¿Quién era el "Padre Cayetano"?

La sanción constitucional de la libertad de cultos de 1869 anunciaba en España un cambio importante a favor de los protestantes, pues por primera vez podían practicar su culto públicamente dentro de la legalidad. 

Los metodistas afirmaban ese mismo año que habían efectuado una amplia difusión de la palabra de Dios por España y que no había prácticamente un puerto o ciudad importante que no hubiera sido visitado. Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Cádiz se habían convertido en “grandes centros”, desde los cuales las zonas inmediatas habían “sido trabajadas cuidadosamente”. 

Sevilla era “el cuartel general de la misión” en el sur de España, y Cádiz, junto con El Puerto de Santa María y Jerez, habían sido visitados. Los metodistas pensaban que la reciente apertura revolucionaria aconsejaba no abandonar. Un agente conocedor de España y su lengua estaba iniciando trabajos para volver.

El 14 de mayo de 1869, el Sínodo de la Iglesia Unida Presbiteriana recomendó al Comité para las Misiones, “tomar ventaja de las favorables ventajas abiertas ahora para extender el Evangelio en España”. La visita al país del reverendo H. M. MacGill llevó a seleccionar Cádiz como “centro de operaciones”. 

Los evangelistas escoceses o presbiterianos enviaron en 1870 a un representante a Cádiz, bien provisto con Evangelios, y la ciudad conoció su primera misión presbiteriana, que abrió el 1 de mayo de 1870 una capilla y dos escuelas de niños. Su sede se encontraba en la calle Bilbao número 19 (muy cerca del convento de monjas agustinas de La Candelaria), contando con dos pastores: Abraham Ben Ollier, un judío converso procedente de Gibraltar que había sido vendedor de babuchas en Orán, y el joven  Manuel Canencia, procurador de profesión, que solía asistir a las reuniones del Casino Republicano, donde se reunían los republicanos más templados de la ciudad. 

ABRAHAM BEN OLLIER

Los recién llegados pertenecían a la Iglesia Reformada Española, surgida tras una asamblea general de distintas congregaciones existentes en España, reunida en 1869 en Sevilla. (En 1872 adoptarían el nombre de Iglesia Cristiana Española, pasando posteriormente a su denominación actual: Iglesia Evangélica Española). La casa de la calle Bilbao era demasiado pequeña y en 1870 estaban buscando otra de mayor capacidad. The Sunday School Teacher. A magazine of essays, lessons, ilustrative material, educational notes, and inteligence, vol. IV, London, Sunday School Union, 1871, en su página 217, pedía urgentemente ayuda a los cristianos de Londres para aportar fondos para encontrar una casa adecuada para los evangélicos gaditanos. 

Al parecer, y como sucedió en otras partes del país, los neófitos protestantes surgidos en Cádiz tras la revolución pertenecían a las clases sociales más bajas de la localidad. No obstante, esta consideración pudiera haber sido exagerada por la propaganda católica. En esa dirección parece ir un informe del obispo de Cádiz fray Félix María de Arriete, de 1875, en el que expresa que los seguidores de la misión presbiteriana eran “poquísimos y de la clase más ínfima”, no habiendo en las escuelas más que doce niños y veinte niñas".

La misión debió tener más éxito del supuesto por la autoridad eclesiástica católica local, pues mereció la atención del "Padre Cayetano", pseudónimo del canónigo de la catedral Francisco de Lara y Arjona, que distribuyó entre el público de Cádiz varios folletos, en los que rebatía las doctrinas evangélicas, ridiculizaba a sus pastores y seguidores y restaba importancia a su labor en Cádiz. Lara había sido canónigo en la colegiata de Jerez hasta que en junio de 1869 ocupó la vacante de José Joaquín de Palma en el Cabildo de la Catedral de Cádiz, por promoción de este a deán del mismo. 

La actividad del Padre Cayetano surgió a raíz del conflicto local por el uso del cementerio municipal. Los protestantes querían ser enterrados en el mismo y la respuesta del Ayuntamiento de Juan Valverde fue cerrar el cementerio "de los ingleses" y no ceder en las peticiones de los protestantes, basándose en que el cementerio municipal estaba consagrado como católico y por tanto solo podía ser usado por los católicos. La pretensión de los protestantes contó con el apoyo de los republicanos de Cádiz y de algún juez, provocando el aumento de las críticas del clero gaditano contra los protestantes. 

En ese contexto, el canónigo Francisco de Lara comenzó a escribir sus folletos virulentos contra los presbiterianos de la calle Bilbao, usando seudónimo para no ser identificado como un clerigo contrario a la Constitución y a la libertad de cultos. Pienso que debió elegir el seudónimo en memoria del cardenal Tomás Cayetano, general de los dominicos, que se distinguió por sus esfuerzos para frenar a los luteranos y se entrevistó con Lutero. 

El Padre Cayetano, es decir, el canónigo Francisco de Lara,  no destaca como un clérigo especialmente reaccionario. Es más, el hecho de haber sido designado por el Gobierno provisional como canónigo de Cádiz, muestra que era una persona del agrado de los revolucionarios. Debía tener contactos entre los progresistas o al menos no rehusaba entrar en negociaciones en caso necesario con ellos. Como ejemplo, en noviembre de 1870 fue designado para reemplazar a Vicente Calvo en la misión de negociar en Madrid acerca del cargo contra el Cabildo Catedral por incumplimiento del decreto de incautación de obras pías y patronatos. Tampoco tuvo ningún inconveniente en enero de 1871 en conferenciar con el Ayuntamiento gaditano (constituido fundamentalmente en aquellos momentos por progresistas y unionistas) para decidir sobre el modo de organizar un funeral en la catedral por el alma del general  Prim, uno de los pilares de la revolución de septiembre de 1868 y conocido masón. 
  
Sus folletos contra los protestantes de Cádiz eran duros e inflexibles en el aspecto dogmático y en el terreno de las creencias, pero se mostraban totalmente respetuosos con las libertades individuales y cualquier opción política, incluyendo las revolucionarias. Por ejemplo, en la tercera carta de su Epistolario, titulada “Están juzgados” y fechada el 8 de julio de 1871 el Padre Cayetano dice a los fieles católicos de Cádiz: “Sed monárquicos, sed republicanos, abrazaros a la bandera que más os plazca, de cualquier modo estaréis limpios, porque habréis sido libres para elegir y  decidiros; pero si cambiáis vuestras puras y venerandas creencias religiosas por el inmundo y asqueroso plato de lentejas que os ofrecen los protestantes quedaréis manchados, ensuciadas vuestras frentes y empequeñecidos a la  presencia de vuestros hermanos”  (Cursiva en el original). Más adelante, en la misma carta, solo considera inadmisible la libertad de conciencia, porque para él la conciencia “es lo único que Dios no ha hecho libre en el hombre”.

JOSÉ AGUSTÍN ESCUDERO, OTRO PROTESTANTE QUE ACTUÓ EN CÁDIZ POR ESTAS FECHAS Y FUE OBJETO DE LAS AGRIAS CRÍTICAS DEL PADRE CAYETANO

Respecto al número de neófitos disidentes de Cádiz no hay datos seguros. Si se tuviera en cuenta una estimación del Padre Cayetano, dada con evidente intención de ridiculizar la presencia protestante en la ciudad e indicar el bajo nivel social de sus seguidores, se podría aventurar que estos rondarían las trescientas personas. La “estadística” daba “cuarenta gallegos hartos de pita”, que concurrían a la capilla de la calle Bilbao, “para esperar allí a la novia”. "cien artesanos que iban a reírse (...) de los absurdos que dice el pastor y las cocas de la pastora”; “treinta descalzas reales”, es decir las que acudían los días que se repartían “cinco reales por cabeza”; cinco personas de ambos sexos “sin creencias ningunas” (sic), que se habían pasado al protestantismo, “por lo que cae” (o sea, por lo que pudieran obtener de su aparente conversión); “cuatro porteros y ayos que venden su alma al diablo por cobrar un sueldo”;  (...) “diez polizontes” que asistían asiduamente; y “cien protestantes extranjeros”  que  vivían en Cádiz. Estas cifras, tendentes a ridiculizar a los protestantes y a minimizar su impacto en la ciudad, daban la cantidad de doscientas ochenta y nueve asistentes a los actos religiosos de la capilla de la calle Bilbao, con lo que se puede deducir que su número podría  ser mayor. 

REFERENCIAS:

• Cartas del Padre Cayetano al Protestante Escudero, Cádiz, Imprenta de la revista Médica, 1872.
• Christian work, or The news of the churches, News series, Vol. V, London, Partridge and Co., 1870, pp. 19, 131 y 169.
• Epistolario del P. Cayetano o colección de sus once cartas a los protestantes de la Iglesia evangélica establecida en esta ciudad de Cádiz, Cádiz, Imprenta Ibérica, 1871.
• María vindicada de los insultos de los protestantes: opúsculo por el P. Cayetano en el que se refutan las blasfemias de los cuadernos tratados evangélicos nº 4, y la Virgen María y los protestantes, publicados en Madrid en 1870, Cádiz, Imprenta y litografía de la Revista Médica, de Federico Joly y Velasco, 1871.
• PUELLES y CENTENO, J. M. de,  Recuerdos de mi juventud, Cádiz, Imprenta de M. Álvarez, 1907.
• The Wesleyan-Methodist Magazine for 1869, Fifth series, Vol. XV, London, Wesleyan Conference Office, 1869, pp. 469, 470 y 556. 
• The Sunday School Teacher. A magazine of essays, lessons, ilustrative material, educational notes, and inteligence, vol. IV, London, Sunday School Union, 1871.

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Derribo de Los Descalzos de Cádiz

El primer convento gaditano de los franciscanos descalzos o alcantarinos fue erigido en 1608. Los religiosos de la orden se trasladaron en 1628 a la plaza de la Cruz Verde (conocida más tarde como plaza de los Descalzos), en terrenos adquiridos con las limosnas de los fieles. 

EN PRIMER PLANO, EL CONVENTO DE LOS DESCALZOS EN 1868, POCO ANTES DE SU DERRIBO

Ya he expresado en otra ocasión cómo la adhesión de buena parte del clero regular a la causa carlista a la muerte de Fernando VII pesó como una losa sobre la opinión de los liberales hacia todos los monjes. En 1820, estando a punto de consolidarse el levantamiento liberal de Rafael de Riego, las autoridades de Cádiz decidieron proclamar solemnemente la constitución de 1812. El día 10, que era el previsto para el acto, las tropas de guarnición en la ciudad, alentadas por algunos mandos militares, perpetraron una matanza indiscriminada de ciudadanos. 

ESCENAS DE LA MATANZA DEL 10 DE MARZO DE 1820 EN CÁDIZ.

LA DE ARRIBA EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS Y LA DE ABAJO EN LA PLAZA DE SAN ANTONIO

Según relata Adolfo de Castro y Rossi en su Historia de la Ciudad y provincia de Cádiz, los franciscanos descalzos, en vez de esconder en el interior del convento a los que huían de los soldados, los echaban a la calle y los ponían en manos de los asesinos,  no permitiendo la entrada ni aun a los ancianos. Castro confirma en su Historia que “proceder tan inhumano no halló imitadores en otros conventos”. 

El erudito gaditano Adolfo de Castro (que sería secretario municipal, alcalde de la ciudad y gobernador de la provincia) era un liberal nada sospechoso de radical. No parece, o al menos no me consta, que tuviese una especial animadversión hacia los religiosos en general, ni un especial motivo para distinguir a los franciscanos descalzos de los demás. No se puede descartar que hubiese faltado a la verdad al relatar la actuación de los franciscanos descalzos. (Entre sus habilidades literarias, por ejemplo, se cuenta la de componer pastiches y atribuirlos a Cervantes). Pero, en cualquier caso, su relato pudo influir en el ánimo de muchos liberales de Cádiz o les sirvió de apoyo en su deseo de derribar el convento de Los Descalzos.    

ADOLFO DE CASTRO Y ROSSI

En 1822 se subastaron algunas fincas pertenecientes a la Orden Tercera de los Franciscanos Descalzos, pero el convento continuó abierto. El 18 de agosto de 1835 los miembros varones del clero regular fueron expulsados de todos los conventos de Cádiz, pasando estos a ser propiedad del Estado. En aquellos momentos el convento, llamado popularmente “Los Descalzos”, tenía trece frailes. 

En 1837 se comenzó la construcción de un mercado de abastos, el Mercado de la Libertad (situado en el mismo lugar que el actual), aprovechando el extenso huerto del convento. El mercado estaba finalizado en 1838, pero el convento continuaba abandonado y sin uso alguno. 

EL MERCADO DE LA LIBERTAD

El primer intento de derruirlo se produjo en marzo de 1838, cuando el Ayuntamiento gaditano solicitó al Estado la cesión e indicó su intención de derribarlo, basándose en el peligro que corrían los transeúntes a causa de su mal estado de conservación. Además, había otra razón, repetida en múltiples ocasiones cuando se derribaban conventos: la corporación municipal pensaba extraer beneficios de la venta de los materiales de desecho. La corporación municipal pretendía construir casas en el terreno resultante. Pero el Gobierno no accedió a entregar el convento, probablemente porque el Ayuntamiento gaditano no solo pretendía derruir el convento sino también su templo, que se mantenía abierto al culto.

El 3 de octubre de 1840, durante la revolución que dio lugar a la caída de doña María Cristina como regente, se formó en Cádiz una Junta Provincial y se produjo un segundo intento de derribar  el convento cuando varios gaditanos solicitaron al Municipio que hiciera las gestiones pertinentes para lograr que la Junta aprobase la cesión. El Gobierno, decían, no había tomado ninguna determinación sobre el asunto después de dos años y era cada vez más inminente que el estado del edificio hacía necesario su derribo. La revolución propiciaba un buen momento para que el alcalde solicitase inmediatamente a la Junta Provincial de Gobierno la propiedad del convento, para proceder a su derribo con la misma premura. El Ayuntamiento designó una comisión para que estudiase la propuesta y el 14 de octubre se disponía de su dictamen, que se mostraba favorable a que se procediese a solicitar la propiedad y, una vez obtenida, se practicase el derribo, que proporcionaría beneficios al Municipio por la venta de los materiales resultantes y daría ocupación a “una inmensidad de pobres jornaleros”. Tampoco en esta ocasión se logró la cesión del inmueble y el ansiado derribo quedó como una aspiración insatisfecha de los liberales de Cádiz.

El estado ruinoso de los edificios que habían albergado a los regulares era una buena razón para derribarlos: al tratarse de una cuestión que podía afectar a la seguridad de los viandantes, el Ayuntamiento correspondiente tenía potestad sobre el asunto. Pascual Madoz, en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, tomo V, corrobora la versión de los liberales gaditanos, diciendo respecto a Los Descalzos:  “El convento está ruinoso y va a demolerse”. 

Yo pienso que este argumento, aunque tuviese algo de verdad, pudo ser más una excusa que una causa verdadera del derribo del convento. Cuando en 1868, tras el alzamiento del 18 de septiembre que llevó al exilio a Isabel II, se decidió por la Junta Local de Cádiz la demolición inmediata de Los Descalzos, estaban instalados dentro del edificio una escuela municipal de párvulos, la de San Servando, y una institución para albergar ancianos, el asilo del Buen Pastor, subvencionado con fondos municipales. No es creíble que en 1838 el mal estado del edificio pusiera en peligro a los transeúntes en 1838 y no a los niños y ancianos que hacían uso del mismo en 1868. 

Otra cuestión es que, cuando el convento y su iglesia fueron derribados, los sucesivos Ayuntamientos no supieron qué hacer con el solar. Cierto es que un beneficio inmediato fue el servir de alivio a los jornaleros de la ciudad, que pasaban por una coyuntura económica muy desfavorable. La Junta Local publicó el 9 de octubre de 1868 un edicto de subasta para la demolición, con un presupuesto de doscientos cinco mil quinientos reales. 

FOTOGRAFÍA DEL SOLAR DE LOS DESCALZOS

(COMPÁRESE CON LA DE 1868)

La Alcaldía provisional posterior al alzamiento, presidida por Francisco de Paula Hidalgo, no puso en las obras de demolición el empuje que deseaban los republicanos. Hay que tener en cuenta las dificultades económicas por las que pasaban las clases trabajadoras, que podían disminuir si se daban suficientes jornales para trabajar en el derribo. Desde antes de la formación del Ayuntamiento provisional ya se observaba en la prensa gaditana, especialmente en la demócrata, una especial sensibilidad en este sentido. El Progreso Democrático se refería el 16 de octubre al creciente malestar entre las clases trabajadoras de Cádiz, motivado por la falta de ocupación y por el elevado precio de los alimentos Decía el periódico:

 “La miseria cunde, el hambre llama a gritos a las puertas de los pobres, y estos, con tan mal consejero, se reúnen, se impacientan y se presentan en son de guerra o poco menos ante las casas de las autoridades, pidiendo a voz en grito trabajo (...). Seamos cuerdos y no queramos, por precipitar los hechos, perderlo todo. Los enemigos de la libertad no duermen, y son bastantes todavía, por desgracia, para promover el descontento; y con su dinero y el dinero que procede tal vez de las arcas del tesoro, hallar instrumentos para tratar de arrebatarnos lo que tantos esfuerzos nos ha costado”. 

El recién designado gobernador civil de Cádiz, Gregorio Alcalá Zamora, comprendió el peligro de un levantamiento popular alentado por los demócratas y se dirigió desde la prensa a los proletarios de Cádiz, afirmando que una de sus principales preocupaciones desde el momento de su llegada había sido la de proporcionar trabajo, motivo por el que decía estar en contacto con la Alcaldía, que se ocupaba sin descanso en solucionar el asunto. Decía el gobernador a los proletarios por medio del periódico El Comercio: “No escuchéis las excitaciones de los que, disfrazados con la máscara de liberales, os inviten a escenas tumultuarias como lo han hecho en otros puntos”. La República Federal contestó a principios de noviembre a las palabras del gobernador recordándole su incumplimiento de las promesas iniciales de conseguir trabajo para los obreros y culpando a intereses políticos y no económicos de la situación de miseria que vivían los obreros de la ciudad. El Consistorio provisional era acusado por los demócratas de no hacer nada efectivo para solventar los problemas de los trabajadores. La Soberanía Nacional, periódico republicano, advirtió al Ayuntamiento que con la actitud indolente hacia el obrero que estaba mostrando estaba ayudando a los planes de los enemigos de la libertad. Estas presiones, que amenazaban explícitamente con la posibilidad de un levantamiento popular, hicieron que el órgano local intensificara la contratación de obreros en Los Descalzos.

Una vez regularizada la situación política, el solar y los beneficios que se pudieran obtener del derribo pasaron a ser de propiedad estatal. El primer alcalde elegido por sufragio universal masculino en Cádiz, el republicano Rafael Guillén Estévez, trató de recuperar una idea que ya había planteado el Ayuntamiento provisional: la de construir un teatro en el solar sin abonar ningún tipo de canon al Estado. El 14 de septiembre de 1869 un empresario solicitó la concesión del terreno para la construcción de un “teatro de primer orden”, de acuerdo con unos planos existentes con anterioridad y en poder municipal. La Comisión de Obras Públicas no vio inconvenientes y acordó publicar durante quince días las condiciones de la propuesta del empresario por si se presentaba algún interesado que las mejorase. El 1 de octubre, pasado el plazo, que había sido fijado en el Boletín Oficial de la Provincia del día 16 de septiembre, no se había presentado ninguna nueva oferta para la obra, con lo que se concedió la edificación al único interesado y se nombró una comisión para redactar un proyecto de escritura. Faltaban pocos días para que se produjera el alzamiento republicano; Rafael Guillén y su Consistorio fueron depuestos y la idea no prosperó.  

El Ayuntamiento provisional de Juan Valverde, formado principalmente por progresistas que pronto formarían parte del partido Constitucional de Sagasta,  paralizó cualquier disposición que tuviera relación con iglesias o conventos. El 26 de octubre de 1869 el acalde presentó un proyecto para erigir un mercado de pescado. Esta necesidad había sido esgrimida por la Junta Local un año antes para decidir el derribo del convento e iglesia de Los Descalzos. Pero Valverde ya no recurría a su solar como lugar idóneo, a pesar de que el mercado general de la ciudad estaba edificado justo al lado, en el lugar que había sido huerto del mismo convento, y propuso como lugar más indicado los muelles de las puertas del Mar y de Sevilla.

El 10 de junio de 1872, el ayuntamiento presidido por el progresista José María del Toro, logró que se formalizase escritura de cesión del solar al Municipio, pero ya no pretendía la erección de un teatro, sino tan solo formar una plaza pública. Pero todavía se producirían algunos cambios.

Un nuevo consistorio, dirigido desde julio de 1872 por Bernardo Manuel de la Calle, jefe del partido Radical en Cádiz, se esforzó en zanjar definitivamente la cuestión del terreno del convento de Los Descalzos. Descartadas desde antes las posibilidades de construir en él un teatro, por lo gravoso del canon que reclamaba el Estado, y concedida la cesión al Ayuntamiento para hacer una plaza pública, ahora, una vez que el solar estaba ya en poder municipal, la intención última cambiaba en parte y se pretendía construir edificios, para lo cual se envió en agosto de 1872 una petición al ministro de Hacienda en la que se reclamaba el nuevo uso, al que se le concedía una importancia notable por considerarse muy conveniente para dar trabajo a las clases obreras más necesitadas. El Ayuntamiento radical acudía a la “visible decadencia de Cádiz”, que había hecho a la corporación estimar como la  más urgente medida a tomar la de facilitar trabajo a los obreros, para presentar un nuevo proyecto, consistente en destinar los terrenos a la construcción de edificios urbanos para dar ocupación al mayor número posible de obreros. De la Calle hacía presente al ministro de Hacienda que el año anterior ya se había decidido la construcción de un “Gran Teatro” en otro sitio de Cádiz y estimaba que con los otros dos que había eran más que suficientes para la ciudad, que no tenía en aquellos momentos capacidad para mantener más establecimientos de ese tipo. Este “Gran Teatro de Cádiz”, construido en madera, quedaría destruido por un incendio en 1881 y luego sería sustituido en el mismo solar por el actual “Gran Teatro Falla”, construido entre 1884 y 1905.

En resumen, del entusiasmo de la Junta Local Revolucionaria por derribar el convento de Los Descalzos con su iglesia, pensando en construir un teatro digno de una gran ciudad, se pasó, tras la convicción de que no había dinero para pagar el canon que pedía el Estado, a lograr la cesión del terreno con la excusa de hacer una plaza pública y , por último, a hacer edificar para dar trabajo a los necesitados obreros de la ciudad y aportar algunos beneficios por contribuciones al Municipio.

Durante un tiempo, una parte del solar sirvió para erigir una plaza ajardinada, el parque de Guerra Jiménez.

AMBAS IMÁGENES SON DEL 
SOLAR DE LOS DESCALZOS SIENDO PARQUE AJARDINADO

En 1886, durante la Restauración, el Ayuntamiento gaditano decidió arreglar la situación de Los Descalzos, “adquiriendo” el solar por el precio de 50.000 pesetas, cantidad que se abonó al obispado, aunque sin formalizar escritura pública.

El 30 de octubre de 1891 se procedió a formalizar la "compra-venta" entre la Diócesis y el Ayuntamiento, por medio de una escritura firmada por el obispo José María Rancés y Villanueva y el primer Teniente de Alcalde Francisco Clotet y Miranda. El solar (parte del cual ocupaba el parque ajardinado aludido) estaba inscrito en el registro de la propiedad a nombre del obispo. Sus límites coinciden, aproximadamente, con el plano que se muestra más abajo.  La superficie era de 4109,47 metros cuadrados. De ese solar se segregaron 169 metros cuadrados para una casa, inscrita en el registro de la propiedad, y 1000 metros se habían cedido al Estado para la construcción de una casa de Correos, que no se inauguraría hasta 1929. (Efectivamente, allí está actualmente).

EDIFICIO DE CORREOS QUE OCUPÓ PARTE DEL SOLAR DE LOS DESCALZOS 

En resumen, he tratado de distinguir "las causas verdaderas" y las "causas aducidas" para el derribo del convento de Los Descalzos. La actuación de los franciscanos descalzos el 10 de marzo de 1810, o la noticia que dio sobre la misma Adolfo de Castro, convirtieron al convento en un símbolo de reaccionarismo clerical que había que derribar. La necesidad de espacio, es decir, las razones urbanísticas, se sitúan  en segundo lugar como causa del derribo. Como se puede apreciar en el plano, la parte del huerto del convento tiene aproximadamente el doble de superficie que la que albergaba el edificio. Serían, pues, unos 12.000 metros cuadrados que "recuperó" la ciudad tras hacer desaparecer el convento, su huerto y su iglesia.  Por último, hay que señalar el deseo de dar trabajo a los jornaleros más necesitados, consiguiendo con ello aliviar su situación y también alejar las posibilidades de alteraciones del orden público. 

 ZONA DE CÁDIZ QUE OCUPABA EL CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS DESCALZOS.

EN NEGRO, EL  CONVENTO; EN ROJO, EL HUERTO.

REFERENCIAS

Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, tomo V.

CASTRO y ROSSI, A. de, Historia de la Ciudad y provincia de Cádiz.

Archivo Diocesano de Cádiz, legajo número 174.

Archivo Municipal de Cádiz, Actas capitulares; Caja 5687, carpeta “Convento de los Descalzos”.

Prensa local: El Progreso Democrático, La Soberanía Nacional, El Comercio, La República Federal.

Fundación del Cementerio de los Ingleses de Cádiz

Desde que en 1680 se determinó que todos los barcos que iban de España hacia América debían salir exclusivamente del puerto de Cádiz y sobre todo desde el traslado de la Casa de la Contratación de Indias en 1717, la ciudad se convirtió en un importante lugar de tránsito y residencia de numerosas personas procedentes de otros países. No parece necesario aclarar que, no obstante, la incidencia del protestantismo en la ciudad tenía que ser forzosamente muy escasa. 

En 1791 se confeccionó en la ciudad una “matrícula de extranjeros” cuyo fin era obligar a los foráneos residentes a convertirse al catolicismo en caso de practicar otra religión. Según dicha matrícula, en Cádiz vivían 5161 extranjeros, de los cuales solo 126 varones se declararon protestantes, cantidad que ascendía a 146 si  se contaban sus esposas e hijos.

Dos años después, en 1793, tenía lugar la expulsión de la ciudad de todos los protestantes, quedando obligados los residentes extranjeros a profesar la religión Católica. No obstante, no cabe duda que una ciudad como Cádiz, con una colonia extranjera importante, debido a su carácter comercial, debía albergar un número relativamente significativo de protestantes encubiertos. 

Es probable que, en el caso de los ingleses, la intolerancia religiosa en su contra se templara de alguna forma a causa de su importante colaboración con España durante la contienda contra Napoleón. Esa circunstancia pudo pesar en la decisión de Fernando VII, que el 13 de noviembre de 1831 dio el primer paso para que se pudieran constituir cementerios anglicanos en España, con la promulgación de una real orden que expresaba que no había ningún impedimento para que los ingleses adquirieran terrenos para edificación de camposantos. 

En Cádiz, el 28 de noviembre de 1832, el gobernador militar cedió al cónsul de S.M. Británica cien varas de terreno en extramuros, con destino a un camposanto para los ingleses protestantes. 

Pero la inauguración del cementerio de los ingleses no se llevó a cabo hasta diez años después, en noviembre de 1842, cuando un nuevo obispo anglicano llegó a Gibraltar. Se trataba de George Tomlinson, que se había formado en Cambridge, donde fundó, en 1820,  la sociedad secreta Los Apóstoles de Cambridge. Después de ordenarse sacerdote en 1822, fue entre 1831 y 1842 secretario de la Society for Promoting Christian Knowledge (Sociedad para la Promoción del Pensamiento Cristiano).

    

GEORGE TOMLINSON, 

ANTES DE SER OBISPO DE GIBRALTAR

Era el primer obispo anglicano de la Diócesis de Gibraltar (también denominada Diócesis de Europa, pues, con su catedral en Gibraltar -La Santísima Trinidad- abarca Marruecos, Europa, Turquía y la Antigua Unión Soviética), que acababa de ser creada el 29 de septiembre de ese mismo año. El retraso que se observa entre los momentos en que Fernando VII aprobó la edificación de cementerios (1831) y el cónsul británico en Cádiz compró los terrenos correspondientes (1832), por una parte, y la consagración del cementerio de Cádiz (1842), por otra, se justifica probablemente en que se estuvo esperando la llegada de una autoridad religiosa de nivel adecuado para practicar la consagración.

The Ecclesiastical Gazette. Or monthly register of the affairs of the Church of England, and of its religious societies and institutions, from July 1842 to June 1843, núm. 54 del vol. V, London, Charles Cox, 1843,  en su número correspondiente al 13 de diciembre de 1842 (páginas 119 a 125 del volumen), comunicaba que el obispo había sido entronizado en Gibraltar el día 6 de noviembre y había hecho notar en su sermón que la iglesia Anglicana era una "rama integral de la iglesia Católica".

Respecto a esta última afirmación, hay que decir que se trata de un punto de vista defendido siempre por los anglicanos. Por ejemplo, William Gladstone, primer ministro de Inglaterra entre 1868 y 1874, decía que la Iglesia de Inglaterra era una “rama nacional de la Iglesia Católica” (En COWLLING, M., Religion and public doctrine in modern England, Volume II: Assaults, Cambridge University Press, 2003, p. 80). Actualmente, la Iglesia Anglicana Federal se define como Católica, aunque no romana, y Evangélica, aunque no protestante.

El nuevo obispo estuvo en Cádiz entre el 10 y el 24 de de noviembre de 1842. El mismo día de su llegada, consagró el nuevo cementerio destinado a los ingleses. La ceremonia se efectuó en privado, pues así lo ordenaba la real orden que autorizaba los cementerios, que prohibía además que se erigiese iglesia o capilla y que se exhibiesen símbolos religiosos. 

La Gaceta Eclesiástica hacía un comentario que resulta muy significativo de los problemas habían estado teniendo los no católicos a la hora de ser enterrados en Cádiz:  

"It will be a source of consolation to the friends of those who may be buried here to think that their bodies will now be suffered to rest in consecrated ground, instead of being, as formerly, thrust perpendacularly into a hole in the shore bellow high-water mark"

(“Será un motivo de consuelo para los amigos de aquellos que puedan ser enterrados aquí -en Cádiz-, pensar que sus cuerpos descansarán ahora en suelo consagrado, en vez de ser, cómo hasta ahora, arrojados en la playa dentro un hoyo por debajo del límite de la pleamar”).

Tomlinson, nacido en 1794, seguiría ejerciendo como obispo de Gibraltar hasta su fallecimiento en febrero de 1863, precisamente el mismo año que fray Félix María de Arriete y Llano era elevado a la silla episcopal de Cádiz .

NÚMERO DE LA GACETA ECLESIÁSTICA QUE NOTICIA 

LA CONSAGRACIÓN DEL CEMENTERIO DE LOS INGLESES EN CÁDIZ

El cementerio de los ingleses se ha mantenido abierto hasta los años ochenta del siglo XX, tras diversas vicisitudes, que serán relatadas en próximos artículos. 

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Derribo del convento gaditano de La Candelaria

PLAZA DE LA CANDELARIA, 

ZONA QUE OCUPABA EL CONVENTO

     Desde la proclamación de la república, fray Félix, el prelado gaditano se encontraba en Jimena de la Frontera, realizando su segunda visita pastoral, que había de llevarle por Tarifa, Algeciras, San Roque y Los Barrios, no regresando a Cádiz hasta septiembre de 1874. Esta visita pastoral ha sido interpretada por algunos autores como una excusa del obispo para retirarse de la capital de la Diócesis en momentos que se preveían difíciles. No obstante, hay que tener en cuenta que fray Félix siempre puso su misión pastoral por encima de otras circunstancias. Así lo demuestra el hecho de que no limitó su estancia en el Campo de Gibraltar a la etapa de Salvochea, sino que se mantuvo en dicha zona hasta varios meses más tarde. El 24 de febrero de 1873 fray Félix había designado al arcipreste Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros como gobernador eclesiástico, por haberse ausentado también de la capital el canónigo Vicente Roa. Pero muy pronto tendría que sustituir también a Herrero como gobernador eclesiástico para encargar a Fernando Hüe del difícil cometido de luchar contra las medidas laicistas municipales. 

      La primera medida que tomó Fermín Salvochea tras ser elegido alcalde en marzo de 1873 fue la de expulsar a las monjas agustinas del convento de Nuestra Señora de la Candelaria y ordenar el derribo del edificio así como el de su templo, que estaba abierto al culto. El mismo día de instalación del Cabildo Municipal, el 22 de marzo, el alcalde envió una comunicación escrita a Herrero informándole que una comisión municipal iba a visitar el lunes 24 de marzo los conventos de la Candelaria y Santa María. El día 23, Herrero contestó que había dado las órdenes oportunas, pero necesitaba saber a qué hora se iba a efectuar la visita. Inmediatamente,  recibió una breve respuesta comunicándole que la comisión y arquitecto pasarían por los conventos a la una y media en punto.

       El mismo día 24 de marzo ya había entregado el arquitecto municipal al alcalde un informe sobre el estado del edificio de La Candelaria. De él se extraía la conclusión de que era imprescindible el derribo de algunos muros y habitaciones que se apoyaban en ellos, pero del resto solo se certificaba que se necesitaban obras de conservación. Concretamente, se informaba que era indispensable efectuar la demolición de los muros sobre los que se apoyaban algunas celdas de las monjas en la primera planta, que no eran usadas “por considerarlas la misma comunidad en estado ruinoso y riesgo inminente el habitarlas”. Asimismo, el muro interior correspondiente a la calle Bilbao y su fachada se encontraba “en muy mal estado, por lo que también debería demolerse”. Sobre las demás partes del edificio, el arquitecto solo expresaba que se había observado una  “falta de obras de conservación”.

       Pero la decisión de derruir todo el edificio estaba tomada desde antes de la visita del arquitecto. La Comisión de Fincas Ruinosas, a cuyo frente estaba el alcalde, comunicó el 25 de marzo que, “la mayor parte del edificio” se encontraba “en completo estado de ruina”. Se decidió dirigir un nuevo oficio al gobernador eclesiástico para que en el término de cuarenta y ocho horas se despejase “el edificio por las personas que lo habitan”. Los miembros de la corporación evitaban referirse explícitamente a una exclaustración de monjas, buscando con ello que la medida no fuese interpretada como un efecto del decreto de supresión de casas religiosas de 18 de octubre de 1868, tratando así de evitar que el Estado se apropiase del convento. Preferían hablar de “personas en peligro” que debían desalojar un edificio, fórmula que denotaba el laicismo de los ediles y al mismo tiempo resultaba más conveniente para los intereses municipales. La Comisión fue autorizada para ejecutar inmediatamente en el convento las alteraciones que estimase necesarias para la seguridad pública. Estas “alteraciones” se resumían en el derribo completo del edificio, como se comprobará a continuación.

      El 26 de marzo a las once de la mañana Herrero recibió el oficio del Ayuntamiento y contestó inmediatamente a Salvochea mostrándole su total disconformidad con el informe del arquitecto municipal. Solo reconocía el estado de ruina de uno de los muros exteriores del convento de la Candelaria y participaba que estaba dispuesto a proceder inmediatamente a la reparación de esa parte “contribuyendo así a facilitar trabajo a las clases obreras de esta ciudad”. Había dado ya las órdenes oportunas para establecer una separación entre la parte que debía repararse y el resto del edificio, en el que podía seguir, en su opinión, residiendo la comunidad, “quedando de este modo a salvo la clausura canónica”. Si esto no fuese aceptado por el Municipio, el gobernador eclesiástico se reservaba designar un arquitecto para que procediera a reconocer el edificio y extendiera “su dictamen para los fines que la legislación vigente prescribe”.

     El mismo día 26, Salvochea contestó a Herrero lacónicamente: “Sólo debo manifestarle que se atenga en un todo a lo que le digo en la comunicación que recibió V. a las once de la mañana de hoy”. El gobernador eclesiástico, que pronto abandonaría Cádiz, no tuvo más argumentos por presentar y cedió ante el temor por los disturbios que pudieran producirse. El 27 de marzo escribió al alcalde expresándole que le constaba “por manifestación de personas fidedignas, el inminente riesgo de graves perturbaciones” si no se desalojaba el edificio en el plazo indicado y que por ese motivo había dado las órdenes oportunas para que se realizase la “evacuación”. Evitó usar la palabra “exclaustración”, tratando con ello de seguir el argumento municipal de que se trataba de evitar un peligro para las monjas,  con la esperanza de que, una vez subsanado el problema, estas podrían regresar. Pero nada de esto entraba en los planes de Salvochea.

     En vez de una nueva réplica de Salvochea, el gobernador eclesiástico recibió el 28 de marzo la orden de recoger todos los objetos sagrados del templo del convento, con la intención explícita de derribarlo también. Se había procedido ese día al desalojo de las monjas y ya habían comenzado los trabajos de derribo del convento. El arquitecto municipal había comunicado a Salvochea que, al efectuar trabajos en las cubiertas, había visto confirmado que la armadura que cubría el mirador de la nave de la iglesia estaba en tal mal estado que exigía su demolición. El gobernador eclesiástico contestó a Salvochea que la Alcaldía debía comprender que era su deber protestar contra esa determinación municipal, que lastimaba los derechos de la Iglesia y conculcaba, a su juicio, los que se tenían al amparo de la legalidad vigente. A continuación, manifestó al alcalde que estaba dispuesto a proceder a desalojar la iglesia, pero que esperaba de su cortesía que al menos le diese algún plazo, pues aunque se trabajase sin descanso, se necesitaban al menos dos o tres días para extraer los altares, imágenes y demás enseres del templo.

    La prensa católica conservadora gaditana se movilizó enseguida en contra de la medida municipal. Desde El Comercio (portavoz del Partido Moderado, de la Asociación de Católicos y de los denominados "neocatólicos") se expresaba que los católicos no esperaban que los republicanos federales de Cádiz rindiesen culto a sus  creencias, pero les pedían que fueran consecuentes con sus ideas y respetasen en los que no eran republicanos las libertades absolutas y derechos individuales que tantas veces habían reclamado para ellos, así como para todas las opiniones y para todas las creencias. Las “santas mujeres” que ocupaban el convento de la Candelaria, “inofensivas por su sexo y por su alejamiento del mundo y de toda clase de intereses profanos”, tenían derecho, desde el punto de vista de las libertades que defendían los republicanos, “para vivir en clausura, consagradas a Dios y a la práctica de las virtudes cristianas”. Los católicos conservadores conocían la razón que daban los munícipes para desalojar a las monjas de su convento, pero defendían que no se trataba más que de un pretexto para destruirlo, “pasando por encima de unos derechos indiscutibles” desde su punto de vista. El 26 de marzo una manifestación de señoras había estado durante “todo el día en movimiento dirigiéndose de una parte a otra en demanda de justicia”. Eran “varios centenares de damas, entre las cuales se veía todo lo más distinguido de la buena sociedad gaditana”. Habían acudido a las casas capitulares para pedir al alcalde que revocase la orden de desalojo de La Candelaria, pero sus gestiones no obtuvieron ningún resultado. 

GRABADO REPRESENTANDO LA MANIFESTACIÓN

DE DAMAS  CONTRA EL DERRIBO

      Los republicanos de La Soberanía Nacional informaron a sus seguidores que las señoras de la manifestación habían invadido desordenadamente el Ayuntamiento, dando “gritos de despecho movidos por el fanatismo religioso”, lo cual se encargó de rebatir El Comercio informando a los suyos que solo había subido una comisión de señoras a parlamentar con el alcalde, permaneciendo el resto en el patio de entrada, sin producirse gritos ni otras alteraciones del orden.

    Por la noche del día 26 de marzo, una comisión municipal se había reunido con el gobernador eclesiástico, no logrando el último ni siquiera el retraso del plazo señalado, que según su opinión, era insuficiente y hacía casi imposible sacar del convento los utensilios y enseres que contenían en cuarenta y ocho horas. Los miembros de la Asociación de Católicos de Cádiz habían estado reunidos también el día 26 en junta extraordinaria para acordar los recursos necesarios y medios legales que procedieran para recurrir contra el acuerdo municipal.

      El desalojo de las monjas se realizó el 28 de marzo. Los católicos de Cádiz daban por consumada la primera parte de los propósitos municipales sobre el convento e iglesia y auguraba que pronto se cumpliría la segunda: “La piqueta revolucionaria recibirá pronto el impulso para convertir el templo en ruinas”. La fecha del cierre fue evaluada por los clericales como un “día de verdadero luto para los católicos”. Las señoras que habían celebrado la manifestación del día 26 participaron en una ultima liturgia en el templo del convento. El Sagrario se trasladó a continuación al cercano convento de Nuestra Señora de la Piedad, de franciscanas concepcionistas descalzas, entre la conmoción de los numerosos espectadores, pues “no se oían más que sollozos mal reprimidos y aun hubo personas a quienes fue preciso retirar, acometidas por accidentes producidos por los mismos esfuerzos que hicieron para reprimirse. Hombres y mujeres, eclesiásticos y seglares, todo el mundo lloraba”. En contraste con el pesar de los católicos, los republicanos, “para dar digno remate a la obra”, organizaban entre tanto una protesta contra la manifestación de señoras del día 26 y “unas doscientas personas de ambos sexos recorrían la ciudad con una banda de música y unas banderas en las cuales se leía el lema de ¡Abajo los conventos!”.

PÁGINA DE EL COMERCIO EN LA QUE SE NOTICIA EL DESALOJO DE LAS MONJAS DE LA CANDELARIA

El Comercio hacía alusión a esta manifestación de hombres y mujeres contra el convento, realizada simultáneamente a su abandono, para que sirviera de contraste con el dolor de los fieles, pero obviaba la que tuvo lugar el día 27, formada exclusivamente por mujeres. A primeras horas de ese día el templo de La Candelaria se había cerrado ante el número de personas que se acercaban por sus inmediaciones. Por la mañana, las mujeres republicanas del Círculo Mariana de Pineda, acompañadas por la banda de música del hospicio, desfilaron por la ciudad daño gritos de “Abajo los conventos” y cantando el “Trágala” (la canción que entonaban los liberales en Cádiz para humillar a los absolutistas desde el levantamiento de Riego). Se dirigieron al edificio municipal, donde fueron recibidas por el alcalde y varios concejales. Margarita Pérez de Celis, en nombre del círculo, hizo entrega de un escrito a favor de la ejecución del acuerdo municipal, reanudando a continuación su recorrido y pasando por delante del convento dando gritos de “Abajo Candelaria”. El escrito entregado al Ayuntamiento decía:

"A los ciudadanos que componen el Ayuntamiento Popular de esta ciudad. Habiéndose presentado en el día de ayer una manifestación de un centenar de señoras aristócratas hipócritamente por la influencia de los curas, a pedir que no se haga el derribo del convento de Candelaria, que está ruinoso y denunciado; Y nosotras conociendo la dañada intención con que se han presentado dichas señoras a pedir a esa digna corporación una cosa tan injusta, indigna de una población culta, pedimos que no tan solo se derribe el convento en cuestión, sino que todos los que existen, por ser estos establecimientos de ninguna utilidad a la sociedad, a la religión y a los adelantos del siglo diecinueve; esperando lo hagan con toda rectitud por ser de justicia. Salud y República Federal Social".

La conmoción entre gran parte de los católicos gaditanos por la exclaustración de la Candelaria fue enorme. Francisco Mateos-Gago, catedrático de Teología y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Literaria de Sevilla, que había sido vicerrector del Seminario de Cádiz, decía poco después de la expulsión de las monjas que esta se había verificado “con saña tan verdaderamente federal, que se prohibió que sacaran ni aun las ropas de su uso, permitiéndoseles solo llevar la ropa puesta”.

Los católicos conservadores evaluaron que la inmensa mayoría de los gaditanos dieron una muestra inequívoca de su identidad católica al acudir a presenciar la despedida de las  monjas. Los redactores de El Comercio estaban convencidos de que si se hubiera votado un plebiscito a favor o en contra de las monjas de la Candelaria, los enemigos de las monjas habrían sido una minoría exigua, pues nunca había estado “más pronunciada la opinión pública”. Durante la salida de las monjas “nadie se recataba para protestar con su actitud, con su palabra, con su ejemplo, contra los hechos lamentables que se estaban consumando”. Además de El Comercio, La Palma (también moderado), La Voz de Cádiz (partidario de la Unión Liberal y de la restauración borbónica) y La Monarquía Tradicional (carlista) protestaron en sus páginas contra la expulsión de las monjas de la Candelaria. 

Mientras tanto, La Soberanía Nacional, representante de los republicanos federales más moderados, refiriéndose a las damas que se manifestaron para que no se cerrase el convento, comentaba que nada de esto hicieron cuando hacía poco se había cerrado la fábrica de tabacos de Cádiz, que dejó (aunque por poco tiempo, pues fue vuelta a abrir) a muchas gaditanas de las clases más necesitadas sin un trabajo imprescindible para subsistir.

Por su parte, los gaditanos partidarios de la política municipal animaban al Ayuntamiento a que llegase más lejos. El Cabildo Municipal recibió el 28 de marzo una instancia suscrita por algunos ciudadanos solicitando que no sólo se realizase el derribo del convento de la Candelaria sino el de todos los demás que existían en la ciudad, pero esta propuesta no se discutió siquiera. Los conventos de monjas que seguían abiertos eran el de Nuestra Señora de la Piedad, de franciscanas concepcionistas descalzas, y el de Santa María de la Concepción, de franciscanas concepcionistas calzadas. El último había sido inspeccionado el mismo día que el de la Candelaria por el arquitecto municipal pero nunca se discutió sobre su desalojo.

El Poder Ejecutivo de la república no había aprobado lo realizado por Salvochea con el convento de La Candelaria. Pero ello no impidió que tratase de rentabilizar los acontecimientos a su favor. El mismo día que el convento era desalojado y se iniciaba el derribo, el gobernador civil, Moreno Portela, decía por escrito al alcalde que el subsecretario del Ministerio de la Gobernación, en telegrama llegado esa misma tarde, le había hecho la siguiente pregunta : “Sírvase V.S. decirme qué hay de cierto respecto al derribo del convento de la Candelaria que se dice va a acordar el Ayuntamiento”. Los miembros del Gobierno habían tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Cádiz porque las señoras que se habían manifestado el día 26 habían telegrafiado a Figueras y Castelar pidiéndoles que no se permitiera el derribo del convento. Ambos les contestaron que no estaba entre sus atribuciones impedirlo, pero que se iban a dirigir a quien correspondiese para que no se derribase ningún templo. El día 29 de marzo, cuando se recibió el escrito de Moreno Portela en el Ayuntamiento, Salvochea le contestó que ya se había procedido al derribo de la iglesia y del convento, porque su estado de ruina amenazaba con gran peligro a la población. Es obvio que no se “había procedido al derribo”, sino solo a iniciarlo, pero el alcalde no quería recibir la orden de parar los trabajos y quiso dar la impresión de que ya todo estaba concluido.

El 28 de marzo tenía el alcalde otro escrito en sus manos, este del administrador económico de la provincia, que le comunicaba que, habiendo tenido noticia de la demolición del convento de la Candelaria y estando prevenida por orden del Ministerio de Hacienda con fecha 16 de noviembre de 1868, cuya copia acompañaba, la incautación de los solares y materiales procedentes de los derribos de este tipo, había designado un representante para inspeccionar las operaciones y para la formación del inventario de los materiales que resultasen, a fin de que el Estado procediese a enajenarlos en pública licitación. Como se puede comprobar, una vez realizada la exclaustración e iniciado el derribo, el Estado “legalizaba” la decisión del alcalde recordando circulares que habían estado en el olvido y utilizaba los hechos consumados por iniciativa municipal para tratar de incautarse del solar. 

     La propiedad estatal de los conventos exclaustrados no había sido discutida desde el comienzo de las desamortizaciones, pudiendo este proceder posteriormente a cederlo al respectivo Municipio. Pero Salvochea no estaba dispuesto a que la Administración central, que no había mostrado desde el principio el más mínimo interés en que se cumpliese el decreto de exclaustración de octubre de 1868, quisiera ahora aprovechar la situación llevada a cabo por una decisión municipal, llevándose los beneficios económicos que reportase. Ante el oficio del administrador económico de la provincia, resolvió no negarse de momento abiertamente, pero le advirtió que el Ayuntamiento estaba costeando el derribo y los gastos que se estaban produciendo debían ser resarcidos del producto de la venta de los materiales.

    Después de haber expulsado a las monjas y derribado el convento de la Candelaria por iniciativa propia, rebasando sus atribuciones, y de haber desoído la orden del administrador de Hacienda de la provincia relativa a la propiedad de los materiales, incautándose de los beneficios de los mismos, Salvochea envió una solicitud al ministro de Hacienda, por conducto de los diputados republicanos por Cádiz, pidiendo que se entregara el solar a la ciudad. En primer lugar, justificaba una vez más el derribo por el mal estado del edificio y el consecuente peligro para los transeúntes: “El Ayuntamiento republicano federal de Cádiz, con la atención debida, hace a V. presente: que el estado de ruina en que se encontraban el convento e iglesia de monjas de la Candelaria de esta ciudad, hizo indispensable proceder a su derribo, como medida de seguridad no sólo para las personas que lo habitaban, sino también para las que transitaban por sus inmediaciones”. A continuación, quiso hacer ver que aunque la decisión no había sido voluntaria, sino impuesta por las circunstancias, había dado lugar a una mejora urbanística de esa parte de la ciudad: “De esta determinación, que la necesidad impuso, ha resultado una mejora que de antiguo se hacía sentir, cual era la de ampliar la antes mezquina plaza llamada recientemente de Castelar, y ensanches de las estrechas calles de Bilbao y Jacobinos”. Salvochea parecía reconocer ahora la propiedad estatal del solar, a pesar de que esto no le había impedido derribar el convento sin autorización del Gobierno: “Para que el pueblo de Cádiz pueda disfrutar de esta mejora, se hace indispensable que por el Estado, a quien pertenece el expresado solar, se ceda a esta ciudad para dedicarlo a un objeto de tan reconocida utilidad pública”. Y en vista de todo lo anterior, se pedía al ministro que cediera al pueblo de Cádiz el solar en que estuvo el convento y la iglesia de la Candelaria “para satisfacer la necesidad antes indicada; así como los materiales que produzca el derribo para aplicarlos a la construcción de un mercado, que se hace indispensable para el abasto del vecindario”.

LA PLAZA RESULTANTE DEL SOLAR, FUE LLAMADA INICIALMENTE "PLAZA DE CASTELAR". AQUI, CON EL MONUMENTO AL POLÍTICO REPUBLICANO GADITANO

El gobernador eclesiástico Sebastián Herrero, no supo estar a la altura de las circunstancias en la confrontación para evitar la exclaustración y derribo del convento. Cierto es que poco podía hacerse y Herrero debía estar convencido de que el alcalde no iba a cejar en ningún caso en su decisión sobre el convento. Pero podría haber acudido al ministro de Gracia y Justicia, buscando un reconocimiento de la ilegalidad de la actuación municipal El Ayuntamiento no se apropió de las imágenes, cuadros y otros objetos de valor del convento y permitió que fueran retirados por el Obispado. Pero esto no fue así porque el gobernador eclesiástico hubiera hecho alguna gestión al respecto, sino porque Salvochea solo estaba interesado en los materiales del derribo y en el solar. El 30 de marzo, dos días después de la exclaustración de las monjas, el Obispado comenzó a transportar las imágenes, cuadros y molduras del templo, pidiendo a los directores de El Comercio y La Monarquía Tradicional, que organizasen colectas entre los que quisieran ayudar a los gastos del traslado. 

En poco tiempo, Herrero sería substituido como gobernador eclesiástico por Fernando Hüe, que mostraría su preparación y flexibilidad para abordar el problema.

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REFERENCIAS:

• Archivo Municipal de Cádiz, Caja 6677, carpeta "Derribo de Candelaria".
• Archivo Municipal de Cádiz, Actas del Cabildo Municipal desde el 22 de marzo hasta el 5 de junio de 1873.
• Archivo de la Diócesis de Cádiz, legajo 174.
• El Comercio, números 10531 a 10535, de 27 a 31 de marzo de 1873. 
• Números sueltos de La Palma, y La Soberanía Nacional
• MATEOS-GAGO FERNÁNDEZ, F., “Hazañas Cantonales” (Artículo dirigido al Gibraltar Guardian, fechado el 26 de julio de 1873), en  Colección de opúsculos, Sevilla, Imprenta y Librería de A. Izquierdo, 1887,  p. 230. Mateos-Gago sería un personaje muy relevante en posteriores polémicas entre el integrismo y el accidentalismo de León XIII.