PLAZA DE LA CANDELARIA,
ZONA QUE OCUPABA EL CONVENTO
Desde la proclamación de la república, fray Félix, el prelado gaditano
se encontraba en Jimena de la Frontera, realizando su segunda visita pastoral,
que había de llevarle por Tarifa, Algeciras, San Roque y Los Barrios, no
regresando a Cádiz hasta septiembre de 1874. Esta visita pastoral ha sido interpretada por algunos autores como una excusa del obispo para retirarse de la capital de la Diócesis en momentos que se preveían difíciles. No obstante, hay que tener en cuenta que fray Félix siempre puso su misión pastoral por encima de otras circunstancias. Así lo demuestra el hecho de que no limitó su estancia en el Campo de Gibraltar a la etapa de Salvochea, sino que se mantuvo en dicha zona hasta varios meses más tarde. El 24 de febrero de 1873 fray Félix había designado al arcipreste Sebastián
Herrero Espinosa de los Monteros como gobernador eclesiástico, por haberse
ausentado también de la capital el canónigo Vicente Roa. Pero muy pronto
tendría que sustituir también a Herrero como gobernador eclesiástico para
encargar a Fernando Hüe del difícil cometido de luchar contra las medidas
laicistas municipales.
La primera medida que
tomó Fermín Salvochea tras ser elegido alcalde en marzo de 1873 fue la de expulsar a las monjas
agustinas del convento de Nuestra Señora de la Candelaria y ordenar el derribo
del edificio así como el de su templo, que estaba abierto al culto. El mismo
día de instalación del Cabildo Municipal, el
22 de marzo, el alcalde envió una comunicación escrita a Herrero informándole que una comisión municipal iba a visitar el lunes 24 de marzo los conventos
de la Candelaria y Santa María. El día 23, Herrero contestó que había dado las órdenes oportunas, pero
necesitaba saber a qué hora se iba a efectuar la visita.
Inmediatamente, recibió una breve
respuesta comunicándole que la comisión y arquitecto pasarían por los conventos
a la una y media en punto.
El mismo día 24 de marzo ya había entregado el arquitecto
municipal al alcalde un informe sobre el estado del edificio de La Candelaria.
De él se extraía la conclusión de que era imprescindible el derribo de algunos
muros y habitaciones que se apoyaban en ellos, pero del resto solo se
certificaba que se necesitaban obras de conservación. Concretamente, se
informaba que era indispensable efectuar la demolición de los muros sobre los
que se apoyaban algunas celdas de las monjas en la primera planta, que no eran
usadas “por considerarlas la misma comunidad en estado ruinoso y riesgo
inminente el habitarlas”. Asimismo, el muro interior correspondiente a la calle
Bilbao y su fachada se encontraba “en muy mal estado, por lo que también
debería demolerse”. Sobre las demás partes del edificio, el arquitecto solo
expresaba que se había observado una
“falta de obras de conservación”.
Pero la decisión
de derruir todo el edificio estaba tomada desde antes de la visita del
arquitecto. La Comisión de Fincas Ruinosas, a cuyo frente estaba el alcalde,
comunicó el 25 de marzo que, “la mayor parte del edificio” se encontraba “en
completo estado de ruina”. Se decidió dirigir un nuevo oficio al gobernador
eclesiástico para que en el término de cuarenta y ocho horas se despejase “el
edificio por las personas que lo habitan”. Los miembros de la corporación
evitaban referirse explícitamente a una exclaustración de monjas, buscando con
ello que la medida no fuese interpretada como un efecto del decreto de
supresión de casas religiosas de 18 de octubre de 1868, tratando así de evitar
que el Estado se apropiase del convento. Preferían hablar de “personas en
peligro” que debían desalojar un edificio, fórmula que denotaba el laicismo de
los ediles y al mismo tiempo resultaba más conveniente para los intereses
municipales. La Comisión fue autorizada para ejecutar inmediatamente en el
convento las alteraciones que estimase necesarias para la seguridad pública. Estas “alteraciones” se resumían en el derribo completo del edificio, como se
comprobará a continuación.
El 26 de marzo a las once de la mañana Herrero recibió el
oficio del Ayuntamiento y contestó inmediatamente a Salvochea mostrándole su
total disconformidad con el informe del arquitecto municipal. Solo reconocía el
estado de ruina de uno de los muros exteriores del convento de la Candelaria y
participaba que estaba dispuesto a proceder inmediatamente a la reparación de
esa parte “contribuyendo así a facilitar trabajo a las clases obreras de esta
ciudad”. Había dado ya las órdenes oportunas para establecer una separación
entre la parte que debía repararse y el resto del edificio, en el que podía
seguir, en su opinión, residiendo la comunidad, “quedando de este modo a salvo
la clausura canónica”. Si esto no fuese aceptado por el Municipio, el
gobernador eclesiástico se reservaba designar un arquitecto para que procediera
a reconocer el edificio y extendiera “su dictamen para los fines que la
legislación vigente prescribe”.
El mismo día 26, Salvochea contestó a Herrero
lacónicamente: “Sólo debo manifestarle que se atenga en un todo a lo que le
digo en la comunicación que recibió V. a las once de la mañana de hoy”.
El gobernador eclesiástico, que pronto abandonaría Cádiz, no tuvo más
argumentos por presentar y cedió ante el temor por los disturbios que pudieran
producirse. El 27 de marzo escribió al alcalde expresándole que le constaba
“por manifestación de personas fidedignas, el inminente riesgo de graves
perturbaciones” si no se desalojaba el edificio en el plazo indicado y que por
ese motivo había dado las órdenes oportunas para que se realizase la
“evacuación”. Evitó usar
la palabra “exclaustración”, tratando con ello de seguir el argumento municipal
de que se trataba de evitar un peligro para las monjas, con la esperanza de que, una vez subsanado
el problema, estas podrían regresar. Pero nada de esto entraba en los planes de
Salvochea.
En vez de
una nueva réplica de Salvochea, el gobernador eclesiástico recibió el 28 de
marzo la orden de recoger todos los objetos sagrados del templo del convento,
con la intención explícita de derribarlo también. Se había procedido ese día al
desalojo de las monjas y ya habían comenzado los trabajos de derribo del
convento. El arquitecto municipal había comunicado a Salvochea que, al efectuar
trabajos en las cubiertas, había visto confirmado que la armadura que cubría el
mirador de la nave de la iglesia estaba en tal mal estado que exigía su
demolición.
El gobernador eclesiástico contestó a Salvochea que la Alcaldía debía
comprender que era su deber protestar contra esa determinación municipal, que
lastimaba los derechos de la Iglesia y conculcaba, a su juicio, los que se
tenían al amparo de la legalidad vigente. A continuación, manifestó al alcalde
que estaba dispuesto a proceder a desalojar la iglesia, pero que esperaba de su
cortesía que al menos le diese algún plazo, pues aunque se trabajase sin
descanso, se necesitaban al menos dos o tres días para extraer los altares,
imágenes y demás enseres del templo.
La prensa católica conservadora gaditana se movilizó
enseguida en contra de la medida municipal. Desde El Comercio (portavoz del Partido Moderado, de la Asociación de Católicos y de los denominados "neocatólicos") se
expresaba que los católicos no esperaban que los republicanos federales de
Cádiz rindiesen culto a sus creencias,
pero les pedían que fueran consecuentes con sus ideas y respetasen en los que
no eran republicanos las libertades absolutas y derechos individuales que
tantas veces habían reclamado para ellos, así como para todas las opiniones y
para todas las creencias. Las “santas mujeres” que ocupaban el convento de la
Candelaria, “inofensivas por su sexo y por su alejamiento del mundo y de toda
clase de intereses profanos”, tenían derecho, desde el punto de vista de las
libertades que defendían los republicanos, “para vivir en clausura, consagradas
a Dios y a la práctica de las virtudes cristianas”. Los católicos conservadores
conocían la razón que daban los munícipes para desalojar a las monjas de su
convento, pero defendían que no se trataba más que de un pretexto para
destruirlo, “pasando por encima de unos derechos indiscutibles” desde su punto
de vista. El 26 de marzo una manifestación de señoras había estado durante “todo
el día en movimiento dirigiéndose de una parte a otra en demanda de justicia”.
Eran “varios centenares de damas, entre las cuales se veía todo lo más
distinguido de la buena sociedad gaditana”. Habían acudido a las casas
capitulares para pedir al alcalde que revocase la orden de desalojo de La
Candelaria, pero sus gestiones no obtuvieron ningún resultado.
GRABADO REPRESENTANDO LA MANIFESTACIÓN
DE DAMAS CONTRA EL DERRIBO
Los republicanos
de La Soberanía Nacional informaron a sus seguidores que las señoras de
la manifestación habían invadido desordenadamente el Ayuntamiento, dando
“gritos de despecho movidos por el fanatismo religioso”, lo cual se encargó de
rebatir El Comercio informando a los suyos que solo había subido una
comisión de señoras a parlamentar con el alcalde, permaneciendo el resto en el
patio de entrada, sin producirse gritos ni otras alteraciones del orden.
Por la noche del
día 26 de marzo, una comisión municipal se había reunido con el gobernador
eclesiástico, no logrando el último ni siquiera el retraso del plazo señalado,
que según su opinión, era insuficiente y hacía casi imposible sacar del
convento los utensilios y enseres que contenían en cuarenta y ocho horas. Los
miembros de la Asociación de Católicos de Cádiz habían estado reunidos
también el día 26 en junta extraordinaria para acordar los recursos necesarios
y medios legales que procedieran para recurrir contra el acuerdo municipal.
El desalojo de las
monjas se realizó el 28 de marzo. Los católicos de Cádiz daban por consumada
la primera parte de los propósitos municipales sobre el convento e iglesia y
auguraba que pronto se cumpliría la segunda: “La piqueta revolucionaria
recibirá pronto el impulso para convertir el templo en ruinas”. La fecha del
cierre fue evaluada por los clericales como un “día de verdadero luto para los
católicos”. Las señoras que habían celebrado la manifestación del día 26
participaron en una ultima liturgia en el templo del convento. El Sagrario se
trasladó a continuación al cercano convento de Nuestra Señora de la Piedad, de
franciscanas concepcionistas descalzas, entre la conmoción de los numerosos
espectadores, pues “no se oían más que sollozos mal reprimidos y aun hubo
personas a quienes fue preciso retirar, acometidas por accidentes producidos
por los mismos esfuerzos que hicieron para reprimirse. Hombres y mujeres, eclesiásticos
y seglares, todo el mundo lloraba”. En contraste con el pesar de los católicos,
los republicanos, “para dar digno remate a la obra”, organizaban entre tanto
una protesta contra la manifestación de señoras del día 26 y “unas doscientas
personas de ambos sexos recorrían la ciudad con una banda de música y unas
banderas en las cuales se leía el lema de ¡Abajo los conventos!”.
PÁGINA DE EL COMERCIO EN LA QUE SE NOTICIA EL DESALOJO DE LAS MONJAS DE LA CANDELARIA
El Comercio hacía alusión a esta manifestación de
hombres y mujeres contra el convento, realizada simultáneamente a su abandono,
para que sirviera de contraste con el dolor de los fieles, pero obviaba la que
tuvo lugar el día 27, formada exclusivamente por mujeres. A primeras horas de ese día el templo de La
Candelaria se había cerrado ante el número de personas que se acercaban por sus
inmediaciones. Por la mañana, las mujeres republicanas del Círculo Mariana de Pineda,
acompañadas por la banda de música del hospicio, desfilaron por la ciudad daño
gritos de “Abajo los conventos” y cantando el “Trágala” (la canción que
entonaban los liberales en Cádiz para humillar a los absolutistas desde el
levantamiento de Riego). Se dirigieron al edificio municipal, donde fueron
recibidas por el alcalde y varios concejales. Margarita Pérez de Celis, en
nombre del círculo, hizo entrega de un escrito a favor de la ejecución del
acuerdo municipal, reanudando a continuación su recorrido y pasando por
delante del convento dando gritos de “Abajo Candelaria”. El escrito entregado
al Ayuntamiento decía:
"A los ciudadanos que componen el Ayuntamiento Popular
de esta ciudad. Habiéndose presentado en el día de ayer una manifestación de un
centenar de señoras aristócratas hipócritamente por la influencia de los curas,
a pedir que no se haga el derribo del convento de Candelaria, que está ruinoso
y denunciado; Y nosotras conociendo la dañada intención con que se han
presentado dichas señoras a pedir a esa digna corporación una cosa tan injusta,
indigna de una población culta, pedimos que no tan solo se derribe el convento
en cuestión, sino que todos los que existen, por ser estos establecimientos de
ninguna utilidad a la sociedad, a la religión y a los adelantos del siglo
diecinueve; esperando lo hagan con toda rectitud por ser de justicia. Salud y
República Federal Social".
La conmoción entre gran parte de los católicos gaditanos por la exclaustración de la Candelaria fue enorme. Francisco Mateos-Gago, catedrático de Teología y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Literaria de Sevilla, que había sido vicerrector del Seminario de Cádiz, decía poco después de la expulsión de las monjas que esta se había verificado “con saña tan verdaderamente federal, que se prohibió que sacaran ni aun las ropas de su uso, permitiéndoseles solo llevar la ropa puesta”.
Los católicos conservadores evaluaron que la inmensa mayoría de los gaditanos dieron una muestra inequívoca de su identidad católica al acudir a presenciar la despedida de las monjas. Los redactores de El Comercio estaban convencidos de que si se hubiera votado un plebiscito a favor o en contra de las monjas de la Candelaria, los enemigos de las monjas habrían sido una minoría exigua, pues nunca había estado “más pronunciada la opinión pública”. Durante la salida de las monjas “nadie se recataba para protestar con su actitud, con su palabra, con su ejemplo, contra los hechos lamentables que se estaban consumando”. Además de El Comercio, La Palma (también moderado), La Voz de Cádiz (partidario de la Unión Liberal y de la restauración borbónica) y La Monarquía Tradicional (carlista) protestaron en sus páginas contra la expulsión de las monjas de la Candelaria.
Mientras tanto, La Soberanía Nacional, representante de los republicanos federales más moderados, refiriéndose a las damas que se manifestaron para que no se cerrase el convento, comentaba que nada de esto hicieron cuando hacía poco se había cerrado la fábrica de tabacos de Cádiz, que dejó (aunque por poco tiempo, pues fue vuelta a abrir) a muchas gaditanas de las clases más necesitadas sin un trabajo imprescindible para subsistir.
Por su parte, los gaditanos
partidarios de la política municipal animaban al Ayuntamiento a que llegase más
lejos. El Cabildo Municipal recibió el 28 de marzo una instancia suscrita por
algunos ciudadanos solicitando que no sólo se realizase el derribo del convento
de la Candelaria sino el de todos los demás que existían en la ciudad, pero
esta propuesta no se discutió siquiera. Los conventos de monjas que seguían
abiertos eran el de Nuestra Señora de la Piedad, de franciscanas
concepcionistas descalzas, y el de Santa María de la Concepción, de
franciscanas concepcionistas calzadas. El último había sido inspeccionado el
mismo día que el de la Candelaria por el arquitecto municipal pero nunca se
discutió sobre su desalojo.
El Poder Ejecutivo de la república no había aprobado lo
realizado por Salvochea con el convento de La Candelaria. Pero ello no impidió
que tratase de rentabilizar los acontecimientos a su favor. El mismo día que el
convento era desalojado y se iniciaba el derribo, el gobernador civil, Moreno
Portela, decía por escrito al alcalde que el subsecretario del Ministerio de la
Gobernación, en telegrama llegado esa misma tarde, le había hecho la siguiente
pregunta : “Sírvase V.S. decirme qué hay de cierto respecto al derribo del
convento de la Candelaria que se dice va a acordar el Ayuntamiento”.
Los miembros del Gobierno habían tenido conocimiento de lo que estaba
ocurriendo en Cádiz porque las señoras que se habían manifestado el día 26
habían telegrafiado a Figueras y Castelar pidiéndoles que no se permitiera el
derribo del convento. Ambos les contestaron que no estaba entre sus
atribuciones impedirlo, pero que se iban a dirigir a quien correspondiese para
que no se derribase ningún templo.
El día 29 de marzo, cuando se recibió el escrito de Moreno Portela en el
Ayuntamiento, Salvochea le contestó que ya se había procedido al derribo de la
iglesia y del convento, porque su estado de ruina amenazaba con gran peligro a
la población. Es obvio
que no se “había procedido al derribo”, sino solo a iniciarlo, pero el alcalde
no quería recibir la orden de parar los trabajos y quiso dar la impresión de
que ya todo estaba concluido.
El 28 de marzo tenía el alcalde otro escrito en
sus manos, este del administrador económico de la provincia, que le comunicaba
que, habiendo tenido noticia de la demolición del convento de la Candelaria y
estando prevenida por orden del Ministerio de Hacienda con fecha 16 de
noviembre de 1868, cuya copia acompañaba, la incautación de los solares y
materiales procedentes de los derribos de este tipo, había designado un representante para
inspeccionar las operaciones y para la formación del inventario de los
materiales que resultasen, a fin de que el Estado procediese a enajenarlos en
pública licitación. Como se puede comprobar, una vez realizada la exclaustración e iniciado el
derribo, el Estado “legalizaba” la decisión del alcalde recordando circulares
que habían estado en el olvido y utilizaba los hechos consumados por iniciativa
municipal para tratar de incautarse del solar.
La propiedad estatal de los
conventos exclaustrados no había sido discutida desde el comienzo de las
desamortizaciones, pudiendo este proceder posteriormente a cederlo al
respectivo Municipio. Pero Salvochea no estaba dispuesto a que la
Administración central, que no había mostrado desde el principio el más mínimo
interés en que se cumpliese el decreto de exclaustración de octubre de 1868,
quisiera ahora aprovechar la situación llevada a cabo por una decisión municipal,
llevándose los beneficios económicos que reportase. Ante el oficio del
administrador económico de la provincia, resolvió no negarse de momento
abiertamente, pero le advirtió que el Ayuntamiento estaba costeando el derribo
y los gastos que se estaban produciendo debían ser resarcidos del producto de
la venta de los materiales.
Después de
haber expulsado a las monjas y derribado el convento de la Candelaria por
iniciativa propia, rebasando sus atribuciones, y de haber desoído la orden del
administrador de Hacienda de la provincia relativa a la propiedad de los
materiales, incautándose de los beneficios de los mismos, Salvochea envió una
solicitud al ministro de Hacienda, por conducto de los diputados republicanos
por Cádiz, pidiendo que se entregara el solar a la ciudad. En primer lugar,
justificaba una vez más el derribo por el mal estado del edificio y el
consecuente peligro para los transeúntes: “El Ayuntamiento republicano federal
de Cádiz, con la atención debida, hace a V. presente: que el estado de ruina en
que se encontraban el convento e iglesia de monjas de la Candelaria de esta
ciudad, hizo indispensable proceder a su derribo, como medida de seguridad no
sólo para las personas que lo habitaban, sino también para las que transitaban
por sus inmediaciones”. A continuación, quiso hacer ver que aunque la decisión
no había sido voluntaria, sino impuesta por las circunstancias, había dado
lugar a una mejora urbanística de esa parte de la ciudad: “De esta
determinación, que la necesidad impuso, ha resultado una mejora que de antiguo
se hacía sentir, cual era la de ampliar la antes mezquina plaza llamada
recientemente de Castelar, y ensanches de las estrechas calles de Bilbao y
Jacobinos”. Salvochea parecía reconocer ahora la propiedad estatal del solar, a
pesar de que esto no le había impedido derribar el convento sin autorización
del Gobierno: “Para que el pueblo de Cádiz pueda disfrutar de esta mejora, se
hace indispensable que por el Estado, a quien pertenece el expresado solar, se
ceda a esta ciudad para dedicarlo a un objeto de tan reconocida utilidad
pública”. Y en vista de todo lo anterior, se pedía al ministro que cediera al
pueblo de Cádiz el solar en que estuvo el convento y la iglesia de la
Candelaria “para satisfacer la necesidad antes indicada; así como los
materiales que produzca el derribo para aplicarlos a la construcción de un
mercado, que se hace indispensable para el abasto del vecindario”.
LA PLAZA RESULTANTE DEL SOLAR, FUE LLAMADA INICIALMENTE "PLAZA DE CASTELAR". AQUI, CON EL MONUMENTO AL POLÍTICO REPUBLICANO GADITANO
El gobernador eclesiástico Sebastián Herrero, no supo estar a la altura de las circunstancias en la confrontación para evitar la
exclaustración y derribo del convento. Cierto es que poco podía hacerse y
Herrero debía estar convencido de que el alcalde no iba a cejar en ningún caso
en su decisión sobre el convento. Pero podría haber acudido al ministro de
Gracia y Justicia, buscando un reconocimiento de la ilegalidad de la actuación
municipal El
Ayuntamiento no se apropió de las imágenes, cuadros y otros objetos de valor
del convento y permitió que fueran retirados por el Obispado. Pero esto no fue
así porque el gobernador eclesiástico hubiera hecho alguna gestión al respecto,
sino porque Salvochea solo estaba interesado en los materiales del derribo y en
el solar. El 30 de marzo, dos días después de la exclaustración de las monjas,
el Obispado comenzó a transportar las imágenes, cuadros y molduras del templo,
pidiendo a los directores de El Comercio y La Monarquía Tradicional, que
organizasen colectas entre los que quisieran ayudar a los gastos del traslado.
En poco tiempo, Herrero sería substituido como gobernador eclesiástico por Fernando Hüe, que mostraría su preparación y flexibilidad para abordar el problema.
