El Gobierno Provisional y la supresión de órdenes

EL GOBIERNO PROVISIONAL DE OCTUBRE DE 1868

         El  8 de octubre de 1868, se constituyó en España un Gobierno provisional en espera de que una nueva Constitución sancionara la forma de Gobierno por la que se debería regir el país. En el nuevo Gabinete se encontraban los tres militares que habían encabezado el pronunciamiento: El gaditano (de San Fernando) Francisco Serrano, como presidente; Juan Prim, como ministro del Ejército, y Juan Bautista Topete como ministro de Marina. El primero y el ultimo pertenecían a la Unión Liberal (formada por los miembros más avanzados del partido Moderado y los más conservadores del partido Progresista); Prim era progresista. Otros unionistas del Gabinete eran Antonio Romero Ortiz (Gracia y Justicia), Juan Álvarez Lorenzana (Estado) y Adelardo Pérez de Ayala (Ultramar); por su parte, Práxedes Mateo Sagasta (Gobernación), Manuel Ruiz Zorrilla (Fomento) y Laureano Figuerola (Hacienda), eran progresistas. Los demócratas se negaron a formar parte del Gabinete, pues tan solo se les ofreció un Ministerio. 

       Como se puede comprobar, la coalición que había hecho la revolución (progresistas, unionistas y demócratas)  comenzó a romperse tan pronto se llegó al poder. Por otra parte, gran número de demócratas, con su presidente José María Orense a la cabeza, formaron un nuevo partido, el Partido Democrático Repúblicano Federal, cuando el Gabinete publicó un manifiesto en el que se decantaba hacia la Monarquía y algunos demócratas (los "cimbrios") aceptaron esa forma de Gobierno.  De esta forma, desde el principio, los revolucionarios defendieron dos formas distintas de Estado (Monarquía o República) y también dos maneras distintas de entender las relaciones con la Iglesia católica y también el grado de secularización al que se deseaba llegar (generalizando, supeditación de la Iglesia al poder temporal o separación completa de Iglesia y Estado). 

        El Gobierno Provisional asumió gran parte de las exigencias de las Juntas que conducían a implantar un amplio programa progresista e hizo algunas concesiones a los demócratas, como la consagración del sufragio universal masculino, la libertad de prensa y la de asociación. 

El Gabinete promulgó durante su primer mes de funcionamiento un elevado número de disposiciones legales que afectaban a la Iglesia. El primer decreto que ratificaba los actos anticipados por algunas Juntas fue el de supresión de la Compañía de Jesús, publicado el 13 de octubre de 1868 en la Gaceta de Madrid. Los jesuitas debían cerrar todos sus colegios e institutos en el término de tres días y todos sus bienes pasaban a poder de la Nación, con arreglo a lo dispuesto en el decreto de 4 de julio de 1835[1]. Se encargaba a las autoridades eclesiásticas y a cuantos ejercieran jurisdicción civil o eclesiástica que coadyuvasen al cumplimiento del decreto conforme a la Pragmática Sanción de 2 de abril de 1767 y el Breve de Su Santidad de 21 de julio de 1773[2]. En la ciudad de Cádiz no había jesuitas pero sí en la cercana localidad de El Puerto de Santa María, situada al otro lado de la Bahía de Cádiz. Los religiosos tuvieron que ser evacuados en secreto de la ciudad, ante el temor de ataques o daños personales. En la operación estuvo implicado Juan Bautista Topete, que se encargó de que los religiosos embarcasen en dirección a Cádiz, donde no tuvieron ningún problema.  

COLEGIO DE LOS JESUITAS DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

      El 15 de octubre de 1868, quedó derogado el decreto de 25 de julio del mismo año, promulgado por el Gobierno derribado, autorizando a las comunidades religiosas a adquirir y poseer bienes. Era una orden preparatoria del decreto de supresión de casas religiosas de 18 de octubre, según el cual quedaban extinguidas todas las fundadas después del 29 de julio de 1837 (es decir, después del decreto de supresión de ordenes religiosas del Ministerio Mendizábal). Se incluía conventos, colegios y congregaciones, pasando todos los edificios, bienes y rentas a ser propiedad del Estado. 

    Los conventos fundados con anterioridad a la fecha citada anteriormente, debían quedar reducidos por provincias a la mitad, para lo que se daba a los gobernadores civiles el plazo de un mes. En realidad, esta última medida se refería a los conventos de monjas, pues, de facto, no se cerraron por la disposición legal de 1837 y el Concordato de 1851 permitió que se mantuvieran abiertos siempre que se dedicaran a la enseñanza a o obras benéficas. Tan solo se autorizaba la conservación de las casas y actividades de las hermanas de la Caridad, y los religiosos de San Vicente de Paúl, Santa Isabel, Doctrina Cristiana y todas las que estuvieran  dedicadas a la enseñanza y beneficencia, quedando sujetas a la jurisdicción del ordinario de la Diócesis respectiva[3]. 

       El 19 de octubre quedaron suprimidas las Conferencias de San Vicente, una institución encuadrada en la Congregación de San Vicente de Paúl. Las conferencias habían sido fundadas por Frédéric Ozanam en 1833, y constituidas en Madrid en 1850 por el pianista Santiago Masarnau. Estaban formadas exclusivamente por seglares y cumplían una notable función caritativa, lo cual hace difícil entender los motivos de la supresión. La única causa citada explícitamente en el decreto correspondiente era que obedecían a una autoridad extranjera. Meses después, el 24 de febrero de 1869, Romero Ortiz, como ministro de Gracia y Justicia, explicaba por qué se suprimieron las conferencias, diciendo que eran “instrumentos ciegos de un poder misterioso y desconocido que reside en París, como el Gran Oriente del Masonismo”, poder al que Romero achacaba haber ordenado actos ilegales e incluso criminales contra la revolución. Al parecer se refería al asesinato del gobernador civil de Burgos cuando trataba de entrar en su catedral para incautarse de los archivos, pero este hecho se produjo meses después de la supresión[4]. 

FRÉDÉRIC OZANAM

SANTIAGO MASARNAU 

El 22 de octubre se suprimieron las congregaciones masculinas de San Vicente de Paúl y San Felipe Neri. Y el 3 de noviembre un nuevo decreto trataba de crear asociaciones civiles de caridad, dependientes del Gobierno a través de los respectivos gobernadores civiles, para cubrir los cometidos de las recién suprimidas Conferencias de San Vicente de Paúl. Las medidas anteriores  han sido calificadas como de “verdadero golpe bajo para los religiosos”[5]. Pero las supresiones no iban mucho más allá de las decididas en julio de 1837.

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[1]  Desde que en 1815 Fernando VII suprimió la pragmática sanción de Carlos III de 2 de abril de 1767, restaurando a los jesuitas, la orden se convirtió a los ojos de los liberales en el principal símbolo de la alianza de la Iglesia con el Absolutismo. Por eso los jesuitas habían sido objeto de nuevas supresiones en 1820 y en 1835. Cfr. REVUELTA GONZÁLEZ, MANUEL, La exclaustración (1833-1840), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1976, pp. 207-8.

[2]  En 1773 el papa Clemente XIV, tras enfrentarse a presiones de Francia, España y Portugal exigiéndole la desaparición de la Compañía de Jesús, terminó cediendo y la suprimió mediante el breve Dominus ac Redemptor.

[3]  En la Gaceta de Madrid  de 19 de octubre de 1868.

[4]  Sobre la implantación de las Conferencias de San Vicente de Paúl en España, vid. SUÁREZ, F., Santiago Masarnau y las Conferencias de san Vicente de Paúl, Madrid, Rialp, 1991. Madrid, También ANDRÉS-GALLEGO, J., y PAZOS,  A. M., La Iglesia en la España contemporánea./1. 1800-1936, Madrid, Encuentro, 1999, pp. 219 y siguientes. 

Sobre las explicaciones de Romero Ortiz, Cfr. RODRÍGUEZ y MORALES, J., Crónica de las Cortes Constituyentes y los acontecimientos políticos de España durante el periodo legislativo, tomo I, Madrid,  Imprenta de Manuel Galiano, 1869, p. 204.

[5]  MOLINER PRADA, A., “Algunos aspectos del anticlericalismo español en la Revolución de 1868”, en Revista Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea, 14 (1994), p. 144.

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Las juntas revolucionarias de septiembre de 1868

   El vacío inicial de poder consecuente al estallido revolucionario de septiembre de 1868 dio lugar a la formación de numerosas Juntas revolucionarias, que encarnaron las aspiraciones de los liberales más radicales y de los demócratas, aún no divididos entre monárquicos y republicanos. Las Juntas sentaron las bases del nuevo régimen al tomar en sus áreas locales decisiones que serían sancionadas posteriormente por el Gobierno provisional. Estas medidas iniciales se correspondieron en gran medida con los objetivos de los progresistas, aunque no faltasen algunas concesiones a los demócratas[1], como el derecho al sufragio universal masculino, que había sido pactado en la reunión de Ostende de agosto de 1866.

 En Cádiz hubo tres Juntas[2]. A las tres de la madrugada del día 18 de septiembre se constituyó una Junta Provisional Revolucionaria, que proclamó de inmediato las libertades de enseñanza, imprenta, reunión y comercio, el desestanco del tabaco y de la sal y la supresión de los derechos de consumo. Las disposiciones de carácter religioso fueron escasas. Aparte de la proclamación de la libertad de cultos, se tomó una decisión de escasísima trascendencia: Ordenar a la Compañía de Serenos suprimir la voz de “Ave María Purísima” al cantar las horas.

La presencia inicial en Cádiz de Prim, Topete y Serrano, los militares protagonistas de la revolución, impidió que en los primeros momentos se tomaran medidas más radicales. La Junta Provisional Revolucionaria estaba compuesta por dieciocho individuos, de los que siete eran demócratas: José Paúl y Angulo, Ramón de Cala, Rafael Guillén Martínez, Eduardo Benot, Francisco Lizaur, Antonio Rafael García y Narciso Campillo. Otro componente de la Junta, el progresista  Antonio Ángel de Mora, formaría parte de la candidatura municipal republicana de enero de 1869, y otro progresista, Juan José Junco, se declararía republicano en noviembre de 1868. Había además, como mínimo, otros dos progresistas avanzados, José de Sola, presidente de la Junta, y Manuel de Sola. 

CALA, BENOT Y GUILLÉN

El general progresista Juan Prim, uno de los principales protagonistas del alzamiento junto con Topete y Serrano (ambos partidarios de la Unión Liberal), designó el 20 de septiembre una Junta Provincial de Gobierno, mucho más moderada que la anterior, pues aunque formaban parte de ella los demócratas Francisco Lizaur, Manuel Francisco Paúl (primo de José Paúl), Ramón de Cala y Rafael Guillén Martínez, así como el progresista avanzado José de Sola, estaba presidida por el unionista Juan Bautista Topete e incluía a una mayoría de unionistas y progresistas moderados. La Junta Provincial decidió no tomar ninguna resolución que pudiera tener carácter de ley permanente de Estado, no haciendo una declaración expresa de libertades. El día 21 de septiembre disolvió a la Junta Revolucionaria, con lo cual se reducía ostensiblemente el protagonismo inicial de los demócratas y progresistas avanzados, y designó una Junta Local.

TOPETE, PRIMER PRESIDENTE 

DE LA JUNTA PROVINCIAL  DE GOBIERNO DE CÁDIZ

Haciendo referencia general a las Juntas que se constituyeron en España durante los momentos iniciales de la revolución de septiembre de 1868,  un testigo tan significativo como el republicano Pi y Margall afirma que en ellas prevalecieron las ideas del Partido Democrático, por encima de los otros dos partidos participantes (el Progresista y la Unión Liberal) [3].   Sin embargo, el predominio de los progresistas en gran parte de las Juntas, y no de los demócratas, ya fue confirmado por algunos escritores coetáneos a los acontecimientos, todos favorables a la revolución, aunque desde distintas posiciones políticas. Las “historias del presente” de estos testigos de los acontecimientos ayudan a entender la visión que tenían los revolucionarios sobre la importancia de las Juntas y su papel de indicadoras desde un primer momento de la dirección a seguir. 

     Entre estos relatores de primera mano de los acontecimientos se encuentran representadas las distintas tendencias políticas de los partidarios de la revolución. Por ejemplo, Antonio Altadill y Teixidó era un periodista demócrata nacido en Tortosa que se convertiría al republicanismo federal y sería gobernador civil de Guadalajara y de Murcia durante el periodo de la república. 

Otro de ellos, Leopoldo de Alba Salcedo, un liberal gaditano,  nacido en Vejer de la Frontera, favorable a las posiciones políticas de Topete y Serrano, sería diputado conservador a Cortes en 1876. 

PORTADA DEL LIBRO DE LEOPOLDO DE ALBA

 SOBRE LA REVOLUCIÓN

El cordobés Carlos Rubio y Collet se sitúa en el centro de las orientaciones políticas de los dos anteriores. Era miembro del Partido Progresista y había actuado como secretario de Prim durante su destierro en Inglaterra. De los tres, Altadill fue el más explícito al expresar que los demócratas (sus copartidarios) se hallaban en minoría en casi todas las Juntas, sobre todo en las capitales de provincia. Siguiendo una idea común expresada por los republicanos, su opinión era que las Juntas habían desvirtuado el alzamiento al no conferirle el carácter revolucionario que desde los primeros momentos le dio el pueblo[4].

Uno de los principales anuncios democráticos de las Juntas fue el del sufragio universal. La de Sevilla lo valoraba el 20 de septiembre, “como base y fundamento de la legitimidad de todos los poderes y única verdadera expresión de la voluntad nacional”. También proclamó la libertad absoluta de imprenta, las de enseñanza, cultos,  tráfico e industria, la abolición de la pena de muerte, la de las quintas y la del derecho de puertas y consumos. Declaró igualmente la unidad de fueros, suprimiendo el eclesiástico, y aceptó provisionalmente la Constitución no promulgada de 1856, excepto el artículo concerniente a la religión del Estado y el título relativo a la dinastía y reglas de sucesión a la Corona.

Principios semejantes a los de la Junta de Sevilla se proclamaron por la de Córdoba el mismo día 20 de septiembre. La de Málaga propuso el día 25 una proclamación de derechos en la misma línea que las anteriores  y el 26 decidió reunir en uno o dos conventos a las monjas de la ciudad y proceder inmediatamente a la demolición de todos los demás, añadiendo el 27 un  principio tan propio de los demócratas como el de la descentralización. También proclamó la libertad de conciencia y el derecho a erigir libremente templos de cualquier religión, aunque admitía que la católica continuase siendo la religión del Estado. La Junta de Barcelona distribuyó entre la población un manifiesto muy duro contra el Gobierno de González Bravo, proclamando genéricamente la libertad y el progreso. La de Zaragoza proclamó el día 29 la Soberanía Nacional y pidió elecciones a Cortes Constituyentes por Sufragio Universal.

Respecto a los actos contra órdenes religiosas o templos, además de la supresión de conventos de monjas de Málaga, ya mencionada, los más destacables se produjeron en Sevilla. La supresión de los conventos de Mínimas, Dueñas, Socorro, Santa Ana, San José, San Leandro y Santa Isabel se hizo de acuerdo con la autoridad eclesiástica, que probablemente aceptó para evitar perjuicios mayores. La Junta de Córdoba cerró cuatro conventos de monjas[5]. En Zaragoza, el 29 de septiembre las turbas intentaron quemar el palacio arzobispal, pero “algunos republicanos de orden y revolucionarios de mejor sentido” evitaron el desmán. En Valladolid, los demócratas se hicieron dueños de la situación y convirtieron el templo de los Mostenses en “templo de la libertad” para sus reuniones políticas[6]. La Junta de Lérida derruyó una parroquia y cerró el Seminario Conciliar, medida esta muy frecuente, que se repitió en Salamanca, Valladolid, Tortosa y Málaga. En Huesca, el obispo fue expulsado el 8 de octubre por la Junta revolucionaria[7]. Las Juntas de Barcelona y Calatayud decidieron la expulsión de los jesuitas[8].

No faltaron Juntas muy moderadas en su conducta hacia el clero. La de Valladolid, aunque expulsó a los jesuitas, se mostró respetuosa con el cardenal, que confesó haber recibido diariamente testimonios de respeto de toda clase de personas, incluyendo a los miembros de la Junta revolucionaria. En Astorga, el obispo se congratulaba de lo juiciosa y pacífica había sido la actuación de la Junta local[9]. La de Santander se apresuró a comunicar que su principal objetivo era conservar el orden y consagrar un respeto religioso a la propiedad,  y solo explicitó el derecho a la Soberanía Nacional[10]. La Junta de Cuenca y otras se pusieron decididamente a favor de la Iglesia. La Junta de Burgos no tomó ninguna medida contra las órdenes religiosas[11].

          La situación revolucionaria y la rapidez con que se sucedieron los edictos y acciones de las Juntas hicieron que no se produjera una reacción eclesiástica inmediata, reduciéndose esta a la comunicación de los obispos al nuncio Franchi de lo sucedido en sus respectivas Diócesis. Poco después de constituido el Gobierno provisional, la prensa contraria a la revolución comenzó a insertar en sus páginas las protestas de grupos de seglares contra las medidas eclesiásticas de las Juntas. El 15 de octubre de 1868, varios centenares de señoras de Sevilla dirigieron un escrito a Serrano, presidente del Gobierno, protestando por los actos de la Junta de Sevilla, entre los que las firmantes destacaban la demolición total de cincuenta y siete templos[12]. También con el Gobierno provisional ya constituido, el nuncio informó de lo sucedido al secretario de estado del Vaticano, cardenal Antonelli, atribuyendo el origen de los “atentados” a que las Juntas revolucionarias estaban formadas por anarquistas adscritos en buena parte al Partido Democrático. Añadía: “Lo que nadie consigue explicarse es por qué el Gobierno provisional no ha suprimido todavía dichas Juntas y aprovecha en cambio sus normas e indicaciones para satisfacer sus aspiraciones”[13].

EL NUNCIO, ALESSANDRO FRANCHI 

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[1]  De la Fuente Monge, mediante el estudio de la composición de las primeras Juntas revolucionarias provinciales, antes de ser renovadas por elecciones, ha comprobado que, si bien los republicanos entraron en al menos 37 Juntas, de las que 14 eran tripartitas, el poder se decantó claramente a favor de los monárquicos, en una proporción de dos a uno respecto a los republicanos. De  aquellos, la mayoría (setenta y uno por ciento ) era progresista, repartiéndose el resto entre una minoría de unionistas (diecinueve por ciento) y demócratas monárquicos (nueve por ciento). Resulta claro, con estos datos, que las Juntas defendieron mayoritariamente el proyecto de Estado progresista. FUENTE MONGE, G. de la, en Los revolucionarios de 1868: elites y poder en la España liberal, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 143-6.

[2]  Sobre las Juntas revolucionarias de Cádiz de 1868, vid. HERRÁN PRIETO, J., La Gloriosa en Cádiz: de la Revolución de 1868 a la Constitución de 1869, Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, 1986,  pp. 49-70.

[3]  PI y MARGALL, El Reinado de Amadeo de Saboya y la República de 1873, (Edición de Madrid, Dossat, 1980 (prologada por Antoni Jutglar), p. 53.

[4] Veáse ALTADILL y TEIXIDÓ, A., La monarquía sin monarca: Grandezas y miserias de la Revolución de septiembre, Barcelona, Eduardo González, 1869. ALBA SALCEDO, L., La Revolución española en el Siglo XIX, Madrid, Imprenta de la Biblioteca Universal Económica, 1869. RUBIO y COLLET, C., Historia filosófica de la Revolución española de 1868, tomo II, Madrid, Imprenta y librería de M. Guijarro, 1869. También, LARA, D. M. M., de, El Cronista de la Revolución Española de 1868. Narración fiel de todos los sucesos que componen el glorioso movimiento, con todos los documentos oficiales que se han publicado durante su curso hasta la constitución del Gobierno provisional, 1ª División, Barcelona, Imprenta de Celestino Verdaguer, 1869. Y también MONTES, P. D., Historia de la gloriosa revolución española en septiembre de 1868, con las biografías y retratos de los libertadores de la patria, Madrid, Elizalde y Compañía, 1868.

[5]  CARBONERO y SOL, L., La Cruz, tomo II, Sevilla, Imprenta de A. Izquierdo, 1868, p.444.

[6]  EIRAS ROEL, A., El partido Demócrata Español (1849-1868), Madrid, Rialp, 1961, p. 375.

[7]  CÁRCEL ORTÍ, V., “Los obispos españoles ante la revolución de 1868 y la Primera República”, en Hispania Sacra,  28: 55/56 (1975: enero-dic), pp. 344-6.

[8]  MONTES, op. cit.,  pp. 354 y 355.

[9]  CÁRCEL ORTÍ, V., “Los obispos españoles...”, op. cit., pp. 345-8.

[10]  RUBIO, op. cit., pp. 151-2; LARA, op. cit., p. 35.

[11]  MOLINER PRADA,  A., “Anticlericalismo y revolución liberal (1833-1874)”, en LA PARRA LÓPEZ, E. y SUÁREZ CORTINA, M. (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, p. 107.

[12]  CARBONERO y SOL, L., La Cruz, tomo II, 1868, op. cit., p. 382; El Comercio, número 8927, 22 de octubre de 1868.

[13]  CÁRCEL ORTÍ, V., Iglesia y revolución en España (1868-1974), Universidad de Navarra (EUNSA), 1979, pp. 140-1.

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Los primeros momentos de la revolución de 1868

La revolución de septiembre de 1868 dio lugar en España a un periodo conocido como el Sexenio Democrático, que trajo consigo una larga serie de medidas gubernamentales encaminadas a cambiar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

Los acontecimientos que dieron lugar al triunfo del alzamiento en Cádiz son bien conocidos[1]. Uno de sus protagonistas, el demócrata jerezano José Paúl y Angulo, que pronto se declararía republicano, publicó en 1869 su versión de los hechos en una serie de artículos periodísticos, que con el título de “Memorias íntimas de un pronunciamiento", trataban de demostrar  la activa participación de los demócratas en el levantamiento[2]. Con todo lo que pueda tener de parcial, su relato muestra cómo, desde el principio, cada uno de los partidos políticos implicados en el levantamiento tenía una idea diferente de la revolución (y, por ende, de la política secularizadora a desplegar) y hacía todo lo posible para que su líder respectivo fuera el que diese el primer paso. 

JOSÉ PAÚL Y ANGULO

A principios de septiembre de 1868 el general progresista Juan Prim, exiliado en Inglaterra, comunicó a Paúl su intención de salir con un vapor desde Londres hacia Canarias, donde recogería los generales unionistas (Serrano, Dulce...) para marchar a continuación todos juntos hacia Cádiz para alzarse allí contra el Gobierno. 

EL GENERAL PRIM 

Pero,  Paúl y Prim cambiaron los planes y decidieron que el segundo desembarcase en Gibraltar, con el  pretexto de evitarse el viaje de ida y vuelta a Canarias. Con esta decisión demócratas y progresistas pretendían hacerse con la situación antes de que llegasen los generales unionistas a Cádiz. 

El unionista Adelardo López de Ayala pensó que abortaba la estratagema anterior cuando comunicó a Paúl que le parecía más conveniente que un barco fuese a Canarias y otro a Londres. Paúl se mostró de acuerdo y puso a Ayala en contacto con el capitán Ramón Lagier. Los unionistas no sabían que Paul y Lagier estaban de acuerdo en hacer todo lo necesario para retrasar la llegada de los generales de Canarias. Como afirma en sus memorias, los unionistas “echaron sus cuentas”, pero no contaron “con los vientos, el mal tiempo y sobre todo la voluntad del republicano Lagier”.

Paúl y sus copartidarios demócratas decidieron la salida de un nuevo vapor, el Buenaventura, propiedad de Lagier,  que fuese directamente de Londres a Gibraltar, donde Prim embarcaría en la goleta Ligera que lo llevaría a Cádiz. 

RAMÓN LAGIER

Prim llegó a Cádiz el día 16 de septiembre por la noche, acompañado por los progresistas Ruiz Zorrilla y Sagasta. Antes de ponerse en contacto con el unionista Juan Bautista Topete, capitán del puerto de Cádiz, que encabezaba el alzamiento de la Armada, lo hizo con el coronel progresista José Merelo, jefe del Regimiento Cantabria, de guarnición en la ciudad, así como con Paúl, el también demócrata Francisco Lizaur y el capitán retirado Manuel Sánchez Mira, que ya por entonces se declaraba republicano. 

TOPETE

Todos ellos conferenciaron en la fragata blindada Zaragoza con Topete, el cual confirmó que ese mismo día, ya 17 de septiembre, a las 12 del mediodía se produciría el pronunciamiento de la Escuadra. La señal acordada era una salva de cañón, pero ésta no se produjo. Paúl se trasladó a la Zaragoza para pedir explicaciones a Topete, el cual le comunicó que se habían producido dificultades para maniobrar los buques a fin de poner las piezas de artillería en dirección a la ciudad y facilitar que se hiciera visible la salva. Es difícil creer que esa fuera la verdadera explicación. Topete estaba al corriente de la proximidad del vapor Buenaventura, procedente de Canarias, y trataba de ganar tiempo. Al fin, se vio obligado a ceder y a la una del mediodía del 18 de septiembre dio la orden de romper el fuego a la escuadra, dando los vivas reglamentarios de ordenanza a la reina, que fueron apagados inmediatamente por otros de “Viva la Libertad” y “Viva la Soberanía Nacional” pronunciados por Prim. 

FRAGATA BLINDADA "ZARAGOZA"

Poco antes, el gobernador militar de Cádiz, Joaquín de Bouligny, había informado al obispo fray Félix, de haber declarado el Estado de Guerra, en vista de los alarmantes rumores que circulaban sobre próximos trastornos del orden público[3]. 

BOULIGNY

       Durante la tarde del día 18 el coronel Melero sacó las tropas del Regimiento Cantabria que, acompañadas por algunos civiles demócratas de la ciudad, entre los que destacaba el futuro diputado Rafael Guillén Martínez, además de Carlos Haurie y el capitán Sánchez Mira, se reunieron en la plaza del Ayuntamiento con grupos de paisanos de Cádiz comandados por Fermín Salvochea y Gumersindo de la Rosa, a los que se añadieron otros procedentes de Jerez y el Puerto de Santa María, al mando de José Paúl y Angulo y Ramón de Cala. Las tropas y los civiles tomaron el edificio municipal y marcharon a continuación, tras agregárseles los carabineros del resguardo de tierra y mar, a ocupar la próxima Casa Aduana, sede del Gobierno Civil, lo que hicieron sin resistencia. El deseo de los demócratas de quedarse de guardia en el edificio y la negativa de Melero, estuvo a punto de provocar un grave enfrentamiento[4]. Queda claro con este hecho, o al menos es lo que Paúl quería dar a entender, que los demócratas pretendían impedir con su participación activa que el alzamiento fuera interpretado como un pronunciamiento militar más de los típicos en la España del siglo XIX y quedase patente la participación popular en el mismo.

SEDE DEL GOBIERNO CIVIL

ACTUALMENTE ALBERGA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

        En la madrugada del 18 al 19 se constituyó la Junta Revolucionaria Provisional de Cádiz en los locales del recién destituido Ayuntamiento. A primeras horas de la mañana del 19 de septiembre la banda de música del Regimiento Cantabria interpretó el Himno de Riego en las galerías de las casas consistoriales. A las siete de la mañana, una vez consolidado el alzamiento, desembarcaron Prim y Topete al frente de una columna de desembarco de Infantería de Marina, con bandera y música, entre manifestaciones de fervor popular. Por la tarde llegó el general Francisco Serrano (natural de San Fernando, al lado de Cádiz) y los demás generales desterrados en Canarias[5].

EL GENERAL SERRANO

Se iniciaba el Sexenio Democrático, un periodo en que los sucesivos Gobiernos irían promulgando una larga serie de medidas legales de corte laicista que darían lugar a unas relaciones conflictivas entre el Estado Español y la Iglesia Católica.  

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[1]  Además de su inclusión en la historiografía general, tratan sobre estos hechos varias monografías locales. Entre ellas: 

• HERRÁN PRIETO, J.,  La Gloriosa en Cádiz: de la Revolución de 1868 a la Constitución de 1869, Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, 1986, pp. 31-70. 
• MORENO APARICIO, I., Aproximación histórica a Fermín Salvochea, Diputación Provincial de Cádiz, 1982, pp. 31-54. 
• PARRILLA ORTIZ, P., El Cantonalismo Gaditano, Ediciones de la Caja de Ahorros de Cádiz, Cádiz, 1983pp. 33-52 y 
• PUELLES, F. de,  Fermín Salvochea.  República y anarquismo, Sevilla, 1984, pp. 44-5

[2]  El Pacto Federal, números 22 a 28 de 7 a 13 de julio de 1869.

[3]  Archivo Diocesano de Cádiz, legajo número 168, carpeta “Autoridades Militares”. Oficio del gobernador militar al obispo de fecha 18 de septiembre de 1868: “Ilmo. Sr.: En vista de los alarmantes rumores que con insistencia circulan de próximos  trastornos del orden público en la provincia de mi mando y habiendo resignado el suyo en mi autoridad el gobernador civil, he declarado esta plaza y su provincia en estado de guerra. Lo que tengo el honor de decir a V.S.I. para su conocimiento, acompañándole el  bando que he dictado en la mañana de hoy. Dios guarde a V.S.I. muchos años. Cádiz 18 de septiembre de 1868”.

[4]  El Pacto Federal, número 53, 7 de agosto de 1869.

[5]  Ibídem.

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Causas de los derribos de conventos en Cádiz

He relatado en anteriores posts las circunstancias que rodearon el derribo de algunos conventos en Cádiz.

Por lo que se refiere a los franciscanos descalzos, parece que estos tenían mala fama por no haber auxiliado a los gaditanos que huían de los soldados cuando estos tiroteaban indiscriminadamente a todo aquel que se encontraban en la calle el 10 de marzo de 1820, día que se pretendía proclamar de nuevo en Cádiz la Constitución de 1812. También he explicado que esa mala fama podía haber sido provocada por Adolfo de Castro al relatar los hechos en su Historia de Cádiz. No obstante, hay que pensar que el convento fue derribado en 1868, nada menos que cuarenta y ocho años después de los hechos relatados por Castro, y estaba vacío desde 1835. Estas circunstancias descartan la animadversión contra los franciscanos descalzos como causa directa del derribo

Las razones aducidas explicitamente por los que deseaban el derribo fueron fundamentalmente dos: La primera,  que el estado ruinoso del edificio y el consiguiente peligro hacía necesario el derribo; la segunda fue la necesidad de dar trabajo a los jornaleros de Cádiz, ciudad que atravesaba una conyuntura económica muy apurada.   

EN PRIMER PLANO EL CONVENTO DE LOS DESCALZOS

Por lo que se refiere al convento de monjas de Nuestra Señora de la Candelaria, los argumentos fueron prácticamente idénticos. Por una parte se acudió al mal estado del edificio y a que el desplome de alguno de sus muros podía producir un grave peligro para los transeúntes; por otro, hasta la autoridad eclesiástica se refirió a la posibilidad de dar trabajo a los jornales, aunque, claro está, no para derribar el edificio, sino para subsanar los daños.

PLAZA DE LA CANDELARIA

Durante los años que mediaron entre el derribo de Los Descalzos (1868) y el de La Candelaria (1873) también se derribó el de la Merced; pero este hacía ya tiempo que se había modificado para albergar la Fábrica del Gas, por lo que se puede decir que ya no se derruía un convento, sino un edificio del que casi no había conciencia de que había sido un convento.

LA FÁBRICA DEL GAS DE CÁDIZ

Por último, el convento de San Francisco no fue derribado, pero sí una parte de él, (como la sede de la Orden Tercera de San Francisco, con su templo incluido).  Parte del convento se aprovechó para la Sede de la Academia de Bellas Artes de Cádiz y para el Museo Provincial; además su extenso huerto fue convertido en  una plaza pública, la plaza de Mina.

Si se miran los efectos directos de los derribos de los conventos aludidos y del uso de sus huertos, se pueden apreciar realmente cuál era el motivo real de todas las actuaciones en este sentido. Mi conclusión es que en Cádiz no había una especial inquina contra los monjes o monjas de unos conventos cuyo estado de conservación no debía ser tan acuciante en términos de seguridad. Pascual Madoz ya hablaba en 1846 (en su diccionario) del estado ruinoso de Los Descalzos y La Candelaria, que más de veinte años después seguían en pie sin que hubiese sucedido ningún desplome o accidente.

Entonces, ¿Cuáles fueron esos efectos directos? Pues, si se mira la figura que incluyo debajo de estas líneas se puede ver claramente: una ganancia de espacio en una ciudad muy carente del mismo.

ESPACIO GANADO EN CÁDIZ CON EL DERRIBO DE CONVENTOS 

Y UTILIZACIÓN DE SUS HUERTOS

El mapa representa la zona de Cádiz interior a las Puertas de Tierra, donde sobre 1868 se concentraban más de 70 000 habitantes. 

• En rojo la superficie de la Plaza de la plaza de Mina, antiguo huerto de los Franciscanos.
• En azul el mercado de abastos y los edificios construidos en el solar de los Descalzos. 
• En negro la plaza resultante del solar del derribo del convento de la Candelaria
• Y en verde la plaza de la Merced.

En conclusión, no niego que existiera en Cádiz cierta inquina contra algunos frailes ni que tuviera su importancia el hecho de dar trabajo a los más necesitados. El estado de ruina de algunos edificios fue una excusa: puestos a elegir era más fácil hacerlo con estos. Pero, a mi entender, la razón fundamental, consciente o inconscientemente, era de tipo urbanístico. Una ciudad con muy escasa superficie y relativamente muy poblada para la época, necesitaba urgentemente espacio. Hay que tener en cuenta que por entonces el terreno situado extramuros era zona declarada oficialmente como sensible en materia de seguridad y cualquier edificación o urbanización planeada en la misma se encontraba con la dificultad de conseguir la autorización de la autoridad militar.

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