicto municipal obligando a los ingleses residentes en Cádiz a empadronarse antes del 3 de abril, con lo que quedarían a partir del 1 de julio sujetos al mismo trato que el resto de gaditanos que al fallecer no fuesen conocidos como católicos, salvo que edificasen en el breve plazo concedido un nuevo cementerio[7].

El Ayuntamiento de Valverde, que se había distinguido por su acendrado catolicismo al defender la condición del cementerio municipal como lugar consagrado exclusivamente para los católicos, se mostró, sin embargo, muy poco tolerante con los ingleses al obligarles a cerrar su cementerio en un plazo muy corto de tiempo, sin tener en cuenta que estaba igualmente consagrado. No resulta creíble el argumento municipal del crecimiento de edificaciones alrededor del cementerio anglicano, justo inmediatamente después de haber surgido la controversia con los presbiterianos por el uso del cementerio municipal. La orden de cierre del cementerio inglés constituyó una represalia indiscriminada contra todos los protestantes por la insistencia de los presbiterianos en usar el cementerio municipal. La animadversión del Ayuntamiento y del clero católico no iba tanto contra los anglicanos como contra los disidentes gaditanos, a los que el “Padre Cayetano” distinguía en sus escritos con el apelativo de “renegados”[8]. Estos eran los que habían conseguido enterrar, con ayuda de algunos republicanos y el juez de Santa Cruz, a algunos de sus correligionarios en el cementerio municipal. El conflicto por el uso del cementerio influyó notablemente en el aumento de las críticas del clero gaditano contra los protestantes, pues fue poco después de estos acontecimientos cuando el “Padre Cayetano” comenzó a escribir sus folletos virulentos contra los presbiterianos de la calle Bilbao.

El siguiente paso del Ayuntamiento después de clausurar el cementerio inglés fue “ajustar” las condiciones del cementerio municipal, como indicaba el decreto de Figuerola de 17 de noviembre de 1868, para que pudieran ser enterrados los protestantes. Aparentemente, con esto se daba satisfacción a la petición hecha en noviembre de 1870 por los miembros de la Iglesia Reformada Española. Pero el lugar preparado por el Ayuntamiento iba destinado a todos los que fallecieran fuera de la comunión católica, sin distinción de credos, y no se encontraba en el cementerio municipal sino en sus proximidades. Las malas condiciones del lugar mostraban la intolerancia manifiesta de la coalición municipal de unionistas y progresistas hacia los protestantes, pues se limitaba a una cerca de madera situada en la playa y sin más instalaciones. Una corporación municipal que defendía oficialmente la libertad de cultos y que cada religión tuviese sus lugares independientes de enterramiento, no respetaba dicha libertad al destinar un lugar para enterrar juntos a todos (excepto a los católicos) indiscriminadamente sin tener en cuenta a qué religión pertenecieran. Aunque el Cabildo Municipal se justificaba afirmando que la cerca de madera tenía carácter provisional, las condiciones en que se enterraban los cadáveres, haciendo un hoyo en la arena de la playa, eran deplorables.

Pero algunos parecían ser todavía menos comprensivos que los miembros de la corporación municipal: El gobernador militar preguntó al Municipio sobre los motivos por los que se había construido la cerca en una zona sensible desde el punto de vista defensivo y por tanto sujeta a la responsabilidad militar. El Cabildo Municipal le contestó que se trataba de hacer una prolongación del cementerio municipal para la construcción de un depósito de cadáveres, así como de “un patio separado enteramente del muro del cementerio católico para los que mueran en otra religión”[9]. Cinco meses después, en agosto de 1871, el gobernador militar no había autorizado aún que se hicieran obras en el lugar[10]. Hay que pensar que si el Municipio se encontró con la resistencia de la autoridad militar para acondicionar un lugar para los no católicos en la zona de extramuros, esta resistencia sería mucho mayor si las autoridades inglesas intentaban construir de nuevo su cementerio en dicha parte de la ciudad, la única en que se podían encontrar lugares no rodeados de edificios.

El cónsul británico informó al Ayuntamiento gaditano el 21 de marzo de 1871 de haber puesto al embajador de su país en conocimiento de la resolución municipal prohibiendo su cementerio[11]. El 28 de marzo protestó nuevamente ante el Municipio por la medida y pidió, al menos, un aplazamiento. El Ayuntamiento insistió en que las leyes no permitían “cementerios dentro de zonas pobladas” y comunicó al cónsul que no se podía aplazar el acuerdo aunque estuviese en conocimiento del embajador  Británico[12], pero no le dio ninguna explicación que justificase la negativa al aplazamiento. La queja del cónsul británico llegó por vía de su embajador en España al ministro de Estado y este pidió informes al gobernador de la provincia de Cádiz, quien a su vez se los pidió al Ayuntamiento. El alcalde contestó que se había concedido al cónsul británico “un plazo de cerca de cuatro meses”, que expiraba el día 1 de julio, para trasladar el cementerio a otro punto, “ofreciéndose el Municipio a allanar todas las dificultades y cuanto de él dependiese para que el lugar fuera decoroso y conveniente”. La decisión no era “impremeditada y sin justificación alguna”. El cementerio inglés “cumplía en su momento la normativa”, puesto que fue edificado en las afueras de la ciudad, pero en la actualidad estaba “rodeado de casas y se había incluso construido una plaza de toros al lado”. Situado en el callejón de la Figurina, el cementerio tenía “a un lado catorce casas y al otro veinte”. Además, contiguo al cementerio se había construido una plaza de toros y estaba prevista la edificación de una barriada en las proximidades[13]. El Ayuntamiento decía que se había “ofrecido a coadyuvar a la traslación del cementerio de los protestantes” y eso mismo pensaba hacer “en cuanto a lo que se encontrara dentro de los límites de sus posibilidades”, pero no podía “consentir que siguiera  dentro de poblado un cementerio en contradicción con las leyes del país”[14]. El informe reflejaba una diligencia municipal en auxiliar a las autoridades inglesas que no aparece en sus disposiciones al respecto.

El primer Gobierno de Amadeo de Saboya, presidido por Serrano (nacido en San Fernando -Cádiz-), se mostró dispuesto a solventar el problema de los cementerios cuando una real orden dio lugar a la circular de 16 de julio de 1871 del ministro de la Gobernación, Sagasta, sobre el uso de los cementerios para personas no católicas. En ella se daban instrucciones a los gobernadores civiles para que, mientras las Cortes decidiesen sobre la secularización de los cementerios, se habilitase un espacio dentro de los cementerios municipales donde enterrar a los que no profesaban dicha religión (La cursiva es mía). La circular se encontró con la firme oposición de la mayor parte de los católicos, empezando por los capellanes de los cementerios, que seguían exigiendo a los acompañantes del cadáver la autorización del párroco y no aceptaban la entrada sin ese requisito, ni aun con órdenes expresas del juez correspondiente. Como se ha podido comprobar, el Ayuntamiento de Cádiz se había adelantado en cierta medida a la circular, pero los protestantes no habían ganado nada con ello, porque el espacio habilitado no estaba dentro del cementerio sino en un lugar totalmente inapropiado. La circular no hizo que el Ayuntamiento cambiase de ubicación la zona donde se estaban enterrando a los no católicos.  En agosto de 1871 los protestantes de Cádiz enviaron un escrito al presidente del Consejo de Ministros quejándose de las pésimas condiciones en que se estaban practicando sus entierros. El gobernador civil volvió a pedir informes al órgano municipal, y este, dirigido ya por José María del Toro por haber fallecido poco antes Valverde,  contestó entre otras razones:

Como todo el cementerio está consagrado, no hay sitio en él sin esta circunstancia y, por tanto, como tampoco puede construirse nada hasta obtener el permiso del Ministerio de la Guerra, es imprescindible que mientras dure este estado interino, que será breve, pues el Ayuntamiento es el primero que desea como el que más, que exista un patio especial y separado para sepultar dignamente a los que mueran apartados de la Comunión Católica, pero no tiene facultad para hacer imposibles, dada la legislación que rige para los terrenos de una plaza fuerte como Cádiz[15].

Como se puede apreciar, el Ayuntamiento rehuía denominar “cementerio” a la zona destinada a los no católicos, cosa que ya había hecho en el informe que mandó al gobernador militar el 14 de marzo. En sentido estricto, el Consistorio desoía la circular de Sagasta, pues si bien es cierto que había habilitado desde antes una zona para enterrar a los que no eran católicos, esta no se encontraba dentro del cementerio municipal, como establecía la disposición. De esta manera, un Ayuntamiento cuyo alcalde era de la misma formación política que el ministro de Gobernación, no seguía sus indicaciones, mientras poco antes se había apoyado en legislación procedente de la dinastía derrocada para atacar a los protestantes y cerrar el cementerio inglés.

La opinión de los progresistas y unionistas del Ayuntamiento sobre el uso del cementerio municipal no difería excesivamente de la que tenían los conservadores católicos. La única diferencia importante es que los conservadores sostenían, como el obispo gaditano, que al enterrarse a una persona no católica en un cementerio católico este quedaba profanado e inhabilitado para continuar enterrando a los católicos. La Palma faltaba a la verdad en un artículo publicado el 1 de septiembre de 1871 en contra de las disposiciones del Gobierno para enterrar a los no católicos en los cementerios municipales, al afirmar: “Aquí mismo en Cádiz, los protestantes tienen un cementerio”[16]. No parece posible que los redactores del periódico no supieran que el cementerio inglés había sido cerrado dos meses antes por orden del Ayuntamiento.

El Comercio, en su desinteresada y entusiasta defensa de la Iglesia católica, faltaba igualmente a la verdad el 23 de septiembre de 1871, poco después de que fray Félix hubiese dictado a los párrocos unas instrucciones sobre la forma de actuar cuando acompañasen un entierro dirigido a un cementerio municipal en el que se hubieran enterrado a protestantes. Decía el periódico: “En Cádiz hay desde hace muchos años un cementerio protestante, en el que no se entierran ni han enterrado jamás sino los cadáveres de las personas que en vida rendían culto a sus falsas creencias”. Añadía el redactor que estaba seguro de que el Gobierno, “una vez establecida la libertad de cultos, se abstendría de dar leyes o reales órdenes que de cualquier modo coartasen el derecho de los protestantes a enterrar sus cadáveres según su rito y con la separación debida”[17]. Por tanto, lo que debían hacer los protestantes era “construir sus propios cementerios” y no tratar de suplir su falta a costa de los que estaban consagrados como católicos. El redactor parecía ignorar que los protestantes de Cádiz no habían pedido usar el cementerio católico sino que el Ayuntamiento les cediese una parte segregada del mismo en el cementerio municipal o que construyese uno para ellos. Y, sobre todo, tampoco parecía haberse enterado, de que ya no existía “el cementerio protestante”, mejor sería decir anglicano, en Cádiz, pues llevaba dos meses cerrado, tras una prohibición municipal emitida hacía seis meses.

José María del Toro pareció preocuparse por encontrar un arreglo para mitigar el malestar de los protestantes, cuando el 22 de septiembre de 1871 propuso al Cabildo Municipal la solución de que todos los cadáveres pudiesen entrar “por una misma puerta del cementerio, sin atacar creencia ni ofender en lo más mínimo los sentimientos de los católicos, que es el suyo y el de la corporación”. Se trataba de construir una puerta con dos entradas, una que condujera al cementerio católico y otra a la zona donde se debía enterrar el resto, sin distinción de religiones[18]. Pero lo importante no era por dónde se entraba, sino que las condiciones del lugar donde se enterraba a los que no eran católicos seguían siendo las mismas que al principio.

Pasado el Sexenio Democrático, nos encontramos con que el cementerio anglicano volvió a abrirse. La Guía Rosetti de 1876, así lo indica:

"Entre la Aguada y San José, está el cementerio inglés, adquirido y cuidado por el señor Brakenbury, padre del cónsul actual, para los cuerpos de los herejes, que antes eran enterrados en la orilla, más allá de la línea de pleamar, por miedo de que pudieran corromper a los católicos de Cádiz. Ahora existe aquí “un cómodo lugar”, lo que es un alivio para los protestantes que esperen morir en Cádiz".

Todavía a principios del siglo XX estaba en funcionamiento el cementerio La Guía Rosetti de 1904 se refiere al mismo: 

 " Cementerio inglés: en el mismo barrio de San José y en la calle de Adriano ( antes Figurinas)  se halla situado otro cementerio, de propiedad particular, destinado a los que profesan la  religión protestante. Tiene un extenso y bien cuidado jardín que da vista a la vía férrea. Hay  en él algunos monumentos sepulcrales de gran costo y artística construcción. De ellos no dejaremos de citar los de la familia de Haynes, de William D. West, de Richart Daviés, de Ernesto Kropf, de Macculloch, de A. H. Vecqueray y de Leopold Wade, artista gimnasta fallecida en Cádiz en 20 de noviembre 1896".

Desconozco en que momento exacto dejó de funcionar definitivamente el cementerio de los ingleses, cuestión que trataré de investigar  .  

Para finalizar, en Abril de 1976 la visita a la ciudad de Sir Charles Douglas, embajador de Gran Bretaña en aquella época, acordó con el ayuntamiento la cesión definitiva del terreno del cementerio, formalizado posteriormente por el alcalde de Cadiz, Emilio Beltrami, el 13 de mayo de 1978, siendo trasladado todos los restos al cementerio municipal en los años 80.

Poco después el cementerio fue reestructurado para ser un parque y los alrededores se llenarían de viviendas pero manteniendo la estructura del antiguo cementerio y sintiendo todavía que ese lugar es especial cuando se anda por el mismo.

---

[1]  A.C., 17 de noviembre de 1870, núm. 89, pto. 24.

[2] A.C., 3 de marzo de 1871, núm. 12, pto. 6.

[3] La Iglesia de Inglaterra se ha considerado a sí misma como una rama de la Católica, sin diferencias dogmáticas apreciables. William Gladstone, primer ministro de Inglaterra entre 1868 y 1874, pensaba que la Iglesia de Inglaterra era una “rama nacional de la Iglesia Católica”. COWLLING, M., Religion and public doctrine in modern England, Volume II: Assaults, Cambridge University Press, 2003,  p. 80.

En The Ecclesiastical Gazette Or monthly register of the affairs of the Church of England, and of its religious societies and institutions, from July 1842 to June 1843, vol. V, London, Charles Cox, 1843, op. cit., p. 125, tratando sobre el obispo de Gibraltar que en noviembre de 1842 inauguró el cementerio anglicano de Cádiz, que este, durante su consagración pocos días antes “tuvo ocasión de reclamar para nuestra  Iglesia el carácter de rama integral de la Iglesia Católica”.

[4]  A.C., 3 de marzo de 1871, núm. 12, pto. 7.

[5]  En concreto, la real orden de Isabel II de 6 de agosto de 1867, firmada por González Bravo, que recomendaba la observancia de disposiciones anteriores, como la real orden de 16 de julio de 1857, que  a su vez confirmaba otra disposición de 12 de mayo de 1849, prohibiendo la inhumación de cadáveres en iglesias, panteones o cementerios que se encontraran dentro de poblado. Colección Legislativa de España, segundo semestre de 1867, tomo XCVIII, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1867, núm. 493, p. 271

[6] A.C., 14 de marzo de 1871, núm. 13, pto. 4.

[7] A.C:, 17 de marzo de 1871, núm. 14, pto. 2.

[8] En su opúsculo María vindicada de los insultos de los protestantes: opúsculo por el P. Cayetano en el que se refutan las blasfemias de los cuadernos tratados evangélicos nº 4, y la Virgen María y los protestantes, publicados en Madrid en 1870, Cádiz, Imprenta y litografía de la Revista Médica, de Federico Joly y Velasco, 1871,  p. 101, trata sobre los “renegados”, refiriéndose sin duda al pastor principal de los presbiterianos, el judío converso al protestantismo Abraham Ben Ollier, y también a los que no eran extranjeros, es decir a los que, como el pastor Manuel Canencia y el resto de los presbiterianos gaditanos, habiendo sido católicos renegaron de su fe para pasarse al protestantismo.

[9]  A.C., 14 de marzo de 1871, núm. 13, pto. 13.

[10]  A.C., 25 de agosto de 1871, núm. 53, pto. 8

[11]  A.C., 21 de marzo de 1871, núm. 15, pto. 3.

[12]  A.C., 28 de marzo de 1871, núm. 19, pto. 15.

[13]  Efectivamente, en 1868 se había edificado una plaza de toros entre la Segunda Aguada y la parroquia de San José, lugar en el que también se encontraba el cementerio anglicano. (La plaza de toros más importante de la ciudad estaba situada, desde 1862 en el Campo del Sur, entre la Cárcel Real y el convento de monjas de Santa María, dentro por tanto del núcleo urbano). Cuando se construyó la plaza de toros a la que se refiere el informe, es decir la de la Segunda Aguada (conocida como plaza de los Campos Elíseos), el cementerio anglicano llevaba veintiséis años instalado. Por otra parte, la plaza de toros solo permaneció en pie hasta un año después del cierre del cementerio inglés, o sea, hasta 1872. A pesar de las decenas de casas que se esgrimían como causa del problema y la barriada que estaba prevista pero no construida, la  Segunda Aguada seguía siendo un lugar bastante alejado del núcleo urbano de Cádiz, interior a las Puertas de Tierra. Todo lo anterior avala la presunción de que la proximidad de la plaza de toros o el hecho de que hubiera casas alrededor eran excusas poco sostenibles.

[14]  A.C., 18 de abril de 1871, núm. 23, pto. 2. Vid. Apéndice documental, documento número 10.

[15]  A.C., 25 de agosto de 1871, núm. 53, pto. 8.

[16]  La Palma, núm. 6129, 1 de septiembre de 1871.

[17]  El Comercio, núm. 9981, 23 de septiembre de 1871.

[18]  A.C., 22 de septiembre de 1871, núm. 62, pto. 11.