El decreto de incautación de archivos eclesiasticos de 1 de enero de 1869, firmado por Ruiz Zorrilla como ministro de Fomento, dio lugar a la primera reacción explíciita del obispo de Cádiz y de la prensa católica confesional de la ciudad contra las disposiciones laicistas del Gobierno Provisional.
Ruiz Zorrilla trató de llevar a efecto el decreto con un sigilo especial con el fin de evitar
que el episcopado español tuviese noticias previas a su publicación y ocultase los
objetos de mayor valor. A pesar de la fecha indicada, que era la que constaba
oficialmente en la Gaceta de Madrid, el decreto no se publicó hasta el
día 26 del mismo mes. Pero el ministro había dado instrucciones a todos los
gobernadores civiles para que procedieran a la incautación el día 25 de enero,
es decir un día antes de la publicación del decreto. Ese día tuvo lugar el
asesinato del gobernador civil de Burgos por un grupo de fanáticos conservadores cuando se prestaba a incautarse del
archivo y obras de arte de la catedral.
EL GOBERNADOR CIVIL DE BURGOS,
ASESINADO EL 25 DE ENERO DE 1869
El crimen dio pie a la prensa
conservadora de Cádiz para criticar duramente el decreto. El periódico gaditano El Comercio,
muy moderado hasta estos momentos en sus críticas contra las disposiciones del Gobierno Provisional,
se quejaba del “secreto inquisitorial” con que se habían adoptado las
disposiciones sobre el decreto y evaluaba muy negativamente el empeño mostrado en
que la incautación se ejecutase simultáneamente en todas las Diócesis y
evitando que se tuviese conocimiento previo de lo que iba a suceder. El
periódico trasladaba parte de la responsabilidad del asesinato del gobernador
de Burgos a Ruiz Zorrilla cuando afirmaba: “Líbrenos Dios de disculpar
atentados como los que se han cometido en Burgos, pero hay que convenir que no
poca responsabilidad alcanza al Gobierno en lo que allí acaba de ocurrir”.
El
periódico aprovechó la ocasión para hacer una crítica general a la política
que se venía siguiendo desde el inicio de la revolución, que no podía producir,
a su entender, “otro resultado que dividir, desorganizar, empequeñecer y anular
por completo los elementos que han formado en España el núcleo de los antiguos
partidos medios”. La política, según vislumbraba El Comercio, se iba
decantando hacia los extremos y la previsión era que los seguidores de la
democracia por un lado y los carlistas por otro terminaran enfrentándose, sin
que hubiese una fuerza intermedia que pudiera contenerlos, reprimiendo las
exageraciones propias de todos los fanatismos. Las masas estaban muy irritadas
y la exasperación podía conducirlos “a grandes excesos y a crímenes altamente
vituperables”[1].
NÚMERO DE EL COMERCIO CON EL ARTÍCULO SOBRE EL ASESINATO DEL GOBERNADOR CIVIL DE BURGOS
La prensa
republicana local gaditana más intransigente hacía una interpretación
diametralmente opuesta a la de los católicos conservadores. Tachaba de ladrones
a los supuestos instigadores del suceso, afirmando que el año anterior habían
desaparecido de la catedral de Burgos una alhaja de gran valor y un cuadro que
representaba a la Magdalena que había estado situado en la capilla del
Condestable. Temiendo los autores que se descubriera la sustracción cuando el
gobernador procediese a incautarse de los objetos de arte, habían contribuido
“no poco al desagradable suceso”[2].
La realidad
diaria en Cádiz estaba muy lejos de las afirmaciones de los católicos conservadores. Los republicanos de Rafael Guillén Estévez, que acababan de hacerse
cargo de los asuntos locales, iban a mostrar una moderación muy alejada de los
extremos a los que se referían los conservadores. El decreto no dio lugar a
ningún enfrentamiento entre autoridades y mucho menos entre ciudadanos.
El gobernador
civil de Cádiz, Ignacio Rojo Arias, se presentó el día 25 de enero en el
palacio episcopal, siguiendo las instrucciones de Ruiz Zorrilla, y comenzó a leer el decreto al obispo. Fray
Félix le interrumpió replicándole que no estaba dispuesto a oír las mentiras
que a su juicio se vertían en el preámbulo. El obispo se negó a permitirle
practicar la incautación y el gobernador le rogó que al menos se le permitiese
ver la biblioteca del palacio. Fray Félix le indicó que podía volver a
visitarle cuando quisiera a título particular y entonces le enseñaría lo que
deseara, pero que en aquellos momentos, viniendo para dar cumplimiento a un
decreto que no pensaba acatar, no podía acceder. Solo le permitió que visitase
la catedral acompañado por el deán Antonio Ramón de Vargas. El gobernador no
practicó la incautación ni volvió a visitar a fray Félix[3].
Como he comentado en otra intervención, el nuncio Franchi había sabido por un miembro del Gobierno que se iba a proceder a la incautación de los archivos ese día y había puesto sobre aviso a todos los prelados, con suficiente antelación para que pudieran esconder todo lo sujeto al decreto. Por tanto, fray Félix, podía haberse limitado a retirar todos los libros y documentos del archivo de la catedral y permitir al gobernador que comprobase que no había nada de qué apropiarse. Pero quiso dejar bien claro que se oponía a cumplir el decreto y por eso le negó la visita.
FRAY FÉLIX
Pocos días después de haber intentado cumplir el decreto, el 4 de febrero de
1869, el Cabildo Catedral supo que Rojo Arias había solicitado al obispo gaditano la
celebración en la catedral de unas honras fúnebres por el gobernador
de Burgos. Fray Félix había accedido y el Cabildo Catedral secundó su decisión,
puntualizando que la ceremonia religiosa honraría al fallecido con la misma
solemnidad que a los capitulares difuntos[4].
El obispo envió el 9 de febrero un escrito a Francisco Serrano, como presidente del Gobierno provisional quejándose del decreto[5]. Sería la primera protesta escrita del obispo gaditano a las medidas legislativas que perjudicaban de alguna forma a la Iglesia.
[1] El Comercio, número 9024, 29 de enero
de 1869.
[2] La República Federal, número 54, 3 de
febrero de 1869.
[3] LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., Recuerdos gaditanos, Cádiz, Tipografía de Cabello y Lozón, 1897, páginas.
199-200.
[4] Archivo de la Catedral de Cádiz, Actas del Cabildo, libro 69, 4 de febrero de 1869, páginas 199-200.
[5] Archivo de la Catedral de Cádiz, Actas del Cabildo, libro 69, 17 de febrero de 1869, página 206. La protesta fue reflejada íntegramente en El Comercio, número 9045, 19 de febrero de 1869.
MÁS INFORMACIÓN EN MI LIBRO:
relinks.me/B00HLM34VM
MÁS INFORMACIÓN EN MI LIBRO:
relinks.me/B00HLM34VM
No hay comentarios:
Publicar un comentario