La Constitución de 1869 resultó ser más moderada con
respecto a la Iglesia de lo que parecía anunciar la normativa secularizadora
que había desplegado previamente el Gobierno Provisional. El artículo veintiuno
protegía el ejercicio
público y privado de cualquier culto que no se opusiera a las reglas
universales de la moral y del derecho; pero la Nación se obligaba a mantener
exclusivamente el culto y los ministros de la religión católica.
Una de
las consecuencias inmediatas de la proclamación de la Constitución fue el
proyecto de ley de reforma del Concordato de 28 de junio de 1869. El proyecto, que nunca llegó a aprobarse durante el Sexenio Democrático, pretendía conseguir que la Santa Sede aceptase la Constitución y con ella los
artículos que conculcaban el Concordato de 1851, lo cual presuponía admitir las
libertades de expresión, reunión, asociación, petición, cultos y enseñanza.
Además, el proyecto trataba de reducir el número de Diócesis poniéndolas en
concordancia con la división civil, las canonjías de oficio que no se
considerasen necesarias, así como el número de seminarios y su dotación
económica[1].
La Santa Sede no podía aceptar una reforma del Concordato que obligaba a
admitir una norma constitucional en la que se aprobaban principios que había reprobado rotundamente Pío IX en 1864 en la encíclica Quanta Cura y su anexo el Sillabus Errorum,
como el liberalismo, la libertad de cultos y la de opinión. La inmensa mayoría de los prelados y del resto del clero español, en completa sintonía con la Santa Sede, no se iba a mostrar dispuesta a aceptar la Constitución. Su promulgación iba a
suponer un punto de inflexión a partir del cual el conflicto entre el Estado y
la Iglesia católica iniciado en septiembre de 1868 se iba a hacer más difícil y
complicado.
PÍO NONO: LA ENCÍCLICA QUANTA CURA Y EL SYLLABUS ERRORUM
Los Gobiernos de la regencia, en espera de la elección y proclamación de un nuevo rey, se empeñaron en imponer la
adhesión del clero a la Constitución al mismo tiempo que iban aprobando una
serie de leyes de desarrollo de la misma que hacían aumentar la resistencia
eclesiástica al régimen de manera significativa. Por otro lado, una política presupuestaria restrictiva, que
tenía como origen las graves dificultades económicas nacionales, trataba de
buscar alivio disminuyendo la asignación correspondiente al clero, con la
consiguiente oposición de este. La prensa liberal más anticlerical se encargó de generalizar (injustamente) la idea de que la Iglesia no debía recibir las prestaciones económicas aprobadas por la constitución porque prácticamente todo el clero estaba apoyando con ese dinero a los carlistas.
CARICATURA DE LA FLACA
SOBRE EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO AL CLERO
La primera reacción de la autoridad eclesiástica
gaditana ante la promulgación de la Constitución fue evitar cualquier gesto que
se pudiera interpretar como de aceptación o condescendencia hacia la misma. El
obispo se encontraba fuera de la capital cuando se celebró el acto de
proclamación, en una visita pastoral que había iniciado el 9 de abril. El
gobernador eclesiástico, Vicente Roa, ni siquiera contestó al escrito del
Gobierno de Provincia, recibido el 5 de junio, invitándole a participar en los
actos que se iban a efectuar a las dos y media del día siguiente en la plaza de
San Antonio[2]. El Cabildo
Eclesiástico recibió la invitación el mismo día 6 de junio a las diez y media
de la mañana. Aunque llegaba un poco tarde, había tiempo suficiente para
asistir, pero no hubo acuerdo ni contestación, limitándose la institución a dar
por recibido el oficio[3].
PLAZA DE SAN ANTONIO,
DONDE SE PROCLAMÓ LA CONSTITUCIÓN DE 1869
El gobernador militar de Cádiz
publicó en la Orden de la Plaza del día 5 de junio la designación de comisiones
para asistir al acto y dispuso la formación de una Compañía de ochenta hombres
por cada uno de los dos Batallones que había en aquellos momentos de guarnición
en Cádiz. El acto consistió en la lectura de la Constitución y un desfile de la
fuerza militar delante de las autoridades que lo presidían[4].
Los católicos gaditanos opuestos a la revolución dejaron constancia en su
prensa de que la ceremonia había contado con muy poco público, lo que
interpretaban como muestra inequívoca de la indiferencia de los gaditanos por
la nueva Constitución. Habían asistido todos los funcionarios públicos, civiles
y militares, y representaciones de algunos pueblos de la provincia, pero tan solo un
eclesiástico, el párroco castrense, sin duda porque estaba obligado por su
condición de militar[5].
