Derribo de Los Descalzos de Cádiz

El primer convento gaditano de los franciscanos descalzos o alcantarinos fue erigido en 1608. Los religiosos de la orden se trasladaron en 1628 a la plaza de la Cruz Verde (conocida más tarde como plaza de los Descalzos), en terrenos adquiridos con las limosnas de los fieles. 

EN PRIMER PLANO, EL CONVENTO DE LOS DESCALZOS EN 1868, POCO ANTES DE SU DERRIBO

Ya he expresado en otra ocasión cómo la adhesión de buena parte del clero regular a la causa carlista a la muerte de Fernando VII pesó como una losa sobre la opinión de los liberales hacia todos los monjes. En 1820, estando a punto de consolidarse el levantamiento liberal de Rafael de Riego, las autoridades de Cádiz decidieron proclamar solemnemente la constitución de 1812. El día 10, que era el previsto para el acto, las tropas de guarnición en la ciudad, alentadas por algunos mandos militares, perpetraron una matanza indiscriminada de ciudadanos. 

ESCENAS DE LA MATANZA DEL 10 DE MARZO DE 1820 EN CÁDIZ.

LA DE ARRIBA EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS Y LA DE ABAJO EN LA PLAZA DE SAN ANTONIO

Según relata Adolfo de Castro y Rossi en su Historia de la Ciudad y provincia de Cádiz, los franciscanos descalzos, en vez de esconder en el interior del convento a los que huían de los soldados, los echaban a la calle y los ponían en manos de los asesinos,  no permitiendo la entrada ni aun a los ancianos. Castro confirma en su Historia que “proceder tan inhumano no halló imitadores en otros conventos”. 

El erudito gaditano Adolfo de Castro (que sería secretario municipal, alcalde de la ciudad y gobernador de la provincia) era un liberal nada sospechoso de radical. No parece, o al menos no me consta, que tuviese una especial animadversión hacia los religiosos en general, ni un especial motivo para distinguir a los franciscanos descalzos de los demás. No se puede descartar que hubiese faltado a la verdad al relatar la actuación de los franciscanos descalzos. (Entre sus habilidades literarias, por ejemplo, se cuenta la de componer pastiches y atribuirlos a Cervantes). Pero, en cualquier caso, su relato pudo influir en el ánimo de muchos liberales de Cádiz o les sirvió de apoyo en su deseo de derribar el convento de Los Descalzos.    

ADOLFO DE CASTRO Y ROSSI

En 1822 se subastaron algunas fincas pertenecientes a la Orden Tercera de los Franciscanos Descalzos, pero el convento continuó abierto. El 18 de agosto de 1835 los miembros varones del clero regular fueron expulsados de todos los conventos de Cádiz, pasando estos a ser propiedad del Estado. En aquellos momentos el convento, llamado popularmente “Los Descalzos”, tenía trece frailes. 

En 1837 se comenzó la construcción de un mercado de abastos, el Mercado de la Libertad (situado en el mismo lugar que el actual), aprovechando el extenso huerto del convento. El mercado estaba finalizado en 1838, pero el convento continuaba abandonado y sin uso alguno. 

EL MERCADO DE LA LIBERTAD

El primer intento de derruirlo se produjo en marzo de 1838, cuando el Ayuntamiento gaditano solicitó al Estado la cesión e indicó su intención de derribarlo, basándose en el peligro que corrían los transeúntes a causa de su mal estado de conservación. Además, había otra razón, repetida en múltiples ocasiones cuando se derribaban conventos: la corporación municipal pensaba extraer beneficios de la venta de los materiales de desecho. La corporación municipal pretendía construir casas en el terreno resultante. Pero el Gobierno no accedió a entregar el convento, probablemente porque el Ayuntamiento gaditano no solo pretendía derruir el convento sino también su templo, que se mantenía abierto al culto.

El 3 de octubre de 1840, durante la revolución que dio lugar a la caída de doña María Cristina como regente, se formó en Cádiz una Junta Provincial y se produjo un segundo intento de derribar  el convento cuando varios gaditanos solicitaron al Municipio que hiciera las gestiones pertinentes para lograr que la Junta aprobase la cesión. El Gobierno, decían, no había tomado ninguna determinación sobre el asunto después de dos años y era cada vez más inminente que el estado del edificio hacía necesario su derribo. La revolución propiciaba un buen momento para que el alcalde solicitase inmediatamente a la Junta Provincial de Gobierno la propiedad del convento, para proceder a su derribo con la misma premura. El Ayuntamiento designó una comisión para que estudiase la propuesta y el 14 de octubre se disponía de su dictamen, que se mostraba favorable a que se procediese a solicitar la propiedad y, una vez obtenida, se practicase el derribo, que proporcionaría beneficios al Municipio por la venta de los materiales resultantes y daría ocupación a “una inmensidad de pobres jornaleros”. Tampoco en esta ocasión se logró la cesión del inmueble y el ansiado derribo quedó como una aspiración insatisfecha de los liberales de Cádiz.

El estado ruinoso de los edificios que habían albergado a los regulares era una buena razón para derribarlos: al tratarse de una cuestión que podía afectar a la seguridad de los viandantes, el Ayuntamiento correspondiente tenía potestad sobre el asunto. Pascual Madoz, en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, tomo V, corrobora la versión de los liberales gaditanos, diciendo respecto a Los Descalzos:  “El convento está ruinoso y va a demolerse”. 

Yo pienso que este argumento, aunque tuviese algo de verdad, pudo ser más una excusa que una causa verdadera del derribo del convento. Cuando en 1868, tras el alzamiento del 18 de septiembre que llevó al exilio a Isabel II, se decidió por la Junta Local de Cádiz la demolición inmediata de Los Descalzos, estaban instalados dentro del edificio una escuela municipal de párvulos, la de San Servando, y una institución para albergar ancianos, el asilo del Buen Pastor, subvencionado con fondos municipales. No es creíble que en 1838 el mal estado del edificio pusiera en peligro a los transeúntes en 1838 y no a los niños y ancianos que hacían uso del mismo en 1868. 

Otra cuestión es que, cuando el convento y su iglesia fueron derribados, los sucesivos Ayuntamientos no supieron qué hacer con el solar. Cierto es que un beneficio inmediato fue el servir de alivio a los jornaleros de la ciudad, que pasaban por una coyuntura económica muy desfavorable. La Junta Local publicó el 9 de octubre de 1868 un edicto de subasta para la demolición, con un presupuesto de doscientos cinco mil quinientos reales. 

FOTOGRAFÍA DEL SOLAR DE LOS DESCALZOS

(COMPÁRESE CON LA DE 1868)

La Alcaldía provisional posterior al alzamiento, presidida por Francisco de Paula Hidalgo, no puso en las obras de demolición el empuje que deseaban los republicanos. Hay que tener en cuenta las dificultades económicas por las que pasaban las clases trabajadoras, que podían disminuir si se daban suficientes jornales para trabajar en el derribo. Desde antes de la formación del Ayuntamiento provisional ya se observaba en la prensa gaditana, especialmente en la demócrata, una especial sensibilidad en este sentido. El Progreso Democrático se refería el 16 de octubre al creciente malestar entre las clases trabajadoras de Cádiz, motivado por la falta de ocupación y por el elevado precio de los alimentos Decía el periódico:

 “La miseria cunde, el hambre llama a gritos a las puertas de los pobres, y estos, con tan mal consejero, se reúnen, se impacientan y se presentan en son de guerra o poco menos ante las casas de las autoridades, pidiendo a voz en grito trabajo (...). Seamos cuerdos y no queramos, por precipitar los hechos, perderlo todo. Los enemigos de la libertad no duermen, y son bastantes todavía, por desgracia, para promover el descontento; y con su dinero y el dinero que procede tal vez de las arcas del tesoro, hallar instrumentos para tratar de arrebatarnos lo que tantos esfuerzos nos ha costado”. 

El recién designado gobernador civil de Cádiz, Gregorio Alcalá Zamora, comprendió el peligro de un levantamiento popular alentado por los demócratas y se dirigió desde la prensa a los proletarios de Cádiz, afirmando que una de sus principales preocupaciones desde el momento de su llegada había sido la de proporcionar trabajo, motivo por el que decía estar en contacto con la Alcaldía, que se ocupaba sin descanso en solucionar el asunto. Decía el gobernador a los proletarios por medio del periódico El Comercio: “No escuchéis las excitaciones de los que, disfrazados con la máscara de liberales, os inviten a escenas tumultuarias como lo han hecho en otros puntos”. La República Federal contestó a principios de noviembre a las palabras del gobernador recordándole su incumplimiento de las promesas iniciales de conseguir trabajo para los obreros y culpando a intereses políticos y no económicos de la situación de miseria que vivían los obreros de la ciudad. El Consistorio provisional era acusado por los demócratas de no hacer nada efectivo para solventar los problemas de los trabajadores. La Soberanía Nacional, periódico republicano, advirtió al Ayuntamiento que con la actitud indolente hacia el obrero que estaba mostrando estaba ayudando a los planes de los enemigos de la libertad. Estas presiones, que amenazaban explícitamente con la posibilidad de un levantamiento popular, hicieron que el órgano local intensificara la contratación de obreros en Los Descalzos.

Una vez regularizada la situación política, el solar y los beneficios que se pudieran obtener del derribo pasaron a ser de propiedad estatal. El primer alcalde elegido por sufragio universal masculino en Cádiz, el republicano Rafael Guillén Estévez, trató de recuperar una idea que ya había planteado el Ayuntamiento provisional: la de construir un teatro en el solar sin abonar ningún tipo de canon al Estado. El 14 de septiembre de 1869 un empresario solicitó la concesión del terreno para la construcción de un “teatro de primer orden”, de acuerdo con unos planos existentes con anterioridad y en poder municipal. La Comisión de Obras Públicas no vio inconvenientes y acordó publicar durante quince días las condiciones de la propuesta del empresario por si se presentaba algún interesado que las mejorase. El 1 de octubre, pasado el plazo, que había sido fijado en el Boletín Oficial de la Provincia del día 16 de septiembre, no se había presentado ninguna nueva oferta para la obra, con lo que se concedió la edificación al único interesado y se nombró una comisión para redactar un proyecto de escritura. Faltaban pocos días para que se produjera el alzamiento republicano; Rafael Guillén y su Consistorio fueron depuestos y la idea no prosperó.  

El Ayuntamiento provisional de Juan Valverde, formado principalmente por progresistas que pronto formarían parte del partido Constitucional de Sagasta,  paralizó cualquier disposición que tuviera relación con iglesias o conventos. El 26 de octubre de 1869 el acalde presentó un proyecto para erigir un mercado de pescado. Esta necesidad había sido esgrimida por la Junta Local un año antes para decidir el derribo del convento e iglesia de Los Descalzos. Pero Valverde ya no recurría a su solar como lugar idóneo, a pesar de que el mercado general de la ciudad estaba edificado justo al lado, en el lugar que había sido huerto del mismo convento, y propuso como lugar más indicado los muelles de las puertas del Mar y de Sevilla.

El 10 de junio de 1872, el ayuntamiento presidido por el progresista José María del Toro, logró que se formalizase escritura de cesión del solar al Municipio, pero ya no pretendía la erección de un teatro, sino tan solo formar una plaza pública. Pero todavía se producirían algunos cambios.

Un nuevo consistorio, dirigido desde julio de 1872 por Bernardo Manuel de la Calle, jefe del partido Radical en Cádiz, se esforzó en zanjar definitivamente la cuestión del terreno del convento de Los Descalzos. Descartadas desde antes las posibilidades de construir en él un teatro, por lo gravoso del canon que reclamaba el Estado, y concedida la cesión al Ayuntamiento para hacer una plaza pública, ahora, una vez que el solar estaba ya en poder municipal, la intención última cambiaba en parte y se pretendía construir edificios, para lo cual se envió en agosto de 1872 una petición al ministro de Hacienda en la que se reclamaba el nuevo uso, al que se le concedía una importancia notable por considerarse muy conveniente para dar trabajo a las clases obreras más necesitadas. El Ayuntamiento radical acudía a la “visible decadencia de Cádiz”, que había hecho a la corporación estimar como la  más urgente medida a tomar la de facilitar trabajo a los obreros, para presentar un nuevo proyecto, consistente en destinar los terrenos a la construcción de edificios urbanos para dar ocupación al mayor número posible de obreros. De la Calle hacía presente al ministro de Hacienda que el año anterior ya se había decidido la construcción de un “Gran Teatro” en otro sitio de Cádiz y estimaba que con los otros dos que había eran más que suficientes para la ciudad, que no tenía en aquellos momentos capacidad para mantener más establecimientos de ese tipo. Este “Gran Teatro de Cádiz”, construido en madera, quedaría destruido por un incendio en 1881 y luego sería sustituido en el mismo solar por el actual “Gran Teatro Falla”, construido entre 1884 y 1905.

En resumen, del entusiasmo de la Junta Local Revolucionaria por derribar el convento de Los Descalzos con su iglesia, pensando en construir un teatro digno de una gran ciudad, se pasó, tras la convicción de que no había dinero para pagar el canon que pedía el Estado, a lograr la cesión del terreno con la excusa de hacer una plaza pública y , por último, a hacer edificar para dar trabajo a los necesitados obreros de la ciudad y aportar algunos beneficios por contribuciones al Municipio.

Durante un tiempo, una parte del solar sirvió para erigir una plaza ajardinada, el parque de Guerra Jiménez.

AMBAS IMÁGENES SON DEL 
SOLAR DE LOS DESCALZOS SIENDO PARQUE AJARDINADO

En 1886, durante la Restauración, el Ayuntamiento gaditano decidió arreglar la situación de Los Descalzos, “adquiriendo” el solar por el precio de 50.000 pesetas, cantidad que se abonó al obispado, aunque sin formalizar escritura pública.

El 30 de octubre de 1891 se procedió a formalizar la "compra-venta" entre la Diócesis y el Ayuntamiento, por medio de una escritura firmada por el obispo José María Rancés y Villanueva y el primer Teniente de Alcalde Francisco Clotet y Miranda. El solar (parte del cual ocupaba el parque ajardinado aludido) estaba inscrito en el registro de la propiedad a nombre del obispo. Sus límites coinciden, aproximadamente, con el plano que se muestra más abajo.  La superficie era de 4109,47 metros cuadrados. De ese solar se segregaron 169 metros cuadrados para una casa, inscrita en el registro de la propiedad, y 1000 metros se habían cedido al Estado para la construcción de una casa de Correos, que no se inauguraría hasta 1929. (Efectivamente, allí está actualmente).

EDIFICIO DE CORREOS QUE OCUPÓ PARTE DEL SOLAR DE LOS DESCALZOS 

En resumen, he tratado de distinguir "las causas verdaderas" y las "causas aducidas" para el derribo del convento de Los Descalzos. La actuación de los franciscanos descalzos el 10 de marzo de 1810, o la noticia que dio sobre la misma Adolfo de Castro, convirtieron al convento en un símbolo de reaccionarismo clerical que había que derribar. La necesidad de espacio, es decir, las razones urbanísticas, se sitúan  en segundo lugar como causa del derribo. Como se puede apreciar en el plano, la parte del huerto del convento tiene aproximadamente el doble de superficie que la que albergaba el edificio. Serían, pues, unos 12.000 metros cuadrados que "recuperó" la ciudad tras hacer desaparecer el convento, su huerto y su iglesia.  Por último, hay que señalar el deseo de dar trabajo a los jornaleros más necesitados, consiguiendo con ello aliviar su situación y también alejar las posibilidades de alteraciones del orden público. 

 ZONA DE CÁDIZ QUE OCUPABA EL CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS DESCALZOS.

EN NEGRO, EL  CONVENTO; EN ROJO, EL HUERTO.

REFERENCIAS

Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, tomo V.

CASTRO y ROSSI, A. de, Historia de la Ciudad y provincia de Cádiz.

Archivo Diocesano de Cádiz, legajo número 174.

Archivo Municipal de Cádiz, Actas capitulares; Caja 5687, carpeta “Convento de los Descalzos”.

Prensa local: El Progreso Democrático, La Soberanía Nacional, El Comercio, La República Federal.

Derribo del convento gaditano de La Candelaria

PLAZA DE LA CANDELARIA, 

ZONA QUE OCUPABA EL CONVENTO

     Desde la proclamación de la república, fray Félix, el prelado gaditano se encontraba en Jimena de la Frontera, realizando su segunda visita pastoral, que había de llevarle por Tarifa, Algeciras, San Roque y Los Barrios, no regresando a Cádiz hasta septiembre de 1874. Esta visita pastoral ha sido interpretada por algunos autores como una excusa del obispo para retirarse de la capital de la Diócesis en momentos que se preveían difíciles. No obstante, hay que tener en cuenta que fray Félix siempre puso su misión pastoral por encima de otras circunstancias. Así lo demuestra el hecho de que no limitó su estancia en el Campo de Gibraltar a la etapa de Salvochea, sino que se mantuvo en dicha zona hasta varios meses más tarde. El 24 de febrero de 1873 fray Félix había designado al arcipreste Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros como gobernador eclesiástico, por haberse ausentado también de la capital el canónigo Vicente Roa. Pero muy pronto tendría que sustituir también a Herrero como gobernador eclesiástico para encargar a Fernando Hüe del difícil cometido de luchar contra las medidas laicistas municipales. 

      La primera medida que tomó Fermín Salvochea tras ser elegido alcalde en marzo de 1873 fue la de expulsar a las monjas agustinas del convento de Nuestra Señora de la Candelaria y ordenar el derribo del edificio así como el de su templo, que estaba abierto al culto. El mismo día de instalación del Cabildo Municipal, el 22 de marzo, el alcalde envió una comunicación escrita a Herrero informándole que una comisión municipal iba a visitar el lunes 24 de marzo los conventos de la Candelaria y Santa María. El día 23, Herrero contestó que había dado las órdenes oportunas, pero necesitaba saber a qué hora se iba a efectuar la visita. Inmediatamente,  recibió una breve respuesta comunicándole que la comisión y arquitecto pasarían por los conventos a la una y media en punto.

       El mismo día 24 de marzo ya había entregado el arquitecto municipal al alcalde un informe sobre el estado del edificio de La Candelaria. De él se extraía la conclusión de que era imprescindible el derribo de algunos muros y habitaciones que se apoyaban en ellos, pero del resto solo se certificaba que se necesitaban obras de conservación. Concretamente, se informaba que era indispensable efectuar la demolición de los muros sobre los que se apoyaban algunas celdas de las monjas en la primera planta, que no eran usadas “por considerarlas la misma comunidad en estado ruinoso y riesgo inminente el habitarlas”. Asimismo, el muro interior correspondiente a la calle Bilbao y su fachada se encontraba “en muy mal estado, por lo que también debería demolerse”. Sobre las demás partes del edificio, el arquitecto solo expresaba que se había observado una  “falta de obras de conservación”.

       Pero la decisión de derruir todo el edificio estaba tomada desde antes de la visita del arquitecto. La Comisión de Fincas Ruinosas, a cuyo frente estaba el alcalde, comunicó el 25 de marzo que, “la mayor parte del edificio” se encontraba “en completo estado de ruina”. Se decidió dirigir un nuevo oficio al gobernador eclesiástico para que en el término de cuarenta y ocho horas se despejase “el edificio por las personas que lo habitan”. Los miembros de la corporación evitaban referirse explícitamente a una exclaustración de monjas, buscando con ello que la medida no fuese interpretada como un efecto del decreto de supresión de casas religiosas de 18 de octubre de 1868, tratando así de evitar que el Estado se apropiase del convento. Preferían hablar de “personas en peligro” que debían desalojar un edificio, fórmula que denotaba el laicismo de los ediles y al mismo tiempo resultaba más conveniente para los intereses municipales. La Comisión fue autorizada para ejecutar inmediatamente en el convento las alteraciones que estimase necesarias para la seguridad pública. Estas “alteraciones” se resumían en el derribo completo del edificio, como se comprobará a continuación.

      El 26 de marzo a las once de la mañana Herrero recibió el oficio del Ayuntamiento y contestó inmediatamente a Salvochea mostrándole su total disconformidad con el informe del arquitecto municipal. Solo reconocía el estado de ruina de uno de los muros exteriores del convento de la Candelaria y participaba que estaba dispuesto a proceder inmediatamente a la reparación de esa parte “contribuyendo así a facilitar trabajo a las clases obreras de esta ciudad”. Había dado ya las órdenes oportunas para establecer una separación entre la parte que debía repararse y el resto del edificio, en el que podía seguir, en su opinión, residiendo la comunidad, “quedando de este modo a salvo la clausura canónica”. Si esto no fuese aceptado por el Municipio, el gobernador eclesiástico se reservaba designar un arquitecto para que procediera a reconocer el edificio y extendiera “su dictamen para los fines que la legislación vigente prescribe”.

     El mismo día 26, Salvochea contestó a Herrero lacónicamente: “Sólo debo manifestarle que se atenga en un todo a lo que le digo en la comunicación que recibió V. a las once de la mañana de hoy”. El gobernador eclesiástico, que pronto abandonaría Cádiz, no tuvo más argumentos por presentar y cedió ante el temor por los disturbios que pudieran producirse. El 27 de marzo escribió al alcalde expresándole que le constaba “por manifestación de personas fidedignas, el inminente riesgo de graves perturbaciones” si no se desalojaba el edificio en el plazo indicado y que por ese motivo había dado las órdenes oportunas para que se realizase la “evacuación”. Evitó usar la palabra “exclaustración”, tratando con ello de seguir el argumento municipal de que se trataba de evitar un peligro para las monjas,  con la esperanza de que, una vez subsanado el problema, estas podrían regresar. Pero nada de esto entraba en los planes de Salvochea.

     En vez de una nueva réplica de Salvochea, el gobernador eclesiástico recibió el 28 de marzo la orden de recoger todos los objetos sagrados del templo del convento, con la intención explícita de derribarlo también. Se había procedido ese día al desalojo de las monjas y ya habían comenzado los trabajos de derribo del convento. El arquitecto municipal había comunicado a Salvochea que, al efectuar trabajos en las cubiertas, había visto confirmado que la armadura que cubría el mirador de la nave de la iglesia estaba en tal mal estado que exigía su demolición. El gobernador eclesiástico contestó a Salvochea que la Alcaldía debía comprender que era su deber protestar contra esa determinación municipal, que lastimaba los derechos de la Iglesia y conculcaba, a su juicio, los que se tenían al amparo de la legalidad vigente. A continuación, manifestó al alcalde que estaba dispuesto a proceder a desalojar la iglesia, pero que esperaba de su cortesía que al menos le diese algún plazo, pues aunque se trabajase sin descanso, se necesitaban al menos dos o tres días para extraer los altares, imágenes y demás enseres del templo.

    La prensa católica conservadora gaditana se movilizó enseguida en contra de la medida municipal. Desde El Comercio (portavoz del Partido Moderado, de la Asociación de Católicos y de los denominados "neocatólicos") se expresaba que los católicos no esperaban que los republicanos federales de Cádiz rindiesen culto a sus  creencias, pero les pedían que fueran consecuentes con sus ideas y respetasen en los que no eran republicanos las libertades absolutas y derechos individuales que tantas veces habían reclamado para ellos, así como para todas las opiniones y para todas las creencias. Las “santas mujeres” que ocupaban el convento de la Candelaria, “inofensivas por su sexo y por su alejamiento del mundo y de toda clase de intereses profanos”, tenían derecho, desde el punto de vista de las libertades que defendían los republicanos, “para vivir en clausura, consagradas a Dios y a la práctica de las virtudes cristianas”. Los católicos conservadores conocían la razón que daban los munícipes para desalojar a las monjas de su convento, pero defendían que no se trataba más que de un pretexto para destruirlo, “pasando por encima de unos derechos indiscutibles” desde su punto de vista. El 26 de marzo una manifestación de señoras había estado durante “todo el día en movimiento dirigiéndose de una parte a otra en demanda de justicia”. Eran “varios centenares de damas, entre las cuales se veía todo lo más distinguido de la buena sociedad gaditana”. Habían acudido a las casas capitulares para pedir al alcalde que revocase la orden de desalojo de La Candelaria, pero sus gestiones no obtuvieron ningún resultado. 

GRABADO REPRESENTANDO LA MANIFESTACIÓN

DE DAMAS  CONTRA EL DERRIBO

      Los republicanos de La Soberanía Nacional informaron a sus seguidores que las señoras de la manifestación habían invadido desordenadamente el Ayuntamiento, dando “gritos de despecho movidos por el fanatismo religioso”, lo cual se encargó de rebatir El Comercio informando a los suyos que solo había subido una comisión de señoras a parlamentar con el alcalde, permaneciendo el resto en el patio de entrada, sin producirse gritos ni otras alteraciones del orden.

    Por la noche del día 26 de marzo, una comisión municipal se había reunido con el gobernador eclesiástico, no logrando el último ni siquiera el retraso del plazo señalado, que según su opinión, era insuficiente y hacía casi imposible sacar del convento los utensilios y enseres que contenían en cuarenta y ocho horas. Los miembros de la Asociación de Católicos de Cádiz habían estado reunidos también el día 26 en junta extraordinaria para acordar los recursos necesarios y medios legales que procedieran para recurrir contra el acuerdo municipal.

      El desalojo de las monjas se realizó el 28 de marzo. Los católicos de Cádiz daban por consumada la primera parte de los propósitos municipales sobre el convento e iglesia y auguraba que pronto se cumpliría la segunda: “La piqueta revolucionaria recibirá pronto el impulso para convertir el templo en ruinas”. La fecha del cierre fue evaluada por los clericales como un “día de verdadero luto para los católicos”. Las señoras que habían celebrado la manifestación del día 26 participaron en una ultima liturgia en el templo del convento. El Sagrario se trasladó a continuación al cercano convento de Nuestra Señora de la Piedad, de franciscanas concepcionistas descalzas, entre la conmoción de los numerosos espectadores, pues “no se oían más que sollozos mal reprimidos y aun hubo personas a quienes fue preciso retirar, acometidas por accidentes producidos por los mismos esfuerzos que hicieron para reprimirse. Hombres y mujeres, eclesiásticos y seglares, todo el mundo lloraba”. En contraste con el pesar de los católicos, los republicanos, “para dar digno remate a la obra”, organizaban entre tanto una protesta contra la manifestación de señoras del día 26 y “unas doscientas personas de ambos sexos recorrían la ciudad con una banda de música y unas banderas en las cuales se leía el lema de ¡Abajo los conventos!”.

PÁGINA DE EL COMERCIO EN LA QUE SE NOTICIA EL DESALOJO DE LAS MONJAS DE LA CANDELARIA

El Comercio hacía alusión a esta manifestación de hombres y mujeres contra el convento, realizada simultáneamente a su abandono, para que sirviera de contraste con el dolor de los fieles, pero obviaba la que tuvo lugar el día 27, formada exclusivamente por mujeres. A primeras horas de ese día el templo de La Candelaria se había cerrado ante el número de personas que se acercaban por sus inmediaciones. Por la mañana, las mujeres republicanas del Círculo Mariana de Pineda, acompañadas por la banda de música del hospicio, desfilaron por la ciudad daño gritos de “Abajo los conventos” y cantando el “Trágala” (la canción que entonaban los liberales en Cádiz para humillar a los absolutistas desde el levantamiento de Riego). Se dirigieron al edificio municipal, donde fueron recibidas por el alcalde y varios concejales. Margarita Pérez de Celis, en nombre del círculo, hizo entrega de un escrito a favor de la ejecución del acuerdo municipal, reanudando a continuación su recorrido y pasando por delante del convento dando gritos de “Abajo Candelaria”. El escrito entregado al Ayuntamiento decía:

"A los ciudadanos que componen el Ayuntamiento Popular de esta ciudad. Habiéndose presentado en el día de ayer una manifestación de un centenar de señoras aristócratas hipócritamente por la influencia de los curas, a pedir que no se haga el derribo del convento de Candelaria, que está ruinoso y denunciado; Y nosotras conociendo la dañada intención con que se han presentado dichas señoras a pedir a esa digna corporación una cosa tan injusta, indigna de una población culta, pedimos que no tan solo se derribe el convento en cuestión, sino que todos los que existen, por ser estos establecimientos de ninguna utilidad a la sociedad, a la religión y a los adelantos del siglo diecinueve; esperando lo hagan con toda rectitud por ser de justicia. Salud y República Federal Social".

La conmoción entre gran parte de los católicos gaditanos por la exclaustración de la Candelaria fue enorme. Francisco Mateos-Gago, catedrático de Teología y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Literaria de Sevilla, que había sido vicerrector del Seminario de Cádiz, decía poco después de la expulsión de las monjas que esta se había verificado “con saña tan verdaderamente federal, que se prohibió que sacaran ni aun las ropas de su uso, permitiéndoseles solo llevar la ropa puesta”.

Los católicos conservadores evaluaron que la inmensa mayoría de los gaditanos dieron una muestra inequívoca de su identidad católica al acudir a presenciar la despedida de las  monjas. Los redactores de El Comercio estaban convencidos de que si se hubiera votado un plebiscito a favor o en contra de las monjas de la Candelaria, los enemigos de las monjas habrían sido una minoría exigua, pues nunca había estado “más pronunciada la opinión pública”. Durante la salida de las monjas “nadie se recataba para protestar con su actitud, con su palabra, con su ejemplo, contra los hechos lamentables que se estaban consumando”. Además de El Comercio, La Palma (también moderado), La Voz de Cádiz (partidario de la Unión Liberal y de la restauración borbónica) y La Monarquía Tradicional (carlista) protestaron en sus páginas contra la expulsión de las monjas de la Candelaria. 

Mientras tanto, La Soberanía Nacional, representante de los republicanos federales más moderados, refiriéndose a las damas que se manifestaron para que no se cerrase el convento, comentaba que nada de esto hicieron cuando hacía poco se había cerrado la fábrica de tabacos de Cádiz, que dejó (aunque por poco tiempo, pues fue vuelta a abrir) a muchas gaditanas de las clases más necesitadas sin un trabajo imprescindible para subsistir.

Por su parte, los gaditanos partidarios de la política municipal animaban al Ayuntamiento a que llegase más lejos. El Cabildo Municipal recibió el 28 de marzo una instancia suscrita por algunos ciudadanos solicitando que no sólo se realizase el derribo del convento de la Candelaria sino el de todos los demás que existían en la ciudad, pero esta propuesta no se discutió siquiera. Los conventos de monjas que seguían abiertos eran el de Nuestra Señora de la Piedad, de franciscanas concepcionistas descalzas, y el de Santa María de la Concepción, de franciscanas concepcionistas calzadas. El último había sido inspeccionado el mismo día que el de la Candelaria por el arquitecto municipal pero nunca se discutió sobre su desalojo.

El Poder Ejecutivo de la república no había aprobado lo realizado por Salvochea con el convento de La Candelaria. Pero ello no impidió que tratase de rentabilizar los acontecimientos a su favor. El mismo día que el convento era desalojado y se iniciaba el derribo, el gobernador civil, Moreno Portela, decía por escrito al alcalde que el subsecretario del Ministerio de la Gobernación, en telegrama llegado esa misma tarde, le había hecho la siguiente pregunta : “Sírvase V.S. decirme qué hay de cierto respecto al derribo del convento de la Candelaria que se dice va a acordar el Ayuntamiento”. Los miembros del Gobierno habían tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Cádiz porque las señoras que se habían manifestado el día 26 habían telegrafiado a Figueras y Castelar pidiéndoles que no se permitiera el derribo del convento. Ambos les contestaron que no estaba entre sus atribuciones impedirlo, pero que se iban a dirigir a quien correspondiese para que no se derribase ningún templo. El día 29 de marzo, cuando se recibió el escrito de Moreno Portela en el Ayuntamiento, Salvochea le contestó que ya se había procedido al derribo de la iglesia y del convento, porque su estado de ruina amenazaba con gran peligro a la población. Es obvio que no se “había procedido al derribo”, sino solo a iniciarlo, pero el alcalde no quería recibir la orden de parar los trabajos y quiso dar la impresión de que ya todo estaba concluido.

El 28 de marzo tenía el alcalde otro escrito en sus manos, este del administrador económico de la provincia, que le comunicaba que, habiendo tenido noticia de la demolición del convento de la Candelaria y estando prevenida por orden del Ministerio de Hacienda con fecha 16 de noviembre de 1868, cuya copia acompañaba, la incautación de los solares y materiales procedentes de los derribos de este tipo, había designado un representante para inspeccionar las operaciones y para la formación del inventario de los materiales que resultasen, a fin de que el Estado procediese a enajenarlos en pública licitación. Como se puede comprobar, una vez realizada la exclaustración e iniciado el derribo, el Estado “legalizaba” la decisión del alcalde recordando circulares que habían estado en el olvido y utilizaba los hechos consumados por iniciativa municipal para tratar de incautarse del solar. 

     La propiedad estatal de los conventos exclaustrados no había sido discutida desde el comienzo de las desamortizaciones, pudiendo este proceder posteriormente a cederlo al respectivo Municipio. Pero Salvochea no estaba dispuesto a que la Administración central, que no había mostrado desde el principio el más mínimo interés en que se cumpliese el decreto de exclaustración de octubre de 1868, quisiera ahora aprovechar la situación llevada a cabo por una decisión municipal, llevándose los beneficios económicos que reportase. Ante el oficio del administrador económico de la provincia, resolvió no negarse de momento abiertamente, pero le advirtió que el Ayuntamiento estaba costeando el derribo y los gastos que se estaban produciendo debían ser resarcidos del producto de la venta de los materiales.

    Después de haber expulsado a las monjas y derribado el convento de la Candelaria por iniciativa propia, rebasando sus atribuciones, y de haber desoído la orden del administrador de Hacienda de la provincia relativa a la propiedad de los materiales, incautándose de los beneficios de los mismos, Salvochea envió una solicitud al ministro de Hacienda, por conducto de los diputados republicanos por Cádiz, pidiendo que se entregara el solar a la ciudad. En primer lugar, justificaba una vez más el derribo por el mal estado del edificio y el consecuente peligro para los transeúntes: “El Ayuntamiento republicano federal de Cádiz, con la atención debida, hace a V. presente: que el estado de ruina en que se encontraban el convento e iglesia de monjas de la Candelaria de esta ciudad, hizo indispensable proceder a su derribo, como medida de seguridad no sólo para las personas que lo habitaban, sino también para las que transitaban por sus inmediaciones”. A continuación, quiso hacer ver que aunque la decisión no había sido voluntaria, sino impuesta por las circunstancias, había dado lugar a una mejora urbanística de esa parte de la ciudad: “De esta determinación, que la necesidad impuso, ha resultado una mejora que de antiguo se hacía sentir, cual era la de ampliar la antes mezquina plaza llamada recientemente de Castelar, y ensanches de las estrechas calles de Bilbao y Jacobinos”. Salvochea parecía reconocer ahora la propiedad estatal del solar, a pesar de que esto no le había impedido derribar el convento sin autorización del Gobierno: “Para que el pueblo de Cádiz pueda disfrutar de esta mejora, se hace indispensable que por el Estado, a quien pertenece el expresado solar, se ceda a esta ciudad para dedicarlo a un objeto de tan reconocida utilidad pública”. Y en vista de todo lo anterior, se pedía al ministro que cediera al pueblo de Cádiz el solar en que estuvo el convento y la iglesia de la Candelaria “para satisfacer la necesidad antes indicada; así como los materiales que produzca el derribo para aplicarlos a la construcción de un mercado, que se hace indispensable para el abasto del vecindario”.

LA PLAZA RESULTANTE DEL SOLAR, FUE LLAMADA INICIALMENTE "PLAZA DE CASTELAR". AQUI, CON EL MONUMENTO AL POLÍTICO REPUBLICANO GADITANO

El gobernador eclesiástico Sebastián Herrero, no supo estar a la altura de las circunstancias en la confrontación para evitar la exclaustración y derribo del convento. Cierto es que poco podía hacerse y Herrero debía estar convencido de que el alcalde no iba a cejar en ningún caso en su decisión sobre el convento. Pero podría haber acudido al ministro de Gracia y Justicia, buscando un reconocimiento de la ilegalidad de la actuación municipal El Ayuntamiento no se apropió de las imágenes, cuadros y otros objetos de valor del convento y permitió que fueran retirados por el Obispado. Pero esto no fue así porque el gobernador eclesiástico hubiera hecho alguna gestión al respecto, sino porque Salvochea solo estaba interesado en los materiales del derribo y en el solar. El 30 de marzo, dos días después de la exclaustración de las monjas, el Obispado comenzó a transportar las imágenes, cuadros y molduras del templo, pidiendo a los directores de El Comercio y La Monarquía Tradicional, que organizasen colectas entre los que quisieran ayudar a los gastos del traslado. 

En poco tiempo, Herrero sería substituido como gobernador eclesiástico por Fernando Hüe, que mostraría su preparación y flexibilidad para abordar el problema.

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REFERENCIAS:

• Archivo Municipal de Cádiz, Caja 6677, carpeta "Derribo de Candelaria".
• Archivo Municipal de Cádiz, Actas del Cabildo Municipal desde el 22 de marzo hasta el 5 de junio de 1873.
• Archivo de la Diócesis de Cádiz, legajo 174.
• El Comercio, números 10531 a 10535, de 27 a 31 de marzo de 1873. 
• Números sueltos de La Palma, y La Soberanía Nacional
• MATEOS-GAGO FERNÁNDEZ, F., “Hazañas Cantonales” (Artículo dirigido al Gibraltar Guardian, fechado el 26 de julio de 1873), en  Colección de opúsculos, Sevilla, Imprenta y Librería de A. Izquierdo, 1887,  p. 230. Mateos-Gago sería un personaje muy relevante en posteriores polémicas entre el integrismo y el accidentalismo de León XIII.

Causas de los derribos de conventos en Cádiz

He relatado en anteriores posts las circunstancias que rodearon el derribo de algunos conventos en Cádiz.

Por lo que se refiere a los franciscanos descalzos, parece que estos tenían mala fama por no haber auxiliado a los gaditanos que huían de los soldados cuando estos tiroteaban indiscriminadamente a todo aquel que se encontraban en la calle el 10 de marzo de 1820, día que se pretendía proclamar de nuevo en Cádiz la Constitución de 1812. También he explicado que esa mala fama podía haber sido provocada por Adolfo de Castro al relatar los hechos en su Historia de Cádiz. No obstante, hay que pensar que el convento fue derribado en 1868, nada menos que cuarenta y ocho años después de los hechos relatados por Castro, y estaba vacío desde 1835. Estas circunstancias descartan la animadversión contra los franciscanos descalzos como causa directa del derribo

Las razones aducidas explicitamente por los que deseaban el derribo fueron fundamentalmente dos: La primera,  que el estado ruinoso del edificio y el consiguiente peligro hacía necesario el derribo; la segunda fue la necesidad de dar trabajo a los jornaleros de Cádiz, ciudad que atravesaba una conyuntura económica muy apurada.   

EN PRIMER PLANO EL CONVENTO DE LOS DESCALZOS

Por lo que se refiere al convento de monjas de Nuestra Señora de la Candelaria, los argumentos fueron prácticamente idénticos. Por una parte se acudió al mal estado del edificio y a que el desplome de alguno de sus muros podía producir un grave peligro para los transeúntes; por otro, hasta la autoridad eclesiástica se refirió a la posibilidad de dar trabajo a los jornales, aunque, claro está, no para derribar el edificio, sino para subsanar los daños.

PLAZA DE LA CANDELARIA

Durante los años que mediaron entre el derribo de Los Descalzos (1868) y el de La Candelaria (1873) también se derribó el de la Merced; pero este hacía ya tiempo que se había modificado para albergar la Fábrica del Gas, por lo que se puede decir que ya no se derruía un convento, sino un edificio del que casi no había conciencia de que había sido un convento.

LA FÁBRICA DEL GAS DE CÁDIZ

Por último, el convento de San Francisco no fue derribado, pero sí una parte de él, (como la sede de la Orden Tercera de San Francisco, con su templo incluido).  Parte del convento se aprovechó para la Sede de la Academia de Bellas Artes de Cádiz y para el Museo Provincial; además su extenso huerto fue convertido en  una plaza pública, la plaza de Mina.

Si se miran los efectos directos de los derribos de los conventos aludidos y del uso de sus huertos, se pueden apreciar realmente cuál era el motivo real de todas las actuaciones en este sentido. Mi conclusión es que en Cádiz no había una especial inquina contra los monjes o monjas de unos conventos cuyo estado de conservación no debía ser tan acuciante en términos de seguridad. Pascual Madoz ya hablaba en 1846 (en su diccionario) del estado ruinoso de Los Descalzos y La Candelaria, que más de veinte años después seguían en pie sin que hubiese sucedido ningún desplome o accidente.

Entonces, ¿Cuáles fueron esos efectos directos? Pues, si se mira la figura que incluyo debajo de estas líneas se puede ver claramente: una ganancia de espacio en una ciudad muy carente del mismo.

ESPACIO GANADO EN CÁDIZ CON EL DERRIBO DE CONVENTOS 

Y UTILIZACIÓN DE SUS HUERTOS

El mapa representa la zona de Cádiz interior a las Puertas de Tierra, donde sobre 1868 se concentraban más de 70 000 habitantes. 

• En rojo la superficie de la Plaza de la plaza de Mina, antiguo huerto de los Franciscanos.
• En azul el mercado de abastos y los edificios construidos en el solar de los Descalzos. 
• En negro la plaza resultante del solar del derribo del convento de la Candelaria
• Y en verde la plaza de la Merced.

En conclusión, no niego que existiera en Cádiz cierta inquina contra algunos frailes ni que tuviera su importancia el hecho de dar trabajo a los más necesitados. El estado de ruina de algunos edificios fue una excusa: puestos a elegir era más fácil hacerlo con estos. Pero, a mi entender, la razón fundamental, consciente o inconscientemente, era de tipo urbanístico. Una ciudad con muy escasa superficie y relativamente muy poblada para la época, necesitaba urgentemente espacio. Hay que tener en cuenta que por entonces el terreno situado extramuros era zona declarada oficialmente como sensible en materia de seguridad y cualquier edificación o urbanización planeada en la misma se encontraba con la dificultad de conseguir la autorización de la autoridad militar.

MÁS INFORMACIÓN EN MI LIBRO:
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Primer intento de derribar La Candelaria de Cádiz

VISTA AÉREA DE LA PLAZA DE LA CANDELARIA, 

LUGAR QUE OCUPABA EL CONVENTO DEL MISMO NOMBRE

El monasterio de Nuestra Señora de la Candelaria, de monjas agustinas calzadas, se estableció inicialmente en la ermita del Rosario con religiosas nacidas en Cádiz, a las que se agregaron dos agustinas procedentes de Jerez. Más tarde se trasladaron a su ubicación definitiva cuando, siendo obispo Antonio Zapata, compró tres casas junto a una ermita propiedad de moriscos, que había pasado  a disposición del Obispado tras su expulsión, decretada en 1609. En 1846 contaba con veintitrés monjas, siete menos de las autorizadas, y ya se encontraba en muy mal estado de conservación. Tras la revolución de 1868 se convirtió en uno de los principales objetivos de las autoridades locales republicanas, que terminaron por derribarlo en 1873.

Entre enero y octubre de 1869, el primer Ayuntamiento gaditano elegido por sufragio universal masculino, el dirigido por el republicano Rafael Guillén Estévez, comenzó a hacer gestiones para conseguir la cesión de alguno de los tres conventos de monjas que había en Cádiz. El decreto de 18 octubre de 1868 contemplaba la exclaustración e incautación de la mitad de los existentes, por provincias. 

La orden de Sagasta de 20 de noviembre, inserta en la Gaceta de Madrid de 18 de noviembre de 1868 y la circular del gobernador civil de Cádiz, publicadas el 28 del mismo mes en el Boletín Oficial de la Provincia, pidiendo a los Ayuntamientos que informasen a los gobernadores de provincia de los conventos que consideraban conveniente exclaustrar, no se habían ejecutado hasta el momento. No habiendo un plazo límite para hacerlo, todo parecía indicar que ahora la petición podía ser atendida sin dificultad. 

Pero las gestiones iniciales, decididas por Guillén el 16 de febrero de 1869, no tuvieron en cuenta dichas disposiciones y no se dirigieron al gobernador de provincia sino directamente al Gobierno. Este no envió ninguna respuesta y a finales de abril el Municipio reactivó las gestiones para lograr la cesión de alguno de los conventos de monjas, dirigiendo ahora la petición al gobernador civil, como tendría que haberse hecho desde el principio. 

Basándose en la necesidad de locales para las escuelas públicas, el Municipio se refería implícitamente a La Candelaria cuando decía en la petición al gobernador: “Algunos de los edificios eclesiásticos sujetos al decreto de incautación de los bienes del clero del 18 de octubre son muy a propósito para este fin”. Tuvo lugar una reunión entre representantes del Ayuntamiento y el gobernador civil en la que este comunicó que no podía acceder a la entrega de ningún convento de monjas porque aún no se había procedido a la incautación acordada por decreto de 18 de octubre del año anterior. 

La contestación del gobernador era una excusa, porque la condición para que se produjera la incautación era precisamente que los Municipios le informasen de sus necesidades y eso era lo que estaba haciendo el de Guillén. Ante la negativa, el Cabildo Municipal se limitó a pedir al gobernador que una vez obtenida la propiedad de estos bienes, fuesen entregados al Municipio. Pero ninguno de los sucesivos Gobiernos del Sexenio Democrático hizo gestión alguna para cumplir lo contemplado en el decreto de 18 octubre de 1868, en lo que respecta a los conventos de monjas de Cádiz.. 

En junio de 1869 el Ayuntamiento de Rafael Guillén seguía realizando gestiones para conseguir el edificio de La Candelaria. Pero por otra vía: en vista de que la exclaustración de monjas no se realizaba, la Comisión Municipal de Obras Publicas propuso que se pidiera autorización al obispo (fray Félix) para que se practicase un minucioso reconocimiento del convento de Nuestra Señora de la Candelaria, atendiendo al estado ruinoso en que se encontraba, a juicio de la Comisión. El mal estado del edificio era conocido desde mucho tiempo atrás y podía justificar su derribo, en caso de que no hubiese reparación posible, para atender tanto a la seguridad personal de los transeúntes que pasaban por sus inmediaciones como a la de las monjas que residían en su interior.

Antes de estas gestiones, en marzo de 1869, el arquitecto municipal había inspeccionado otro convento de monjas, el de concepcionistas calzadas de Santa María, pero se comprobó que su estado de conservación era bueno. Además, parece que en ese reconocimiento no hubo intención semejante a la que movió a hacerlo con el de la Candelaria, pues el alcalde Guillén había comunicado al obispo que las razones de la inspección eran practicar un reconocimiento necesario para poder resolver la solicitud de un ciudadano, que reclamaba la apertura de varios huecos en una finca contigua al referido convento, que se le mandaron cerrar por el anterior Municipio. 

Tras la promulgación de la Constitución de 1869, que sancionaba ola Monarquía, los republicanos de Guillén se mostraron más activos en sus intentos de apropiarse de La Candelaria. El 6 de julio de 1869 se solicitó formalmente a la Administración de Hacienda Pública la entrega de los conventos de monjas de la Candelaria y las Descalzas, “de que deberá haberse incautado en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno provisional en lo relativo a supresión de comunidades religiosas”. Pero ni el Gobierno se había incautado los conventos de monjas de Cádiz ni había mostrado desde el principio de la revolución intención de hacerlo. 

Al no obtenerse respuesta de la Administración de Hacienda, se trató de llegar al derribo del convento de la Candelaria con la excusa de que su mal estado de conservación obligaba a hacerlo para mantener la seguridad pública. Esta táctica ya se había iniciado poco antes de la promulgación de la Constitución, pues, como se ha indicado más arriba, el alcalde había solicitado el prelado a finales de junio autorización para que una comisión municipal practicase un minucioso reconocimiento en el interior del convento. La inspección obtuvo como resultado la confirmación de que el inmueble estaba ruinoso en más de su tercera parte y el resto se encontraba en muy mal estado de conservación, por lo que debía “ser desalojado en el más breve plazo posible con el fin de evitar las desgracias que pudieran ocurrir”. Sebastián Herrero, que acababa de sustutuir a Vicente Roa como gobernador eclesiástico, en nombre del obispo, mostró su desacuerdo y pidió un nuevo reconocimiento mediante un escrito que llegó al Cabildo Municipal el 1 de septiembre

El alcalde aceptó, enviando al obispo el 11 de septiembre de 1869 un nuevo dictamen del arquitecto municipal. El muro del costado sur del edificio, que daba frente a la calle Bilbao, hacía mucho tiempo que estaba en muy mal estado por falta de cimientos. En la parte que daba frente a las calles de la Candelaria y el Torno se habían insertado hacía mucho tiempo unos pilares de cantería en toda su altura, con los que se consiguió contener el muro hasta el 1864, año en el que se añadieron unos tirantes de hierro, operación que no logró detener los progresos del deterioro. Sobre los techos de dicho costado se informaba: “Hoy se halla deshabitado este departamento por temor sin duda a una catástrofe”. Al costado del Oeste, todas las habitaciones se encontraban “en malísimo estado”, como también los muros y techos. Las cubiertas de la iglesia y su torre se encontraban “en inminente estado de ruina y cortada la trabazón de los macizos en varias partes”. En resumen, se estimaba que el edificio se hallaba “ruinoso en más de su tercera parte” y que el resto de él se encontraba “en malísimo estado de conservación”, por lo que era necesario desalojar los locales en el más breve plazo posible, “con el fin de cortar las desgracias que pudieran ocurrir no adoptando una medida pronta y eficaz en este asunto”.

ESPACIO QUE OCUPABA LA CANDELARIA (TRAPECIO LIMITADO EN BLANCO)

COMPÁRESE CON EL HUERTO Y CONVENTO DE LOS DESCALZOS (ROJO Y AZUL)

Tras recibir el dictamen municipal, Sebastián Herrero remitió el 20 de septiembre un nuevo escrito al alcalde en el que no admitía la validez de la inspección  municipal ni estaba de acuerdo en que el convento estuviera en estado de ruina o necesitase ser desalojado. Guillén estaba tan convencido de llevar la razón que el 22 de septiembre de 1869 aceptó por escrito que el Obispado enviase un perito y se volviera a hacer un nuevo reconocimiento. La inspección no se llegó a efectuar y las dilaciones salvaron por el momento al convento de la Candelaria porque muy pronto la insurrección republicana de octubre iba a dar lugar a la disolución de la corporación dirigida por Guillén.

La Constitución trajo como consecuencia la radicalización de los republicanos, que en octubre de 1869 organizaron múltiples revueltas por diversos lugares. Enre ellos, Fermín Salvochea y José Paúl y Angulo se alzaron en la sierra de Cádiz. El levantamiento fue utilizado como excusa para acabar con el Ayuntamiento de Guillén y sustituirlo por otro provisional, dirigido por Juan Valverde, que pararía todas las medidas laicistas locales, y entre ellas la cuestión del derribo de Candelaria. Habría que esperar a un nuevo Municipio elegido popularmente y a la llegada de la República, para ver como La Candelaria caía por los suelos. 

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