Entre 1870 y 1871, el
Ayuntamiento de Cádiz presidido por el unionista Juan Valverde y tras su
fallecimiento por el progresista José María del Toro mostró una
clara tendencia a discriminar a los protestantes en su derecho al ejercicio de
la libertad religiosa que sancionaba la reciente Constitución de 1869, a pesar
de que esta había sido promovida precisamente por los partidos a los que
pertenecían. Esta conducta contrasta con la que tuvieron ambos alcaldes hacia
el clero y culto católicos. La intolerancia municipal hacia los protestantes se
hizo más evidente desde el establecimiento en Cádiz de los presbiterianos de la
Iglesia Reformada de España y, sobre todo, a partir de la tentativa de estos de
conseguir una zona dentro del cementerio municipal para poder efectuar en ella
las inhumaciones de sus fallecidos.
EL ALCALDE JUAN VALVERDE
En Cádiz, el Municipio no
había construido un cementerio para los que muriesen fuera de la religión
católica, tal como se había ordenado en 1855, ya que las sucesivas corporaciones
municipales debieron estimar que no era necesario, al estar ya establecido el
cementerio anglicano, en el que es probable que los cónsules británicos
autorizasen la inhumación de los miembros de otras confesiones protestantes
residentes en Cádiz. Los Ayuntamientos posteriores a la revolución de 1868,
incluyendo el republicano de Guillén, tampoco vieron necesario cumplir el
decreto de Figuerola. El 15 de noviembre de 1870 los miembros de la Iglesia
Reformada Española establecida en Cádiz, con Abraham Ben Ollier y Manuel
Canencia al frente, solicitaron al Ayuntamiento de Valverde la concesión del uso del cementerio
municipal o en su defecto la asignación de otro lugar[1]. No hubo ni siquiera
una contestación negativa por parte del Municipio y cuatro meses después, en
marzo de 1871, los protestantes de Cádiz seguían esperando una solución del
Ayuntamiento al enterramiento de sus fallecidos.
Como ya se ha indicado, es
probable que el cónsul británico no pusiera objeciones a los presbiterianos
para que sus fallecidos pudiesen ser inhumados en el cementerio inglés. En
cualquier caso, tampoco se puede asegurar que las autoridades inglesas no
estuvieran poniendo objeciones a los presbiterianos para usar su cementerio,
bien por limitaciones de espacio o por tratarse, al fin y al cabo, de una
confesión distinta a la anglicana, aunque esta última razón parece menos
probable que la anterior. También cabe pensar que los seguidores de Ben Ollier
y Canencia pudieran no desear ser enterrados en un cementerio consagrado para
los miembros de la religión anglicana, como tampoco habían solicitado ser
enterrados en la parte del cementerio municipal consagrada para los católicos,
sino una zona separada dentro del cementerio municipal o un cementerio nuevo
sufragado con el presupuesto municipal. Podrían haber construido y consagrado a
su costa un camposanto, y no deberían haber tenido ninguna dificultad en
obtener los permisos correspondientes, pero deseaban que el Ayuntamiento se
hiciese cargo del asunto. Si el cementerio municipal era propiedad del
Municipio y allí solo se sepultaban los católicos, los protestantes debían
pensar que la libertad religiosa les daba derecho a que se emplease una parte
de los terrenos municipales para sus fallecidos, como se había hecho siempre
con los católicos.
Como el Ayuntamiento no
hizo ninguna gestión ni dio contestación, los presbiterianos buscaron el apoyo
del juez del distrito de Santa Cruz (uno de los dos distritos judiciales de la
ciudad, junto con el de San Antonio), el cual les fue expidiendo autorizaciones
para que pudieran llevar sus fallecidos al cementerio municipal. En marzo de
1871 consiguieron enterrar allí a un correligionario. El gobernador
eclesiástico, informado inmediatamente por el capellán, envió una protesta
escrita al Ayuntamiento. Igualmente, el alcaide del cementerio y su segundo
comunicaron al Cabildo Municipal que se había producido “un atropello” verificado por el juez de paz del distrito de
Santa Cruz, que había obligado a que se efectuase la inhumación de un protestante[2].
El 2 de marzo se habían presentado en el cementerio varios individuos con un
cadáver y la licencia del juez. El alcaide y el capellán les pidieron que
exhibiesen también la papeleta del párroco acreditando que el cadáver
pertenecía a la Iglesia católica, a lo que los acompañantes respondieron que
carecían de ella por tratarse de una persona que había sido protestante. Ante
la situación, el capellán y el alcaide propusieron a los acompañantes que,
mientras se resolvía la cuestión ante el párroco correspondiente, dejaran el
cadáver en depósito. Estos se negaron rotundamente y regresaron a Cádiz con el
fallecido, acudiendo al juez y explicándole lo sucedido. Este se presentó con
el cortejo y “ordenó al frente de las
turbas de republicanos federales que acompañaban a su correligionario, que el
encargado mandase darle sepultura inmediatamente, sin intervención alguna de la
autoridad eclesiástica”, contraviniendo, en palabras del alcaide, las disposiciones del
orden interior del cementerio. La queja del alcaide daba a entender que al
menos una parte importante de los acompañantes del fallecido estaba formada por
republicanos federales e incluso insinúa que estos eran protestantes. Pero el
apoyo de los republicanos al enterramiento no debe interpretarse como producto
de una identificación religiosa, sino como una forma de presionar para que el
cementerio funcionase como un lugar laico en el que tuviesen acogida todos los
cadáveres, independientemente de la religión a que pertenecieran.
Valverde se dirigió un día
después del enterramiento, el 3 de marzo, al ministro de Gracia y Justicia, al
de la Gobernación y al regente de la Audiencia del Territorio, para reclamar
contra la actuación del juez. Indicaba que no era la primera vez que se
enterraba a un protestante en el cementerio municipal, pues desde hacía algún
tiempo el juez municipal del distrito de Santa Cruz venía cometiendo “notorias infracciones de la ley en materia de
enterramientos, perturbando a las autoridades administrativas y eclesiásticas
en sus atribuciones y dando ocasión a conflictos de jurisdicciones y a
escándalos públicos”. El alcalde explicaba que los protestantes ya tenían su
cementerio en Cádiz, lo cual no era exacto, ya que el cementerio que usaban los
ingleses se había creado exclusivamente para los fieles de la Iglesia
anglicana[3]. Además, Valverde explicaba que había un lugar destinado a los
entierros de judíos y musulmanes situado en el glacis del castillo de Puntales,
a la salida de la ciudad en dirección a San Fernando. El alcalde, como no podía
ser de otra forma, reconocía la libertad de cultos, pero estimaba que, al no
haber sido secularizados los cementerios, “el católico debía servir exclusivamente para los
católicos, como el protestante para los protestantes y el judío para los que
guardan la ley de Moisés”.
La Alcaldía ya había
interpuesto con anterioridad varias reclamaciones contra las actuaciones del
juez del distrito de Santa Cruz por otras “invasiones de atribución” e interpretaba que este había “creído que por medio del acto violento podía
resolver las cuestiones de la jurisdicción que presumía tener sobre el
cementerio”. El alcalde pedía al
ministro de Gracia y Justicia que dictase una disposición
aclaratoria para que constase que los jueces no tenían en lo relativo a cementerios
más atribución que la de otorgar las licencias para sepulturas según la ley y
el reglamento del registro civil, sin que esta atribución sirviera para ordenar
precisamente el cementerio en que se había de dar sepultura al cadáver.
Nada más haberse celebrado
la inhumación, alguien informó al juez de Santa Cruz que el Ayuntamiento había
ordenado exhumar el cadáver del protestante objeto de la protesta municipal,
por lo que pidió explicaciones el día 3 de marzo al alcalde, el cual le
contestó: “Debo informarle que ha sido
sorprendida la respetable autoridad de V.S. con una falsedad, puesto que nadie
ha ordenado dicha exhumación ni se ha verificado tampoco sin orden alguna,
existiendo el cadáver en el mismo sitio en el que fue sepultado”[4].
El argumento municipal para
impedir el entierro de protestantes en el cementerio municipal de que estos ya
tenían el suyo propio dejó de tener validez pocos días después, el 14 de marzo
de 1871, cuando el Ayuntamiento ordenó al cónsul británico que cerrase el cementerio
anglicano, fundamentándolo en una disposición de Isabel II que prohibía que
hubiese cementerios enclavados dentro de las poblaciones y en que el inglés se
encontraba rodeado de edificaciones[5]. Se continuaría permitiendo su
funcionamiento hasta el 1 de julio, debiendo adoptar mientras tanto las
autoridades inglesas las determinaciones pertinentes para buscar otro lugar
decoroso[6]. Tres días después de la orden de cierre se publicó un edicto
municipal obligando a los ingleses residentes en Cádiz a empadronarse antes del
3 de abril, con lo que quedarían a partir del 1 de julio sujetos al mismo trato
que el resto de gaditanos que al fallecer no fuesen conocidos como católicos, salvo que edificasen en el breve
plazo concedido un nuevo cementerio[7].
El Ayuntamiento de
Valverde, que se había distinguido por su acendrado catolicismo al defender la
condición del cementerio municipal como lugar consagrado exclusivamente para
los católicos, se mostró, sin embargo, muy poco tolerante con los ingleses al
obligarles a cerrar su cementerio en un plazo muy corto de tiempo, sin tener en
cuenta que estaba igualmente consagrado. No resulta creíble el argumento
municipal del crecimiento de edificaciones alrededor del cementerio anglicano,
justo inmediatamente después de haber surgido la controversia con los
presbiterianos por el uso del cementerio municipal. La orden de cierre del
cementerio inglés constituyó una represalia indiscriminada contra todos los
protestantes por la insistencia de los presbiterianos en usar el cementerio
municipal. La animadversión del Ayuntamiento y del clero católico no iba tanto
contra los anglicanos como contra los disidentes gaditanos, a los que el “Padre Cayetano” distinguía en sus escritos con el apelativo de “renegados”[8]. Estos eran los que habían conseguido
enterrar, con ayuda de algunos republicanos y el juez de Santa Cruz, a algunos
de sus correligionarios en el cementerio municipal. El conflicto por el uso del
cementerio influyó notablemente en el aumento de las críticas del clero gaditano
contra los protestantes, pues fue poco después de estos acontecimientos cuando
el “Padre Cayetano” comenzó a escribir sus folletos virulentos
contra los presbiterianos de la calle Bilbao.
El siguiente paso del
Ayuntamiento después de clausurar el cementerio inglés fue “ajustar” las condiciones del cementerio municipal, como
indicaba el decreto de Figuerola de 17 de noviembre de 1868, para que pudieran
ser enterrados los protestantes. Aparentemente, con esto se daba satisfacción a
la petición hecha en noviembre de 1870 por los miembros de la Iglesia Reformada
Española. Pero el lugar preparado por el Ayuntamiento iba destinado a todos los
que fallecieran fuera de la comunión católica, sin distinción de credos, y no
se encontraba en el cementerio municipal sino en sus proximidades. Las malas
condiciones del lugar mostraban la intolerancia manifiesta de la coalición
municipal de unionistas y progresistas hacia los protestantes, pues se limitaba
a una cerca de madera situada en la playa y sin más instalaciones. Una
corporación municipal que defendía oficialmente la libertad de cultos y que
cada religión tuviese sus lugares independientes de enterramiento, no respetaba
dicha libertad al destinar un lugar para enterrar juntos a todos (excepto a los
católicos) indiscriminadamente sin tener en cuenta a qué religión
pertenecieran. Aunque el Cabildo Municipal se justificaba afirmando que la
cerca de madera tenía carácter provisional, las condiciones en que se
enterraban los cadáveres, haciendo un hoyo en la arena de la playa, eran
deplorables.
Pero algunos parecían ser
todavía menos comprensivos que los miembros de la corporación municipal: El
gobernador militar preguntó al Municipio sobre los motivos por los que se había
construido la cerca en una zona sensible desde el punto de vista defensivo y
por tanto sujeta a la responsabilidad militar. El Cabildo Municipal le contestó
que se trataba de hacer una prolongación del cementerio municipal para la
construcción de un depósito de cadáveres, así como de “un patio separado enteramente del muro del
cementerio católico para los que mueran en otra religión”[9]. Cinco meses después, en agosto de 1871, el
gobernador militar no había autorizado aún que se hicieran obras en el lugar[10].
Hay que pensar que si el Municipio se encontró con la resistencia de la
autoridad militar para acondicionar un lugar para los no católicos en la zona
de extramuros, esta resistencia sería mucho mayor si las autoridades inglesas
intentaban construir de nuevo su cementerio en dicha parte de la ciudad, la
única en que se podían encontrar lugares no rodeados de edificios.
El cónsul británico informó
al Ayuntamiento gaditano el 21 de marzo de 1871 de haber puesto al embajador de
su país en conocimiento de la resolución municipal prohibiendo su cementerio[11].
El 28 de marzo protestó nuevamente ante el Municipio por la medida y pidió, al
menos, un aplazamiento. El Ayuntamiento insistió en que las leyes no permitían “cementerios dentro de zonas pobladas” y comunicó al cónsul que no se podía aplazar el
acuerdo aunque estuviese en conocimiento del embajador Británico[12],
pero no le dio ninguna explicación que justificase la negativa al aplazamiento.
La queja del cónsul británico llegó por vía de su embajador en España al
ministro de Estado y este pidió informes al gobernador de la provincia de
Cádiz, quien a su vez se los pidió al Ayuntamiento. El alcalde contestó que se
había concedido al cónsul británico “un plazo de cerca de cuatro meses”, que expiraba el día 1 de julio, para trasladar
el cementerio a otro punto, “ofreciéndose el Municipio a allanar todas las dificultades y
cuanto de él dependiese para que el lugar fuera decoroso y conveniente”. La decisión no era “impremeditada y sin justificación alguna”. El cementerio inglés “cumplía en su momento la normativa”, puesto que fue edificado en las afueras de la
ciudad, pero en la actualidad estaba “rodeado de casas y se había incluso construido
una plaza de toros al lado”. Situado en el callejón de la Figurina, el cementerio tenía “a un lado catorce casas y al otro veinte”. Además, contiguo al cementerio se había
construido una plaza de toros y estaba prevista la edificación de una barriada
en las proximidades[13]. El Ayuntamiento decía que se había “ofrecido a coadyuvar a la traslación del
cementerio de los protestantes” y eso mismo pensaba hacer “en cuanto a lo que se encontrara dentro de los
límites de sus posibilidades”, pero no podía “consentir que siguiera dentro de poblado un cementerio
en contradicción con las leyes del país”[14]. El informe reflejaba una diligencia
municipal en auxiliar a las autoridades inglesas que no aparece en sus
disposiciones al respecto.
El primer Gobierno de
Amadeo de Saboya, presidido por Serrano (nacido en San Fernando -Cádiz-), se
mostró dispuesto a solventar el problema de los cementerios cuando una real
orden dio lugar a la circular de 16 de julio de 1871 del ministro de la
Gobernación, Sagasta, sobre el uso de los cementerios para personas no
católicas. En ella se daban instrucciones a los gobernadores civiles para que,
mientras las Cortes decidiesen sobre la secularización de los cementerios, se
habilitase un espacio dentro de los cementerios municipales
donde enterrar a los que no profesaban dicha religión (La cursiva es mía). La
circular se encontró con la firme oposición de la mayor parte de los católicos,
empezando por los capellanes de los cementerios, que seguían exigiendo a los
acompañantes del cadáver la autorización del párroco y no aceptaban la entrada
sin ese requisito, ni aun con órdenes expresas del juez correspondiente. Como
se ha podido comprobar, el Ayuntamiento de Cádiz se había adelantado en cierta
medida a la circular, pero los protestantes no habían ganado nada con ello,
porque el espacio habilitado no estaba dentro del cementerio sino en un lugar totalmente
inapropiado. La circular no hizo que el Ayuntamiento cambiase de ubicación la
zona donde se estaban enterrando a los no católicos. En agosto de
1871 los protestantes de Cádiz enviaron un escrito al presidente del Consejo de
Ministros quejándose de las pésimas condiciones en que se estaban practicando
sus entierros. El gobernador civil volvió a pedir informes al órgano municipal,
y este, dirigido ya por José María del Toro por haber fallecido poco antes
Valverde, contestó entre otras razones:
Como todo el cementerio
está consagrado, no hay sitio en él sin esta circunstancia y, por tanto, como
tampoco puede construirse nada hasta obtener el permiso del Ministerio de la
Guerra, es imprescindible que mientras dure este estado interino, que será breve,
pues el Ayuntamiento es el primero que desea como el que más, que exista un
patio especial y separado para sepultar dignamente a los que mueran apartados
de la Comunión Católica, pero no tiene facultad para hacer imposibles, dada la
legislación que rige para los terrenos de una plaza fuerte como Cádiz[15].
Como se puede apreciar, el
Ayuntamiento rehuía denominar “cementerio” a la zona destinada a los no católicos, cosa que ya había hecho
en el informe que mandó al gobernador militar el 14 de marzo. En sentido
estricto, el Consistorio desoía la circular de Sagasta, pues si bien es cierto
que había habilitado desde antes una zona para enterrar a los que no eran
católicos, esta no se encontraba dentro del cementerio municipal, como
establecía la disposición. De esta manera, un Ayuntamiento cuyo alcalde era de
la misma formación política que el ministro de Gobernación, no seguía sus
indicaciones, mientras poco antes se había apoyado en legislación procedente de
la dinastía derrocada para atacar a los protestantes y cerrar el cementerio
inglés.
La opinión de los
progresistas y unionistas del Ayuntamiento sobre el uso del cementerio
municipal no difería excesivamente de la que tenían los conservadores
católicos. La única diferencia importante es que los conservadores sostenían,
como el obispo gaditano, que al enterrarse a una persona no católica en un
cementerio católico este quedaba profanado e inhabilitado para continuar
enterrando a los católicos. La Palma faltaba a la verdad en un
artículo publicado el 1 de septiembre de 1871 en contra de las disposiciones
del Gobierno para enterrar a los no católicos en los cementerios municipales,
al afirmar: “Aquí mismo en Cádiz, los
protestantes tienen un cementerio”[16]. No parece posible que los redactores del
periódico no supieran que el cementerio inglés había sido cerrado dos meses
antes por orden del Ayuntamiento.
El Comercio, en su desinteresada y entusiasta defensa de la
Iglesia católica, faltaba igualmente a la verdad el 23 de septiembre de 1871,
poco después de que fray Félix hubiese dictado a los párrocos unas
instrucciones sobre la forma de actuar cuando acompañasen un entierro dirigido
a un cementerio municipal en el que se hubieran enterrado a protestantes.
Decía el periódico: “En Cádiz hay desde hace muchos años un cementerio protestante, en
el que no se entierran ni han enterrado jamás sino los cadáveres de las
personas que en vida rendían culto a sus falsas creencias”. Añadía el redactor que estaba seguro de que el
Gobierno, “una vez establecida la
libertad de cultos, se abstendría de dar leyes o reales órdenes que de
cualquier modo coartasen el derecho de los protestantes a enterrar sus
cadáveres según su rito y con la separación debida”[17]. Por tanto, lo que debían hacer los
protestantes era “construir sus propios cementerios” y no tratar de suplir su falta a costa de los
que estaban consagrados como católicos. El redactor parecía ignorar que los
protestantes de Cádiz no habían pedido usar el cementerio católico sino que el
Ayuntamiento les cediese una parte segregada del mismo en el cementerio
municipal o que construyese uno para ellos. Y, sobre todo, tampoco parecía
haberse enterado, de que ya no existía “el cementerio protestante”, mejor sería decir anglicano, en Cádiz, pues
llevaba dos meses cerrado, tras una prohibición municipal emitida hacía seis
meses.
José María del Toro pareció
preocuparse por encontrar un arreglo para mitigar el malestar de los
protestantes, cuando el 22 de septiembre de 1871 propuso al Cabildo Municipal
la solución de que todos los cadáveres pudiesen entrar “por una misma puerta del cementerio, sin atacar
creencia ni ofender en lo más mínimo los sentimientos de los católicos, que es
el suyo y el de la corporación”. Se trataba de construir una puerta con dos entradas, una que condujera
al cementerio católico y otra a la zona donde se debía enterrar el resto, sin
distinción de religiones[18]. Pero lo importante no era por dónde se entraba,
sino que las condiciones del lugar donde se enterraba a los que no eran
católicos seguían siendo las mismas que al principio.
Pasado el Sexenio Democrático, nos encontramos
con que el cementerio anglicano volvió a abrirse. La Guía Rosetti de 1876, así
lo indica:
"Entre la Aguada y San José, está el
cementerio inglés, adquirido y cuidado por el señor Brakenbury, padre del
cónsul actual, para los cuerpos de los herejes, que antes eran enterrados en la
orilla, más allá de la línea de pleamar, por miedo de que pudieran corromper a
los católicos de Cádiz. Ahora existe aquí “un cómodo lugar”, lo que es un alivio
para los protestantes que esperen morir en Cádiz".
Todavía a
principios del siglo XX estaba en funcionamiento el cementerio La Guía Rosetti
de 1904 se refiere al mismo:
" Cementerio inglés: en el mismo barrio de San
José y en la calle de Adriano ( antes Figurinas) se halla situado otro
cementerio, de propiedad particular, destinado a los que profesan la
religión protestante. Tiene un extenso y bien cuidado jardín que da vista
a la vía férrea. Hay en él algunos monumentos sepulcrales de gran costo y
artística construcción. De ellos no dejaremos de citar los de la familia de
Haynes, de William D. West, de Richart Daviés, de Ernesto Kropf, de Macculloch,
de A. H. Vecqueray y de Leopold Wade, artista gimnasta fallecida en Cádiz en 20
de noviembre 1896".
Desconozco en que momento exacto
dejó de funcionar definitivamente el cementerio de los ingleses, cuestión que
trataré de investigar .
Para finalizar, en Abril de 1976 la visita a la ciudad de
Sir Charles Douglas, embajador de Gran Bretaña en aquella época, acordó con el
ayuntamiento la cesión definitiva del terreno del cementerio, formalizado
posteriormente por el alcalde de Cadiz, Emilio Beltrami, el 13 de mayo de 1978,
siendo trasladado todos los restos al cementerio municipal en los años 80.
Poco después el cementerio fue reestructurado para ser un parque y los alrededores se llenarían de viviendas pero manteniendo la estructura del antiguo cementerio y sintiendo todavía que ese lugar es especial cuando se anda por el mismo.
Poco después el cementerio fue reestructurado para ser un parque y los alrededores se llenarían de viviendas pero manteniendo la estructura del antiguo cementerio y sintiendo todavía que ese lugar es especial cuando se anda por el mismo.
[1] A.C.,
17 de noviembre de 1870, núm. 89, pto. 24.
[2] A.C.,
3 de marzo de 1871, núm. 12, pto. 6.
[3] La
Iglesia de Inglaterra se ha considerado a sí misma como una rama de la
Católica, sin diferencias dogmáticas apreciables. William Gladstone, primer
ministro de Inglaterra entre 1868 y 1874, pensaba que la Iglesia de Inglaterra
era una “rama nacional de la Iglesia Católica”. COWLLING, M., Religion
and public doctrine in modern England, Volume II: Assaults, Cambridge
University Press, 2003, p. 80.
En The Ecclesiastical Gazette Or monthly
register of the affairs of the Church of England, and of its
religious societies and institutions, from July 1842 to June 1843, vol. V, London, Charles Cox, 1843, op. cit., p. 125,
tratando sobre el obispo de Gibraltar que en noviembre de 1842 inauguró el
cementerio anglicano de Cádiz, que este, durante su consagración pocos días
antes “tuvo ocasión de reclamar
para nuestra Iglesia el carácter de rama integral de la Iglesia
Católica”.
[4] A.C.,
3 de marzo de 1871, núm. 12, pto. 7.
[5] En
concreto, la real orden de Isabel II de 6 de agosto de 1867, firmada por
González Bravo, que recomendaba la observancia de disposiciones anteriores,
como la real orden de 16 de julio de 1857, que a su vez confirmaba
otra disposición de 12 de mayo de 1849, prohibiendo la inhumación de cadáveres
en iglesias, panteones o cementerios que se encontraran dentro de poblado.
Colección Legislativa de España, segundo semestre de 1867, tomo XCVIII, Madrid,
Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1867, núm. 493, p. 271
[6] A.C.,
14 de marzo de 1871, núm. 13, pto. 4.
[7] A.C:,
17 de marzo de 1871, núm. 14, pto. 2.
[8] En
su opúsculo María vindicada de los insultos de los protestantes:
opúsculo por el P. Cayetano en el que se refutan las blasfemias de los
cuadernos tratados evangélicos nº 4, y la Virgen María y los protestantes,
publicados en Madrid en 1870, Cádiz, Imprenta y litografía de la
Revista Médica, de Federico Joly y Velasco, 1871, p. 101, trata
sobre los “renegados”, refiriéndose sin duda al pastor principal de los
presbiterianos, el judío converso al protestantismo Abraham Ben Ollier, y
también a los que no eran extranjeros, es decir a los que, como el pastor
Manuel Canencia y el resto de los presbiterianos gaditanos, habiendo sido
católicos renegaron de su fe para pasarse al protestantismo.
[9] A.C.,
14 de marzo de 1871, núm. 13, pto. 13.
[10] A.C.,
25 de agosto de 1871, núm. 53, pto. 8
[11] A.C.,
21 de marzo de 1871, núm. 15, pto. 3.
[12] A.C.,
28 de marzo de 1871, núm. 19, pto. 15.
[13] Efectivamente,
en 1868 se había edificado una plaza de toros entre la Segunda Aguada y la
parroquia de San José, lugar en el que también se encontraba el cementerio
anglicano. (La plaza de toros más importante de la ciudad estaba situada, desde
1862 en el Campo del Sur, entre la Cárcel Real y el convento de monjas de Santa
María, dentro por tanto del núcleo urbano). Cuando se construyó la plaza de
toros a la que se refiere el informe, es decir la de la Segunda Aguada
(conocida como plaza de los Campos Elíseos), el cementerio anglicano llevaba
veintiséis años instalado. Por otra parte, la plaza de toros solo permaneció en
pie hasta un año después del cierre del cementerio inglés, o sea, hasta 1872. A
pesar de las decenas de casas que se esgrimían como causa del problema y la
barriada que estaba prevista pero no construida, la Segunda Aguada
seguía siendo un lugar bastante alejado del núcleo urbano de Cádiz, interior a
las Puertas de Tierra. Todo lo anterior avala la presunción de que la proximidad
de la plaza de toros o el hecho de que hubiera casas alrededor eran excusas
poco sostenibles.
[14] A.C.,
18 de abril de 1871, núm. 23, pto. 2. Vid. Apéndice documental, documento
número 10.
[15] A.C.,
25 de agosto de 1871, núm. 53, pto. 8.
[16] La
Palma, núm. 6129, 1 de septiembre de 1871.
[17] El
Comercio, núm. 9981, 23 de septiembre de 1871.
[18] A.C.,
22 de septiembre de 1871, núm. 62, pto. 11.
